Por M. A.
Sánchez
Levante-EMV,
17/04/2014.
El Código de Buenas Prácticas
(CBP) puesto en marcha por el Gobierno para tratar de minimizar las
consecuencias de los impagos de hipotecas, da pasos, pero excesivamente lentos.
Según los datos hechos públicos ayer por el ministerio de Economía, cuatro de
cada diez solicitudes aceptadas por la banca para reestructurar las deudas
hipotecarias, fueron rechazadas. Hay que tener en cuenta que en el último
trimestre de 2013 se presentaron 4.523 solicitudes para tratar de renegociar la
cuota hipotecaria y evitar el desahucio, de las que se resolvieron 3.849
algunas procedían de meses anteriores, y de ellas, se aceptaron 1.624 y se
denegaron 1.529.
El resultado fue que en 75 de
cada cien casos, se consiguió una reestructuración de la deuda pendiente para
que las familias pudieran continuar pagando sin perder la vivienda. En el resto
de las negociaciones, se acordó la dación de pago y la consiguiente extinción
de la deuda. Curiosamente, en ninguno de los expedientes se consiguió que el
banco aceptara una quita para hacer viable el pago del préstamo.
El Código de Buenas Prácticas, al
que se han adherido 45 entidades financieras, permite, tras los cambios
introducidos en mayo de 2013, que las familias con ingresos hasta tres veces el
indicador de renta Iprem un índice empleado en España como referencia para la
concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo (alrededor
de 532 euros mensuales) puedan adherirse y tratar de renegociar su deuda
hipotecaria. Para ello, la unidad familiar ha debido sufrir «una alteración
significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años,
y su cuota hipotecaria debe superar el 50 % de los ingresos netos».
En total, el registro, desde su
creación hace más de un año, ha recibido cerca de 9.000 solicitudes, más de la
mitad de ellas en el último trimestre del año pasado.
Este sistema, no obstante, dista
mucho de ser una solución al problema de los desahucios si se tiene en cuenta
que solo en la primera mitad de 2013, más de 35.000 familias perdieron su
vivienda en España, según los datos del organismo supervisor. Es decir, a razón
de 193 desahucios diarios, frente a los 18 acuerdos por día firmados por las
entidades financieras con sus deudores.
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