El Economista.es,
15/08/2016.
Desde que estalló la crisis en 2008, el Estado luso ha
gastado más de 14.000 millones de euros en la banca, cifra que puede seguir
creciendo por incógnitas como la venta de Novo Banco y el futuro de la Caixa
Geral de Depósitos (CGD).
Este valor, que se desprende de datos del Tribunal de
Cuentas y el Instituto Nacional de Estadística (INE), representa casi el 8% del
PIB portugués y no incluye las ayudas devueltas por algunas entidades ni las
ganancias obtenidas con el cobro de intereses.
La agencia Moody's alertó recientemente de que la banca lusa
es una de las más frágiles de Europa por sus niveles de capital, pero esta
debilidad viene de atrás: en los últimos 8 años, tres entidades fueron
rescatadas y otras tantas recibieron apoyos públicos.
El primer descalabro
El primer descalabro data de 2008, cuando el Banco Portugués
de Negocios (BPN) se convirtió en el primero en ser nacionalizado en la
democracia lusa para evitar que sus pérdidas contagiasen al sector.
Las pérdidas para el Estado generadas por ese pequeño banco,
después vendido al angoleño BIC por 40 millones, superaban en 2014 los 2.700
millones de euros y aún pueden seguir aumentando.
Un año después, el Banco Privado Portugués (BPP) se declaró
en suspensión de pagos y acabó por desaparecer después de que Lisboa se negase
a inyectarle dinero por estar asociado a delitos de falsificación de cuentas y
blanqueo.
Aun así, una garantía del Estado concedida antes de su
quiebra y los reembolsos realizados a varios inversores acabaron por provocar
pérdidas estatales de más de 650 millones de euros.
El escándalo del
Espírito Santo
Pero el mayor escándalo sin duda fue el del Banco Espírito
Santo (BES) en 2014, cuando se descubrió que la mayor entidad privada lusa
había falsificado sus cuentas y escondía pérdidas de más de 3.500 millones de
euros, por lo que fue intervenida.
Con sus activos saludables se creó Novo Banco,
recapitalizado con un crédito público de 3.900 millones y otros 1.000 millones
del sistema financiero y que aún trae de cabeza al Gobierno, ya que no se ha
conseguido vender y no se sabe cuánta inversión se recuperará.
Portugal está obligado a desprenderse de él como muy tarde
en agosto de 2017 y la entidad ya vive su segundo proceso de venta, aunque no
se descarta que este segundo intento también fracase y que sus necesidades de
capital deban ser afrontadas por el Estado.
"Todos los escenarios siguen encima de la mesa. No
excluiría una nueva ayuda estatal adicional, aunque el foco debería ser la
creación de valor para limitar pérdidas y negociar un aplazamiento del plazo de
venta", explicó a Efe el gestor de XTB Eduardo Silva.
La intervención de
Banif
El último revés se vivió en diciembre de 2015, cuando se
anunció la intervención de Banif, la menor de las principales entidades
financieras lusas y que, por el momento, tuvo un impacto en el déficit luso de
casi 2.500 millones y que todavía puede aumentar.
Banif fue liquidado y su negocio saludable vendido por 150
millones al español Banco Santander, que además recibió otros 2.000 millones en
concepto de garantías para cubrir contingencias futuras.
En Banif ya se había inyectado capital público durante los
años del rescate -que no llegó a devolver, al igual que en el Banco Comercial
Portugués (BCP, que todavía debe 900 millones) y el Banco Portugués de
Inversiones (BPI, que ya reembolsó todo).
Aumentos de capital
de CGD
A esta factura hay que sumar los aumentos de capital y la
financiación aportada a la estatal CGD, el mayor banco del país, que hasta 2014
ya le había costado al Estado cerca de 3.200 millones y que ahora necesita ser
recapitalizada.
El Gobierno no ha dado cifras, pero la prensa especula con
que sus necesidades de capital oscilan entre los 4.000 y 5.000 millones.
El impacto de esta operación en el resto de la banca lusa
será "total", consideró el analista Silva, que resaltó que "la
Caixa es un pilar del sistema financiero, incluso por su papel de impulsor del
crédito a la economía", y su estabilidad es importante para mantener un
sentimiento positivo en el mercado.
El Consejo de Finanzas Públicas -entidad estatal que revisa
la evolución presupuestaria del Estado- avisó en julio de que la
recapitalización de la CGD puede tener un impacto negativo en el déficit
presupuestario y en la deuda pública, al igual que la compensación de los
clientes afectados del antiguo BES.
Miles de pequeños inversores perdieron sus ahorros al
comprar papel comercial del BES -deuda a corto plazo que fue vendida como un
producto de bajo riesgo- y una entidad estatal, el Fondo de Resolución, se hará
cargo en parte de su compensación.
"No es posible avanzar el montante o el momento"
en el que se hará esa compensación, pero será otra carga para la factura
pública de las ayudas a la banca, concluyó Silva.
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