Por Eduardo Bayona
Público.es,
18/1272015.
El Gobierno de Aragón impondrá multas de entre 1.500 y 3.000
euros a las entidades financieras, incluida la Sareb o banco malo, y a sus
empresas inmobiliarias por cada casa vacía cuya propiedad le oculten. Esta es
una de las medidas más destacadas del decreto de medidas urgentes de emergencia
social que este viernes ha entrado en vigor en la comunidad y que adelanta
algunas de las medidas que recogerá el decreto de vivienda.
La norma, publicada y vigente desde este viernes establece
que, mientras se pone en marcha el Fondo Social de Vivienda, a cuya disposición
deberán poner la banca y sus filiales las viviendas desocupadas procedentes de
ejecuciones hipotecarias por si ese nuevo instrumento no dispone de suficientes
para hacer frente a las necesidades de familias sin techo –formalmente, “personas
o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad”-, los bancos deberán
presentar cada tres meses una declaración con el listado de inmuebles en esta
situación que posean. Se considera “vivienda desocupada” la que lleve sin ser
habitada un mínimo de seis meses en un año.
“La omisión de la declaración de titularidad de una vivienda
conforme a lo establecido en esta disposición constituirá una infracción leve
que será sancionada con multa de 1.500 a 3.000 euros”, señala el decreto, que
añade que “cuando sean varias las viviendas cuya titularidad no haya sido
declarada se impondrá una sanción por cada una de las omitidas”. La recaudación
que la Administración autonómica obtenga por esta vía será asignada al
presupuesto de la Dirección General de Vivienda.
Fórmulas “admisibles
en derecho” y multas coercitivas
El decreto de medidas de emergencia social, impulsado por
los Departamento de Vertebración del Territorio y de Derechos Sociales que
dirigen respectivamente José Luis Soro (Cha) y Mariví Broto (PSOE), prevé que
la comunidad formalice con los bancos, sus inmobiliarias y la Sareb convenios
para aumentar la disponibilidad del parque público de viviendas.
El decreto de medidas de emergencia social prevé que la
comunidad formalice con los bancos, sus inmobiliarias y la Sareb convenios para
aumentar la disponibilidad del parque público
Cuando el ejecutivo asigne el uso de una de esas viviendas,
su titular estará obligado a “otorgar título suficiente para el uso”;
preferentemente mediante un arriendo y, de manera excepcional, a través de
otras fórmulas “que resulten admisibles en derecho” y que incluyan “la
correspondiente contraprestación”.
El Gobierno aragonés, que trata de eludir mediante ese
planteamiento el veto judicial a iniciativas como la expropiación temporal de
uso que impulsó la Junta de Andalucía, prevé que los ocupantes de esas
viviendas no paguen un alquiler superior al 30% de sus ingresos y que la
Administración autonómica complete la renta.
Los bancos podrán rechazar la ocupación de sus viviendas en
algunos casos; entre otros, que sea inhabitable, penda sobre ella algún litigio
o esté okupada. Sin embargo, se enfrentan a fuertes multas coercitivas en caso
de demora en la entrega: un 1% del valor catastral el primer mes, un 2% el
segundo y un 3% en cada uno de los siguientes, hasta llegar al 25%, algo que
ocurriría el noveno mes.
El valor catastral medio de las 500.228 viviendas censadas
en Zaragoza es de 85.037 euros, con lo que la multa media se situaría en una
horquilla de 850 a 21.259 euros.
Más de 13.000 hogares
aragoneses no tienen ningún ingreso
El decreto, que remite a posteriores normas sobre el veto a
los lanzamientos cuyos afectados carezcan de un techo alternativo, incluye un
mandato para que la Comisión Aragonesa de Derecho Civil estudie “el régimen
jurídico de acceso y tenencia de la vivienda habitual en Aragón con objeto de
proteger a las personas o unidades de convivencia en situación de
vulnerabilidad”. Es decir, que Aragón regulará con una norma propia de derecho
foral la posesión de la vivienda principal.
El preámbulo del decreto apela a la situación de “emergencia
habitacional” generada por la crisis y por la ampliación de la vulnerabilidad,
el empobrecimiento y el riesgo de exclusión que esta ha provocado: 31.700
hogares aragoneses tienen a todos sus miembros en paro y 13.420 de ellos no
perciben ingreso alguno, según los datos oficiales del Iaest (Instituto
Aragonés de Estadística).
Este organismo también revela que “durante el segundo
trimestre del 2015 se iniciaron 331 ejecuciones hipotecarias en relación con
viviendas nuevas (42) y usadas (289)”, situación a la que “se unen las
dificultades para afrontar el pago de los alquileres que ha generado un aumento
significativo del porcentaje de desahucios en arrendamientos de viviendas”.
Ayudas sociales
inembargables y medidas contra la pobreza energética
La norma dedica un apartado a la pobreza energética, que
según los datos oficiales afectaba el año pasado a 1.300 hogares en una
comunidad en la que otros 6.000 estaban en situación de vulnerabilidad.
La norma dedica un apartado a la pobreza energética, que
según los datos oficiales afectaba el año pasado a 1.300 hogares en una
comunidad en la que otros 6.000 estaban en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, señala que la Administración podrá atender
los impagos de las familias en los suministros de agua, gas y electricidad y,
también, que negociará con las empresas suministradoras convenios “para evitar
los cortes de suministro” por “falta de recursos económicos de personas o
unidades familiares en situación de urgencia social” y que fomentará “la
concesión de ayudas o la aplicación de descuentos en el coste de los consumos
mínimos”.
Por último, el decreto declara inembargables las ayudas
sociales que reciben los aragoneses que “carezcan de medios económicos
suficientes” –incluye las becas de comedor y la futura renta básica-, que dejan
de tener carácter de subvención.
“El actual carácter embargable de las prestaciones
económicas de carácter social desvirtúa por completo su carácter finalista”,
indica el texto, que llama la atención sobre el riesgo de que un “esfuerzo
presupuestario y financiero público de carácter netamente social termine
cubriendo finalidades distintas que no son objeto de atención por las citadas
ayudas”.
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