Por Javier Martín
El País,
24/08/2016.
Bruselas ha aprobado un plan de recapitalización pública a
Caixa Geral de Depósitos (CGD), el primer banco de Portugal, de hasta 5.160
millones de euros, según ha detallado el ministro portugués de Finanzas, Mário
Centeno. A cambio, CGD deberá despedir 2.500 trabajadores y cerrar 300
oficinas, la mayoría de ellas en España. Centeno promete que los despidos serán
en un clima de paz social.
La aprobación del plan por parte de Bruselas pone fin a seis
meses de esperpento, con una dirección en funciones y, en los que el Banco
Central Europeo y la Comisión Europea echó por tierra una y otra vez diferentes
proyectos de recapitalización presentados por el Gobierno portugués. El remate
final llegó la pasada semana con el veto europeo al nombramiento de ocho de los
19 miembros del consejo de administración. Bruselas llamó la atención de que se
incumplía la propia legislación portuguesa sobre acumulación de cargos.
El Gobierno socialista portugués, apoyado por lo grupos a su
izquierda del Bloco y PC, consigue al final de la negociación que el primer
banco del país siga siendo 100% público y que el dinero que se inyecte no se
contabilice como déficit público, aunque sí elevará en varios puntos la deuda,
que este mes ha superado el 131%.
El plan establecido para reflotar CG consta de una
recapitalización directa de 2.700 millones de euros, y diferentes ingresos como
la conversión de los 900 millones de cocos -inyección pública anterior-, más la
autorización de emisión de obligaciones de la CGD por un valor no superior a
los mil millones de euros, que nunca serán convertibles en acciones "para
mantener el 100% del capital del banco público", según el comunicado del
ministerio de Finanzas. Esa inyección de dinero obligará a rectificar el
Presupuesto del Estado de este año, con votación en la Asamblea de la
República.
En la misma nota oficial, se recalca que el acuerdo con la
Comisión Europea sobre la recapitalización de CGD se ha hecho "en
condiciones compatibles con la ausencia de ayuda del Estado". Este aspecto
también ha sido subrayado por Margaret Vestager, directora general de
Competencia de la CE. "La recpaitalización no es una ayuda del
Estado", insistió Centeno en conferencia de prensa. El ministro portugués
señaló que la fórmula encontrada es la primera vez que se utiliza por la Comisión
Europea para socorrer un banco en apuros.
"La solución encontrada es una buena noticia para el sistema
bancario portugués", concluyó Centeno.
El ministerio que capitanea Mário Centeno subraya que el
plan tiene por objetivo recuperar la "rentabilidad de largo plazo con un
aumento de la eficencia, reducción de costes y del riesgo de créditos".
A final de mes, el nuevo director general António Domingues
—ex directivo del BPI elegido hace medio año— podrá tomar posesión de su cargo
y recomponer su plan inicial. Aunque quería unificar el cargo de presidente y
consejero delegado, Bruselas solo se lo permitirá durante seis meses. Tampoco
podrá contar con ocho de los 19 consejeros que había elegido y deberá reducir
el consejo de Administración a 15 miembros, un tercio de ellos del sexo
femenino y todos con experiencia bancaria (el BCE también ha exigido que varios
consejeros hagan un master express de reciclaje).
Domingues tiene por delante una labor difícil: sanear el
primer banco del país, y, además, 100% público. Actualmente tiene una cuota de
mercado del 17,7% en el crédito a empresas, el 29% del crédito hipotecario y el
28,7% de los depósitos. Pese a esas cifras, el pasado año perdió 171 millones
de euros, y ya en el primer semestre de este año ha perdido 205 millones, con
un crédito moroso del 28,3%, el doble del sector.
La reestructuración pasa por el cierre de la mayoría de las
oficinas del extranjero, cerca de 500; la peor parte se la llevará la red en
España, con unas 300, pues se cerrarán prácticamente todas. Todos los despidos
serán con jubilaciones anticipadas. La fracasada expansión de CGD en España
hace unos nueve años es una de las causas que se apuntan para justiticar la
crisis de la entidad, que en la actualidad tiene abierta una comisión de
investigación en la Asamblea de la República.
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