El Diario.es,
16/01/2019.
La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Santander en la
causa que investiga la gestión que llevó a la desaparición al Banco Popular. El
juez José Luis Calama ha publicado un auto en el que incluye a la entidad que
preside Ana Botín, en sustitución de la ya desaparecida Banco Popular.
En concreto, y según adelanta El Confidencial, Calama ha
incluido en la causa a Banco Santander tras haberse llevado a cabo la fusión
por absorción del Popular, ya integrado societariamente en la entidad. Con esta
operación, además de adquirir los activos y pasivos de Popular, el Santander
heredaba la responsabilidad penal que recaía sobre la anterior entidad.
El auto del juez Calama da respuesta a las peticiones de dos
perjudicados que muestran la entrada en vigor en el Registro Mercantil de la
operación de fusión por absorción realizada por el Santander. Además, el
magistrado avanza que se acordará la declaración del representante legal de la
compañía.
El juez, que sustituye a Fernando Andreu, lleva a cabo la
investigación de la gestión que llevaron a cabo los directivos de Popular y que
llevaron a su desaparición. Los principales imputados en esta causa son Ángel
Ron y Fernando Saracho, expresidentes del grupo antes de que se produjera la
resolución del banco.
El Banco Santander adquirió en julio de 2017 Banco Popular
después de que las autoridades comunitarias acordaran resolver la entidad por
sus problemas de liquidez y retirada de depósitos que hacían inviable su
continuidad. La entidad que preside Ana Botín la adquirió por el precio
simbólico de un euro.
El caso de Banco Popular tiene diversos frentes judiciales
abiertos. El que ocupa a Calama es el que trata de concluir las
responsabilidades de los gestores, que concluyeron con una entidad en quiebra.
Pero paralelamente, hay más de doscientas reclamaciones
contencioso-administrativas contra la decisión de resolver el banco por parte
de las autoridades, que en la práctica supuso que los accionistas perdieran su
dinero. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recibido
también reclamaciones de este tipo, al ser comunitaria la autoridad que
resolvió el banco, la Junta Única de Resolución.
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