Por Simona Levi
Público.es, 07/01/2019
A pesar de la firmeza de la jueza y de las declaraciones de
la fiscal que ha definido la causa de “interés colectivo”, se reanuda el juicio
del caso Bankia mientras permanece en el aire la petición de expulsión de las
acusaciones particulares por parte de la defensa de los banqueros y políticos
acusados.
Ninguneo. Amenazas. Y luego una oferta que no podrás
rechazar. Así parece ser que suele funcionar. Parece el indicio de una Justicia
asimétrica: las defensas son las que nos acusan y las acusaciones, las que nos
tenemos que defender.
Asistir al juicio del caso Bankia es un viaje a las tripas
del sistema judicial. Es recibir la asimetría en el acceso a la justicia en
toda la cara, día a día y en cada paso del proceso.
Llevamos en este viaje desde 2012 cuando iniciamos la
campaña que abrió el caso Bankia a través de 15MpaRato, el dispositivo
ciudadano que ha hecho posible la primera acusación particular, o sea, que
representa a afectados. Se trata de pequeños ahorradores que perdieron su
dinero comprando acciones de Bankia cuando salió a bolsa en 2011; cuando el
mismísimo exministro, artífice del “milagro económico” español y posible futuro
presidente del Gobierno, Rodrigo Rato, vendía sus bondades.
Los ahorros de ninguna de estas personas superaban los
20.000 euros. Frente a ellas, una trentena de banqueros y políticos de todo el
espectro “ideológico”, desde el PP a Izquierda Unida, pasando por CCOO y el
PSOE. Cada uno de ellos lo defiende no menos de un tris de abogados de los
bufetes más caros del país, exfiscales, ex jueces…
Así funciona. Es el mercado amigo. Si te lo puedes permitir,
es una maravilla.
Primero te ningunean. Por lo que parece, para nuestros
políticos/banqueros nunca deberíamos haber estado ahí. Somos un error del
sistema.
Durante toda la primera semana del juicio oral, en
noviembre, los abogados de las defensas de banqueros/políticos nos han llamado
“presuntos”; 30 intervenciones, 30 veces “presuntos”. “Las presuntas
acusaciones”, dicen. Increíble pero totalmente cierto. Llevamos ahí ocho años,
pero es que no les sonamos de nada.
No vale la pena preguntarles cómo puede ser la acusación
“presunta” [RAE: considerado real o verdadero sin la seguridad de que lo sea]
porque poco importa la realidad; lo que importa es preservar — ¡sálvame dios! —
la invisible y antigua frontera de quien puede estar peleando en los tribunales
y quién no.
“Presunto”, que normalmente se usa para referirse a sus
representados, los acusados, aquí se usa para la otra parte como sinónimo de
sucio y culpable, en un admirable y coordinado ejercicio propagandístico: que
quede claro, las personas que han perdido todo lo que tenían en una estafa
perpetrada por elegidos de quienes les gobiernan no tienen derecho alguno de
reclamar lo que es suyo. No somos más que números en las estadísticas de venta;
materia prima extractiva para los de nacimiento predestinado a ser ricos y
afortunados.
La amenaza
Después, a esos mismos “presuntos” se les amenaza. Otras 30
veces seguidas una por cada defensa. Se nos amenaza con las costas —pagar los
gastos en abogados de 30 banqueros/políticos durante 8 años—, unas costas que
ningún ser humano, en un mundo donde el salario mínimo es de 900 euros y el
alquiler más bajo de 600, puede pagar a menos que sea de los de nacimiento predestinados
a ser ricos y afortunados.
Dicen que hemos vulnerado sus derechos a defenderse. Y sobre
todo, necesitan que nos vayamos porque si quedan acusaciones particulares no
puede aplicarse la doctrina Botín, una doctrina jurídica cuyo nombre no
necesita más comentarios.
Muchas acusaciones se han ido en desbandada. ¿Quién puede
aguantar la presión constante de esta amenaza brutal?
Y si no es suficiente, entonces te compran. Las defensas de
los 30 políticos/banqueros dicen que casi todo el mundo ha recuperado el
dinero. Que si alguien no lo ha recuperado todavía, que se lo dan ahí mismo.
Con un 1% de intereses, como el que da la propina; como si ocho años de vida
devastada valiesen menos que los intereses que te da el banco más ruin. Parecen
no salir de su asombro: “¿Todo eso no va de dinero, como siempre? ¿Qué
queréis?”.
Justicia. Fin de la impunidad. Precedentes, para cambiar de
rumbo. Eso queremos. Efectivamente en 2016 por las pruebas que recabamos en el
juicio, el Tribunal Supremo dictó la sentencia por la que todos los que
compraron acciones en la salida a bolsa tuvieron el derecho a recuperar su
dinero por la vía civil.
No parecen percatarse de que esto es un pleito penal. Sería
como si en un juicio por robo pudieras salir impune devolviendo lo robado.
Aquí, en la causa penal, no estamos por el dinero.
No, no va de dinero. Va de democracia.
Así es y así os lo hemos contado.
Seguimos.
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