Por Albert Recio Andreu
Mientras Tanto, 31/10/2014.
I
La privatización fraudulenta de lo público forma parte del
modelo de acumulación neoliberal, tal como señaló el geógrafo marxista David
Harvey. En cierta medida, y por vías diferentes, el neoliberalismo ha
desarrollado prácticas de acumulación privadas parecidas a las de la
acumulación primitiva de los orígenes del capitalismo. Prácticas en las que el
papel del poder político es crucial para conceder a determinados grupos
privados una enormidad de recursos imposibles de obtener por medios normales.
El desguace de la economía soviética constituye seguramente
la mayor expresión, por su escala, de este proceso de concentración de riqueza
por medios políticos. La crisis actual ha posibilitado nuevas oportunidades a
este tipo de acumulación. La que más ha centrado la atención en nuestros lares
ha sido el proceso de salvación de cajas de ahorro y bancos con dinero público
que, una vez saneados, han sido entregados a bajo precio a grupos privados.
Pero la crisis bancaria ha propiciado otra forma de “privatizacíón-desposesión”
menos obvia pero igualmente relevante en aquellas cajas de ahorro que no habían
experimentado el mismo tipo de problemas económicos pero que al convertirse en
fundaciones bancarias han culminado de facto un proceso de privatización que
las ha dejado en manos de unos pocos actores. De hecho, constituyen una
variante de capitalismo en el que un pequeño grupo social toma el control de un
gran grupo empresarial sin necesidad de invertir ni un euro, simplemente
mediante un cambio institucional adecuado a sus intereses. El caso de la Caixa
es un ejemplo paradigmático, y particularmente ostensible, de lo que supone la
privatización total de una caja de ahorros.
A diferencia de otras entidades, la Caixa no experimentó
problemas de la misma magnitud que otras entidades. Su política crediticia
había sido más cauta (no había concedido con tanta ligereza hipotecas a los
pobres), ha tenido una gestión financiera bastante ortodoxa y supo retirarse a
tiempo de sus veleidades inmobiliarias. De hecho, ha podido expandir su
actividad aprovechando las gangas que la crisis ha ido generando y adquiriir a
precio de saldo Caixa Girona, el Banco de Valencia y Banca Cívica (el grupo
formado por Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Sol y Caja Canarias), así como la
división minorista de Barclays en España. Todo ello le ha convertido en la
primera entidad bancaria en territorio español (Santander y BBVA son mayores
por su actividad exterior). Es, además, uno de los líderes en seguros a través
de Segur Caixa Adeslas (asociada a Mutua Madrileña) y Vida Caixa. Como el resto
de cajas de ahorro, la Caixa tenía un estatuto legal sin propietarios y
controlado por un consejo del que formaban parte diferentes estamentos
sociales, incluídos representantes de sindicatos y de los impositores. Sin duda
un sistema imperfecto pero que posibilitó cierto control social. Los directivos
de la Caixa fueron hábiles en eludir este control y actuar como un núcleo
autónomo. De hecho, llevaban años preparándose para la privatización y crearon
una filial, Criteria, que operaba en los mercados financieros y bajo la que se
agruparon buena parte de las principales filiales del grupo. El mecanismo que
ha permitido un salto adelante en esta privatización ha sido el de la creación
de las fundaciones bancarias.
La coartada para la creación de las fundaciones bancarias ha
sido que las intromisiones políticas en las cajas de ahorro han posibilitado la
corrupción y la mala gestión de muchas de estas instituciones. Si bien es
cierto que estas prácticas han existido y han dado lugar a situaciones de
bancarrota en varias entidades (Caja Madrid, Bancaja, la CAM, Caja Castilla la
Mancha, Caja Sur, Nova Caixa Galicia...) también lo es que otras entidades con
el mismo modelo institucional han conseguido sobrevivir con bastante acierto
(la misma Caixa, Unicaja, las cajas vascas agrupadas en Kutxabank). Incluso es
más que dudoso que pueda atribuirse el crac de Catalunya Caixa a las presiones
políticas. El argumento además cae por su propio peso cuando se observa que los
mayores fiascos bancarios se produjeron en grandes entidades con esquemas de
gestión previamente capitalista, y que otros (como Santander y BBVA) han podido
sortear la situación de su elevado endeudamiento gracias a los generosos y
baratos créditos del Banco Central Europeo.
Lo que resulta evidente es, más bien, que se ha aprovechado
la excusa de la crisis para acabar con una forma de entidad que molestaba por
carecer de una estructura de propiedad plenamente capitalista. Lo curioso es
que la forma adoptada (la creación de fundaciones bancarias) lo que ha creado
de facto es un nuevo tipo de “propietarios” sin capital, pero que en la
práctica tienen o pueden tener el control del banco. La fórmula adoptada ha
sido la de determinar el valor del banco y obligarle a atraer capital privado
para alcanzar los niveles de capitalización determinados por las instituciones
europeas. En el caso de entidades saneadas, como sus necesidades de capital han
sido menores se ha considerado como capital propio los fondos que ya contaban y
se ha transferido la propiedad de esta parte del capital a una Fundación
bancaria (el 56% en el caso de la Caixa), que hereda además la obra social.
Donde está el meollo del tema es que de facto la determinación del patronato de
la entidad, lejos de establecerse por un sistema representativo como el que
regía en las antiguas entidades, se ha fijado por un sistema de
autonombramiento y cooptación, con la salvedad de la obligada participación de
las instituciones que promovieron la creación de la caja, lo que en la práctica
ha supuesto que un reducido número de autoelegidos pase a constituir el grupo
de control de la entidad.
En el caso de la Caixa este proceso es bastante evidente. La
única entidad que figuraba como promotora de la entidad es la Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos del País, una tradicional institución burguesa
fundada en 1822 y que en la práctica constituye uno de los puntos de encuentro
de las élites económicas locales (en su junta participan personas tan notorias
como Roca Junyent, el conde de Godó o Macià Alavedra, procesado en el caso
Pretoria). El núcleo del nuevo patronato lo forman personas, a su vez, del
antiguo núcleo de la Caixa, como el mismo presidente Isidre Fainé, Jaime
Lanaspa (ambos con una trayectoria común en los Bancos Atlántico y Unión,
ligados al Opus Dei), Salvador Alemany (presidente de Abertis), Teresa Bassons
y Alejandro Garcia Bragado (uno de los directivos de los servicios jurídicos de
la entidad). Y luego figuran diversas personalidades cooptadas, como el
mexicano Carlos Slim (el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, que
de ser un propietario de un conglomerado empresarial pasó a gran empresario de
telecomunicaciones gracias a las privatizaciones en su país, con una modesta
participación en el capital de Caixa Bank), Francesc Homs (ex conseller de
Economía con Pujol, quien tras dejar la política pasó a trabajar para el grupo
Abertis), César Alierta (presidente de Telefónica gracias a la privatización,
hijo de uno de los alcaldes franquistas de Zaragoza, exculpado de un caso de
uso de información privilegiada cuando era presidente de Altadis gracias a que
se declaró la prescripción de la causa), Javier Solana (ex ministro del PSOE,
ex secretario de la OTAN, ex comisario europeo), el notario Juan J. López
Burniol (colaborador del Grupo Godó) y, para dorar la píldora, dos
representantes de entidades sociales (Cáritas y Cruz Roja) y una científica
mediática (Josefina Castellví). O sea, un verdadero conglomerado entre la
burocracia interna de la empresa, las grandes familias políticas (CiU, PP,
PSOE) y económicas y los inevitables invitados que dan legitimidad al proyecto.
Eso sin que los estatutos estén disponibles en internet, sin ninguna capacidad
de control de impositores e instituciones sociales. La cooptación es el único
mecanismo de acceso a esta cúpula y mientras Caixa Bank siga realizando una
política ortodoxa la supervisión del Banco de España la dejará tranquila. De
modo que una cúpula autonombrada se ha hecho con el control del mayor grupo
bancario local sin que la sociedad haya podido ejercer influencia alguna.
II
En el caso de la Caixa su poder real va mucho más allá del
simple control de un grupo financiero: hunde sus raíces en el control de
aspectos clave de la economía, especialmente de la catalana. En el nuevo
esquema, el grupo queda estructurado en tres grandes bloques: la Fundació
Bancaria la Caixa, el holding Criteria y Caixa Bank.
La fundación, además de detentar el control del capital de
las otras dos, tiene a su cargo la gestión de la obra social. Ésta administra
diversas actividades, las más vistosas y propagandísticas —los Caixa Forum— y
las menos vistosas pero socialmente relevantes —las políticas sociales—. En
Catalunya, en la medida que se ha reducido el gasto público social se ha
apelado a la Caixa para realizar una política más activa. Y resulta palpable
que allí donde interviene impone sus propios criterios, produciendo el efecto
de que parte de las políticas sociales, lejos de estar diseñadas a partir de un
debate social abierto, se orientan por lo que deciden los tecnócratas de la
Fundació la Caixa. Falta por analizar los sesgos que generan estas decisiones.
Criteria es cabeza de un holding que controla empresas con
un papel social clave y que, como veremos, condicionan aspectos esenciales de
los servicios públicos locales.
En primer lugar está Abertis, gestora de la mayor parte de
las autopistas del país y de un volumen creciente de redes y satélites de
comunicación (este negocio lo inició cuando se privatizó Retevisión, la red
pública de emisión de señales de telecomunicación). Abertis es rentable por el
nivel de sus peajes (recientemente se ha abierto una investigación al respecto
en sus filiales francesas) y su capacidad de alargarlos, cuando está próximo su
vencimiento, a cambio de ampliar algún tramo de autopista. Si se tiene en
cuenta que una de las cosas que ha ayudado a radicalizar el nacionalismo
catalán ha sido la proliferación de peajes en Catalunya, en comparación con
otras zonas, no cabe duda que Abertis ha contribuido poderosamente a alimentar
recelos.
En segundo lugar aparece Saba, dedicada a la gestión de
aparcamientos urbanos y espacios logísticos. Otro negocio rentable que corría
peligro de naufragar en Barcelona a causa del fin de la concesión. Saba jugó
sus bazas y consiguió un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona, en manos de
CiU, pr el que se crea una empresa mixta (controlada por Saba) que gestionará
los aparcamientos más rentables de la ciudad.
En tercer lugar Gas Natural Fenosa, una de las grandes
energéticas del país, empresa que consiguió impulsar un ambicioso plan de
gasificación (que se ha mostrado excesivo y entre uno de cuyos efectos
colaterales estuvo la construcción de la plataforma Castor que ahora pretenden
que nos cueste 1.350 millones) y que mantuvo una clara actitud de hostigamiento
a la difución de energía eólica en Catalunya.
En cuarto lugar figura Suez Environment, la multinacional
francesa del agua. Una participación reciente, producto de la venta a Suez de
las acciones que la Caixa mantenía en Agbar. Esta es una de las operaciones que
explican más la desposesión. Agbar, la empresa privada (controlada inicialmente
por la Caixa y Suez) que por tiempo inmemorial había gestionado el suministro
del agua en Barcelona, tenía el permiso caducado y corría el peligro de que se
produjese una municipalización del servicio tal como ya ha ocurrido en Berlín y
París. Después de un largo y oculto proceso conspirativo, la empresa consiguió
que CiU y PSC se pusieran de acuerdo en crear una empresa mixta (con el 80%
controlado por Suez) que gestionará el suministro y el tratamiento del agua
residual de veinte municipios. Todo lo que sabemos apunta a que no se planteó
ni siquiera un concurso de empresas que quisieran formar parte de esta nueva
corporación por temor a que pusiera al descubierto el exceso de costes que
Agbar carga a nuestro recibo del agua, y que los activos que aporta Agbar a la
nueva compañía han estado claramente sobrevalorados. Un verdadero robo a la
población. Pero éste sólo ha sido el principio. Con posterioridad, la
Generalitat ha decidido ceder a esta nueva empresa la gestión de gran parte de
las actividades que venía haciendo la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y ha
autorizado a Agbar a crear una filial que realizará las tareas de intermediaria
financiera. Con toda esta transición atada, la Caixa ha anunciado que toma el
15% de la nueva empresa (Aigües de Barcelona). Los efectos de toda esta
privatización han sido inmediatos: las entidades metropolitanas han aprobado un
aumento del 2% de las tarifas para el año próximo alegando entre otras razones
“que se ha rebajado el consumo”. Y, con todo, la voracidad de Agbar-Suez-Caixa
es insaciable y siguen pleiteando para hacerse con el control de la privatizada
Aigües Ter Llobregat (la empresa que gestiona la traída de aguas al área de Barcelona
desde las altas cuencas). En definitiva, toda una voluntad de control completo
del ciclo del agua en Catalunya, Un proceso que bien puede generalizarse a
otras Comunidades donde el grupo tiene una presencia importante.
Criteria participa además en el grupo hospitalario privado
Vithas, en el grupo inmobiliario Servihabitat y en Mediterranean Beach &
Golf Club, un centro de recreo junto a Port Aventura (de hecho es uno de los
grandes propietarios de suelo sobre los que se promueve la construcción del complejo
de casinos Barcelona World).
Caixa Bank es, en este sentido, un grupo bancario más
ortodoxo, con cierta presencia internacional (el portugués BPI, el austríaco
Erste Bank, el francés Bousarama, el mexicano Inbursa y el oriental Bank of
East Asia). Pero su impronta social tampoco es inocua. Como propietario de una
de las mayores aseguradoras de salud del país (Segurcaixa Adeslas) es
claramente favorable a la privatización de la sanidad, o de parte de ella.
Y hace pocos días acaba de obtener el control de otra
actividad clave de la vida cotidiana de Catalunya: la gestión del nuevo sistema
tarifario del transporte público. Una operación clásica del modelo “smart
city”. Con la excusa de introducir un cambio que mejora la eficiencia, se cuela
una costosa operación que beneficia a un grupo privado concreto. No deja de ser
curiosa la forma como se ha gestionado este proceso. Primero la Autoridad
Metropolitana del Transporte (ATM) abrió negociaciones privadas con cinco
consorcios sobre la introducción del nuevo sistema. Posteriormente, se abrió el
concurso pero en la fase final sólo se evaluó al ganador (es posible que los
rivales no se presentaran o se retiraran, pero lo cierto es que la evaluación
final solo tenía un candidato). El consorcio ganador, en el que figuran las
tecnológicas Indra y Fujitsu y el grupo Moventis (uno de los mayores operadores
de transporte público en Catalunya) será el encargado no sólo de poner en
marcha el nuevo sistema de pago (el cual requiere una fuerte inversión que sin
duda se cargará a las nuevas tarifas), sino que además lo gestionará, lo que
supone de facto dejar bajo el control de la Caixa la liquidez que genera el
transporte urbano en toda Catalunya. Por si esto no bastara, esta última semana
se anunció que la Caixa lidera el consorcio de la nueva financiación de la ATM,
una entidad ampliamente endeudada debido fundamentalmente al recorte de
financiación por parte de Gobierno central y Generalitat. Las fuertes alzas de
los últimos años van a continuar, porque ya nos han explicado que este acuerdo
financiero en la práctica pone el control de la política tarifaria bajo el
poder de los acreedores.
III
La Caixa es un ejemplo bastante completo de cómo una
combinación de decisiones políticas ha permitido que un puñado de notables se
haga con el control absoluto de un gran grupo financiero y de buena parte de
los servicios esenciales de la comunidad. No ha seguido el mismo modelo que el
desguace y robo de la economía rusa, pero se emparenta con ella. El resultado
final es que un grupo financiero incontrolable tiene el poder sobre decisiones
básicas de la comunidad. Lo ha vivido en directo mucha gente en los tiempos
recientes, no sólo la que se ha movilizado en contra de los desahucios y por la
recuperación del dinero evaporado en las preferentes. También los activistas de
Aigua És Vida que han denunciado el regalo de la gestión del agua a Agbar y el
encarecimiento injustificado de las tarifas. O la red contra la pobreza
energética, que ha podido mostrar la injusticia social de los cortes de agua y
luz a familias sin recursos y la opacidad de estas compañias a la hora de
aplicar los “bonos sociales”. O los activistas de Stop Pujades y sus aliados,
que han identificado en el poder financiero la causa principal de un sistema
tarifario social y ecológicamente injusto.
Con la Caixa, con sus tentáculos, con el modelo de sociedad
que está construyendo, topamos a menudo. Quizás la vía de la independencia
catalana pasa porque la Caixa complete la compra del país y ayude con ello a
reducir el déficit del estado español. Porque lo que es cierto es que el grueso
de la población hace tiempo que hemos perdido el control sobre recursos y
servicios básicos. Y no nos hemos dado cuenta que una parte sustancial del esto
nos ha sido desposeída por las élites locales. Aunque seguramente el caso de la
Caixa sea más un ejemplo de lo sucedido en otros muchos lugares que no un caso
excepcional. Es un episodio más del capitalismo de saqueo que inauguraron
Pinochet, Thatcher y Reagan, y que se ha acelerado tras la última debacle
financiera.
¿Capitalismo de
amiguetes o simplemente neoliberalismo ibérico?
Al calor de los numerosos escándalos de corrupción y de los
problemas que experimenta la economía española se ha ido abriendo camino la
idea de que una parte de los problemas del país se debe a nuestra peculiar
estructura económica, en la que prima un capitalismo de amiguetes donde los
grandes negocios están directamente ligados al poder económico. En este balance
coinciden, en parte, algunos sectores alternativos, los liberales radicales
(esa gente tan habitual en las páginas salmón y en las de opinión de El País) y
buena parte de las corrientes independentistas catalanas. La versión radical es
con todo la más sofisticada, al partir de una cultura engendrada en los tiempos
de la lucha antiglobalización que ha permitido entender que las puertas
giratorias, los grandes medios de presión empresariales y el poder de las
multinacionales son elementos estructurantes de lo político. Aunque, cuando se
rebaja la diagnósis de los problemas del país al predominio de la “casta”, se
cae, en parte involuntariamente, en la trampa liberalicida.
Para los neoliberales, la referencia al capitalismo de
amiguetes es interesada. Si todos los problemas del país se concentran en un
poder político demasiado poderoso que otorga prebendas a unos pocos, la
economía tiene fácil mejora: basta con liberalizar los mercados y reducir el
poder político.
Lo que he escrito arriba sobre la Caixa es un buen ejemplo
para ilustrar lo que ocurre con las liberalizaciones. Y se pueden encontrar
otros muchos. La sencillez del análisis neoliberal es que ignora todas las
complicaciones del mundo real que complican sus simplistas esquemas (algo que
la mayoría aprende a hacer estudiando en la mayor parte de facultades de
Economía). Para los nacionalistas catalanes la cosa es más simple: lo de los
amiguetes es simplemente una cosa de Madrid, aquí todo es diferente. De ahí que
si nos independizamos nos liberaremos a la vez del poder político central y de
los amiguetes. Vuelvo a ceñirme a la historia de la Caixa, aunque también aquí
podríamos contar muchas otras.
Sin duda que en la tolerancia con la corrupción influyen el
marco institucional local y la tradición cultural. Pero cuando se analiza el
conjunto de la economía moderna contemporánea y se repasa la historia del país,
el argumento pierde bastante peso.
La historia local muestra que esta relación entre capital
privado y sector público no es nueva. De hecho, los grandes grupos del poder
económico español se gestaron en muchos casos al calor de la dictadura. Baste
recordar el papel del statu quo financiero que modeló el oligopólico sistema
bancario, o el origen histórico de las grandes constructoras. La misma historia
que se repite a escala local cuando se analiza el origen de algunas grandes
fortunas. La relación entre poder político y capitalismo es endémica,
especialmente en el núcleo central, y no puede dejar de serlo por el simple
hecho que los grandes negocios suelen estar asociados a actividades que por su
dimensión exigen una importante regulación, o simplemente porque se trata de
suministros al sector público.
Cuando de la historia local se pasa a la internacional las
cosas cambian poco. Acabo de hacer mi ejercicio anual de revisión de la lista
de las 500 mayores empresas mundiales que publica Fortune. Como cualquier
clasificación de este tipo, seguro que contiene errores, pero da una idea
aproximada de qué empresas dominan el mundo. Hace unos veinte años predominaban
las de tipo industrial, que hoy son claramente minoritarias. El sector
financiero (banca, seguros) copa una parte importante de los puestos. El otro
gran sector son los servicios colectivos: electricidad, gas, telefonía,
transporte, gestión de infraestructuras... Muchas de las compañias que aparecen
tienen su origen en las privatizaciones de los años ochenta y noventa del siglo
pasado. Las empresas españolas que aparecen en esta clasificación (Santander,
BBVA, Mapfre, Iberdrola, Repsol, Gas Natural Fenosa, ACS) no son esencialmente
diferentes que las líderes de la mayoría de otros países con presencia en el
ranking. Incluso puede constatarse que una parte no desdeñable de las empresas
“industriales” que aparecen tienen una relación directa con las compras y las
regulaciones públicas, como es el caso de las que producen equipos militares, o
como las farmacéuticas. Quizá la mayor diversidad de actividades viene de la
numerosa presencia de empresas chinas, pero en este caso se trata en su mayoría
de empresas controladas por el gobierno, o sea de un capitalismo no liberal. Y
es que el capitalismo de la fase neoliberal se ha basado precisamente en la
financiarización, la paratización del sector público y el control de los
flujos, y no en la producción competitiva (actividades cuyo control se realiza
desde las grandes cadenas de distribución, los grandes contratistas de obras, o
los ensambladores de coches, generando unas estructuras productivas en las que
el resto de actores juega un papel subordinado). Poder político y gran capital
están hoy más relacionados que nunca en todas partes. No sé si les unen grandes
lazos de amistad, pero no parece que la vía de debilitar aún más la democracia
nos vaya a librar de monopolios. Más bien parece que el siguiente paso que
tratan de imponer los grandes monopolios (por ejemplo, visible en la
negociación del TTIP) es un marco institucional que directamente les dé el
poder de diseñar las instituciones a la medida de sus intereses.
Si del análisis estructural pasamos al de la corrupción, la
diferencia española es más de grado que cualitativa. Un pequeño repaso a la
crónica de crímenes económicos de los años recientes (los que hemos podido leer
en la prensa local) indica que los mismos tipos de corrupción se han dado y se
siguen dando en muchos países vecinos. Empezando por los contínuos sobresaltos
que proceden del sector financiero en forma de blanqueo de dinero, manipulación
de mercados etc. O siguiendo por el tan tradicional tema de los sobornos que,
por poner ejemplos, en los últimos años han llevado a los tribunales a empresas
tan serias como las francesas Alstom, Dassault, Total, la británica BAE Systems
o las alemanas MAN y Siemens. No es casualidad que, en el último escándalo de
la semana, una de las principales empresas implicadas sea una filial del Grupo
Suez (otras subsidiarias del grupo ya han aparecido en otros casos). Los
políticos corrompidos son locales, pero entre los corruptores suelen aparecer
grandes grupos empresariales. La financiarización, los suministros públicos
acrecentados en la era de las privatizaciones y el urbanismo generan problemas
en todas partes. Y estos van a subsistir mientras no se produzcan cambios de
calado en estos espacios.
Con ello no quiero minimizar el nivel de corrupción del
país. Lo diferencial es aquí que ningún político dimite cuando se destapa algún
escándalo y prácticamente nunca cuando se trata de alguien que está en primera
línea. Es el reflejo de la prepotencia de unas élites que ganaron una guerra a
su propio pueblo y siguén recordándole su derrota. Una actitud que no es
privativa de Madrid sino que abarca a todas las élites en el poder, como ha
puesto en claro el comportamiento de Pujol. Cambiar este estado de cosas no es
una tarea moral (aunque la defensa de la honestidad, la transparencia, la
democracia ayudan a crear un clima). Es una tarea de reformas estructurales en
el funcionamiento de la economía. Un cambio no sólo local sino global. Aunque
cada cual tiene que cumplir con su parte de trabajo. Mientras la respuesta a la
corrupción se limite a los códigos éticos seguirán sucediéndose los escándalos.
Porque éstos son un constituyente inevitable del capitalismo en general y,
especialmente, de su fase neoliberal.
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