Por Fernando López
Agudín
Público.es, 15/01/2019.
¿Qué diferencia existe entre fundar un Banco o atracarlo?,
se preguntaba irónicamente Bertolt Brecht. Interrogante vigente hoy tras
conocerse las escuchas telefónicas del comisario Villarejo por encargo del
BBVA. Desde que el diario Público revelara, ya en mayo, el contrato del citado
banco con la empresa Cenyt, propiedad del chantajista, no habían aparecido
nuevos datos sustanciales hasta estos días. La última entrega son las supuestas
conversaciones, en 2005, de Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del
Gobierno, y Miguel Sebastián, entonces alto cargo de la Moncloa, con el jefe de
Estudios del Banco Santander, Ignacio Rupérez, en la que se le transmite un
mensaje tranquilizador para Emilio Botín.
Sin conocerse toda la historia oculta del BBVA en el siglo
XXI, es imposible captar la importancia de este penúltimo capítulo del chantaje
que está siendo hoy objeto el Estado desde los servicios internos del propio
Estado. El presidente Aznar barrió a la familia Ibarra, fundadora del banco,
mediante un informe policial que incluía a la entidad bancaria en una lista de
supuestos cotizantes del llamado impuesto revolucionario de ETA. Una vez
barrido, apareció como nuevo presidente del BBVA un amigo de Aznar, Pancho
González. Dicho de otro modo, el banco se convierte en una pieza más de ese
capitalismo de amiguetes con el que el PP intentaba sustituir a la beautiful
people de Boyer, Solchaga, Solbes y Salgado.
Tras el fracaso del caudillo de las Azores, con Zapatero ya
en la Moncloa, Francisco González observa que alguien intenta levantarle la
presidencia del BBVA. Con la ayuda, por supuesto, de destacados dirigentes del
PSOE, que tratan de desmontar así la captura del banco por parte del PP. Es
entonces cuando entra en escena el policía patriótico Villarejo, con el encargo
expreso de vigilar a ese inquietante compañero de viaje del presidente Zapatero
que se llama Luis Rivero, entonces presidente de Sacyr. Dicho y pronto hecho.
Con la acreditada profesionalidad que le caracteriza, unas quince mil
conversaciones telefónicas son intervenidas para poder garantizar que ningún
otro aventurero repita la pasada aventura del secuestro de un banco y la
destitución de un banquero, en este caso Pancho González.
Después, el Tribunal Supremo cambia las leyes procesales
para que el presidente del Banco
Santander, Emilio Botín, no tenga que sentarse en el banquillo de los acusados,
creando el precedente de la así llamada doctrina Botín. Más adelante, la
mencionada entidad bancaria condona una muy importante deuda bancaria, más de
veinte millones de euros, al PSOE. La libre competencia de los dos bancos
termina en empate. Francisco González siguió en el BBVA, de hecho acaba de
jubilarse con una pensión cercana a los 80 millones de euros; a Emilio Botín no
se le procesa, y el Gobierno consigue neutralizar al BBVA y consolidarse en el
Santander.
Pero la historia continúa. El siguiente capítulo, la
venganza del chantajista Villarejo. Lo cierto es que, en este momento, a más de
cuatro mil personas, cuyos teléfonos han sido intervenidos por el comisario, no
les llega la camisa al cuello. No solo por infidelidades y otros vicios
ocultos, sino también y, sobre todo, por la llamada libre competencia. Es
justamente el BBVA quien ahora se beneficia de la venta de un millón doscientos
mil metros cuadrados de suelo público, muy por debajo del precio establecido
por el mercado, en un contrato secreto suscrito junto con el ministerio de
Fomento, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital.
¿Quién les puede garantizar a banqueros,
políticos y periodistas, partícipes de la corrupta Operación Chamartín, que
Villarejo no vaya a ponerles en la picota con sus escuchas?
Lecciones neoliberales que, hasta el momento, no encuentran
un contrapunto jurídico con las necesarias lecciones de un Estado de Derecho.
La Fiscalía guarda silencio, mientras Villarejo afirma hoy contar con un
programa informático con el significativo título Control de Togas sobre el
mundo judicial. Como aperitivo, publicaba en otoño pasado sus propias
conversaciones con la ministra Dolores Delgado. Desde que el asimismo policía
José Amedo se llevara por delante el gobierno de Felipe González, después de
que la actual jefa del CNI cortara el pago convenido por su silencio sobre el
GAL, nunca como hoy otro policía, Villarejo, ha tenido tan en jaque al Estado y
alardea con darle el jaque mate si no es puesto ya en libertad. No es nada
personal, como diría el también neoliberal Rato, es el mercado. Es la libre
competencia.
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