Por Sato Díaz
CADTM,
24/08/2016.
El Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), colectivo
perteneciente al 15M y surgido raíz de las movilizaciones de mayo del 2011,
inicia una campaña de difusión y recaudación para recurrir ante el Tribunal
Supremo el archivo de la querella contra 24 directivos de Caja Madrid. La
demanda, que había sido presentada ante la Audiencia Nacional, admitida y
posteriormente archivada, acusa a los directivos de delitos de estafa,
administración desleal y asociación ilícita. Entre los querellados se
encuentran el expresidente de la entidad, Miguel Blesa, y el vicepresidente y
vocal en el consejo de administración, José Antonio Morán Santín, nombrado por
PP, PSOE e IU, de cuya formación fue suspendido de militancia en 2012.
El Tribunal Ciudadano de Justicia inició ayer una campaña de
difusión en redes sociales bajo el haghstag #Querella15M y busca financiación
para hacer frente a los costes del recurso ante el Tribunal Supremo. “En una
primera fase, queremos llegar a la opinión pública para que tengan en la
memoria todo lo que supone este caso, para que la gente conozca el proyecto y
se involucre en este recurso de casación que presentamos ante el Tribunal
Supremo”, relata a cuartopoder.es uno de los portavoces del TCJ, José Luis
Noriega. La querella fue archivada por la Audiencia Nacional el pasado mes de
julio tras un proceso cerca de tres años.
Y es que esta lucha del Tribunal Ciudadano de Justicia tiene
ya historia. La querella fue presentada ante la Audiencia Nacional en noviembre
de 2013 por delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. En
ella, este colectivo argumentaba que “los miembros del Consejo de
Administración de Caja Madrid orquestaron y tramaron la concesión de una
cantidad desorbitada de créditos hipotecarios por importe de 53.208 millones de
euros, según la inspección del Banco de España del 20 de julio de 2009”. “Esta
ingente cantidad permitió a los gestores inflar sus altísimas retribuciones,
que quedaron fijadas en función del volumen de negocio de la entidad, aún en el
caso de pérdidas de la Caja, y generaron un agujero de millones de euros”,
insistía la querella. En ella se explica además que “el importe de los
préstamos hipotecarios concedidos por Caja Madrid es superior al precio de
compraventa en una media del 156%” y que “el importe concedido en la inmensa
mayoría de los préstamos es superior, de media, al 96% de la tasación
realizada, llegando al 99% en los años 2006 y 2007”. La empresa tasadora,
TasaMadrid, pertenece al grupo Caja Madrid, “incumpliendo la normativa que
exigía la independencia entre prestamista y tasadora”, argumentaba la querella.
A pesar de que el Banco de España alertaba ya en 2009 del alto índice de
préstamos concedidos sin control, no se tomó ninguna medida al respecto.
El 30 de marzo de 2016 el Juzgado de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional admitió la querella y dio comienzo un proceso en el que
la Fiscalía se opuso a la admisión a trámite desde el primer momento. “La
Fiscalía puso toda serie de trabas y reconoció que la sobretasación de los
inmuebles era práctica generalizada”, denuncian desde el Tribunal Ciudadano de
Justicia. “El hecho de que la sobrevaloración de las tasaciones pudiera haber
sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior
al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja
inmobiliaria no puede, sin embargo, justificar cualquier práctica”, respondió
el juez instructor, De la Mata, según unos documentos aportados por el Tribunal
Ciudadano de Justicia. “Esto es muy importante, porque esto demuestra que la
estafa no era sólo cuestión de Caja Madrid, sino que era una práctica
generalizada de toda la banca”, explica a este medio Noriega.
Tras estas y otras dificultades, con la clara y constante
oposición de la Fiscalía, la querella fue archivada el pasado día 19 de julio
de 2016 por la Sala número 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional. “La Sala
Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, de acuerdo con la Fiscalía y los
abogados defensores de los querellados, deciden archivar la querella, ya que no
aprecia indicios de delito por la sobretasación en los préstamos hipotecarios,
al considerar que los 100 expedientes aportados como prueba no representan una
práctica sistemática respecto del conjunto de los préstamos concedidos”,
denuncian desde el Tribunal Ciudadano. “En este punto, conviene señalar que los
técnicos del Banco de España realizaron en los años 2009 y 2010 distintas
inspecciones a Caja Madrid con un número similar de expedientes”, añaden. El
auto de archivo de la Sala afirma: “lo que es difícil de probar se convierte en
un delito imposible”. Este argumento, para el Tribunal Ciudadano de Justicia,
es “indigno de un Tribunal que pagamos todos para que defienda la ley y a la
población de conductas socialmente dañinas”.
Frente a esto, el Tribunal Ciudadano de Justicia sigue
adelante con su lucha y recurrirá al Tribunal Supremo. “Este recurso ante el
Tribunal Supremo es sólo el inicio, pues queremos demostrar y denunciar unas
prácticas que involucran a todo el sistema financiero”, advierten. Por estos
motivos, este colectivo del 15M lanza esta campaña. “Archivaron la causa a
pocos días del parón estival, por lo que tenemos sólo hasta el 19 de septiembre
para presentar el recurso”, alerta este portavoz.
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