Por Ernesto Ekaizer
El País,
09/01/2019.
Aquellos telespectadores que recuerden el ingreso de Rodrigo
Rato en la prisión de Soto del Real el pasado 25 de octubre, cuando pidió
perdón a la sociedad, habrán recuperado durante la declaración de ayer la versión
anterior del personaje.
Como pasa con la pintura al óleo, al observar ayer la imagen
del acusado se advertía una especie de “pentimento”. La última mano de pintura
caía y dejaba el deseo original del artista: un Rodrigo Rato seguro e
implacable ante la fiscal Carmen Launa.
La fiscal, que hoy terminará de interrogarle, no pudo
extraer gran cosa sobre los hechos. Además, su manera de apostillar tras las
respuestas terminó por irritar a la presidenta y ponente, Ángela Murillo.
Un Rato crecido buscó debilitar a la fiscal, cuyo talón de
Aquiles es evidente: ella no participó en la instrucción de la causa y
sustituye a su actual jefe, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción,
Alejandro Luzón.
Rato hizo referencia a un documento muy relevante en sus respuestas.
Se trata del informe que enviaron el 29 de junio de 2010 los altos cargos del
Banco de España Pedro González y Francisco Monzón al Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB).
En ese documento, que entre otras cosas debía ser cursado a
la Comisión Europea, se sostenía: “A juicio del Banco de España, las cajas
integrantes de la operación analizada pueden calificarse como entidades
fundamentalmente sólidas y su proyecto de integración consistente y viable”.
Pero quince días antes, el 14 de junio de 2010, en una
reunión en la sede del Banco de España, a la que asistieron, según el acta,
Pedro González, Francisco Monzón y Javier del Río por el Banco de España, y
José Luis Sánchez, interventor de Caja Madrid, se expone por el interventor el reparto
del dinero público de 4.465 millones de euros (participaciones preferentes) que
aporta el FROB. Se informa que de esa suma se usarán 2.500 millones para Caja
Madrid. Esa cantidad, a la que se suman otra en concepto de activos fiscales,
permitirá realizar saneamientos (cubrir provisiones) por valor de 3.600
millones de euros.
Es decir: la ayuda pública se usaba para tapar pérdidas...
en unas entidades “fundamentalmente sólidas” González y Monzón dixit.
El banquillo, a la luz de las referencias constantes al
Banco de España y a la CNMV por parte de Rato, luce, pues, bastante cojo.
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