Por Román Orozco
El País (Andalucía),
09/04/2014.
Pilar González no pudo contener las lágrimas. Acababa
de escuchar en directo las palabras de Aguasantas Quero, una corajuda mujer,
separada y con tres hijos, desalojada de la corrala La Utopía.
—La vivienda es un derecho,
no un negocio— resumió Aguasantas.
Pilar estaba en el plató del
programa La Tertulia, de Canal Sur. Conocía bien a Aguasantas. Desde
que hace casi dos años ocupó, con otras 35 familias, un edificio de viviendas
vacías en Sevilla, propiedad de Ibercaja. Alejada del PA, partido del que fue
secretaria general, Pilar se había convertido en una activista comprometida con
las causas de los desesperados. La corrala La Utopía era una de ellas. Cuando
escuchó la desolación reflejada en las palabras de Aguasantas, Pilar González
lloró.
Un gesto que le honra. Sufría con
el sufrimiento de personas que, como Aguasantas, una cocinera en paro, son
agredidas por un sistema sin alma. La Delegación del Gobierno central decidió
ejecutar el desalojo. Ordenado por un juez. Cierto. Tan cierto como que ese
juez exigió que antes del desalojo debía encontrarse una solución para no dejar
desamparadas a los niños y a las personas en riesgo de exclusión social. Como
los inquilinos de la corrala. Personas que han perdido su empleo y no tienen
donde caerse muertas.
El desalojo llegó casualmente
tres días después de que la Junta expedientara a ocho bancos y entidades
financieras por no poner a disposición de los registros municipales de
demandantes las 185 viviendas protegidas que tienen vacías en la comunidad.
Pueden ser sancionados con algo más de 11 millones de euros.
Un expediente sancionador similar
al abierto semanas antes contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El banco malo tiene 911 VPO vacías. Se
arriesga a una multa de hasta 110 millones de euros.
La ejecución del desalojo no es
ajena a esta ofensiva de la Junta contra las viviendas ociosas de la banca. Lo
mismo que no lo son los recursos que Rajoy ha ordenado presentar ante el
Constitucional contra la Ley de la Función Social de la Vivienda. Lo mismo que
no lo es que el Ayuntamiento de Sevilla, en manos del PP, se niegue a colaborar
con la Junta aportando alguna de sus 528 VPO vacías.
No quieren que cunda el ejemplo
de Gamonal o de la marea blanca de la sanidad en Madrid: que los ciudadanos
ganan batallas en la calle. “No les interesa que se vea que luchando se pueden
conseguir las cosas”, decía Irma Blanco, compañera de desalojo de Aguasantas.
No quieren que el ejemplo de La Utopía se extienda por el territorio andaluz.
Por ello, lo cortaron de raíz cuando la solución estaba al alcance de la mano.
Entre la banca o la vida de
personas desfavorecidas, la derecha ha optado por la banca.
Como siempre.
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