La Voz de Galicia,
16/08/2016.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, no
quiere que se le recuerde por haber dejado que el ladrillo acumulado por el
sector financiero durante la última crisis termine anquilosándose en sus
balances. Por eso, ha optado por dar una especie de ultimátum a la banca, a fin
de que sea más ágil para colocar esos activos en el mercado.
Es el mensaje que subyace tras revisar la circular 4/2016
centrada en las provisiones bancarias, que viene a modificar las normas existentes
sobre información financiera pública y reservada, así como respecto a la
denominada Central de Información de Riesgos. En ella se habla de cuestiones
tan delicadas para las cuentas de las entidades como la «vida útil» de los
activos o su «valor razonable», parámetros que el supervisor usa para dar un
empujón a los saneamientos de los bancos, que aún acumulan en torno al sector
de la construcción un lastre superior a los 84.000 millones.
Los datos del Banco de España al cierre del 2015 revelan que,
lejos de haber descendido, el peso de esos activos adjudicados en el conjunto
de sus balances creció un punto el último año.
La losa solo cayó un
año
La estadística del Banco de España revela que desde el 2009
las entidades solo han reducido su pesada losa inmobiliaria un año. Fue en el
2013 y gracias a los traspasos masivos que hicieron de sus activos al llamado
banco malo, la Sareb, lo que permitió aligerar esa carga en 25.000 millones en
12 meses (de 100.000 a 75.000 millones).
Por eso, en la nueva normativa que entrará en vigor el 1 de
octubre el equipo de Linde se reserva la posibilidad de eliminar la
recuperación de las provisiones hechas por la banca para los activos de ese
origen que lleven más de tres años en venta. Se ha marcado este plazo porque
«es un indicio inequívoco de que la entidad no tiene capacidad para venderlos
al valor razonable previamente estimado» en libros.
Pero, ¿qué se considera «razonable»? Junto a la permanencia
de esos activos «por encima del plazo inicialmente previsto en su plan de
disposición», se tendrá como referencia el valor de mercado otorgado en
tasaciones individuales completas -no obstante, para los inmuebles de coste
igual o inferior a 250.000 euros se podrá recurrir a métodos automatizados-.
Estas habrán de realizarse, señala el supervisor, también «al menos cada tres
años». Superado ese tiempo, la entidad «deberá revisar el procedimiento»,
incorporando un descuento adicional derivado de su tiempo de permanencia en
balance.
En ese proceso de estimación del valor razonable cada
entidad deberá evaluar «si es necesario» aplicar un descuento «derivado de las
condiciones específicas» de aquel. La circular incluye unos baremos a seguir:
para las viviendas se establece un descuento respecto al valor en libros del 25%
en viviendas terminadas, frente al 35% para oficinas, locales o naves, y del 40
% en el caso del suelo urbano y urbanizable de forma ordenada.
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