Por Fernando Heredia
García
Pueblos. Revista de
Información y Debate, 10/12/2015.
A la hora de abordar cualquier debate de índole económica,
pocos conceptos han sido, y de hecho son, más controvertidos y discutidos que
el de banca pública. Es innegable que sea así debido a la elevada carga
ideológica que intrínsecamente posee, como ocurre con muchos otros conceptos
económicos. Sin embargo, la reciente crisis financiera internacional ha puesto
de manifiesto una característica esencial del sistema económico capitalista en
el que actualmente vivimos: el crédito es un pilar fundamental dentro del
proceso de acumulación capitalista. Y esta reciente crisis financiera ha
servido para demostrar, una vez más, que quien controla el sistema financiero
es capaz de controlar el resto de la economía.
Las personas extranjeras se encuentran entre los grupos
sociales más vulnerables, no sólo por su estatuto jurídico de segundo nivel en
relación con las nacionales, sino también por la existencia de posibles
barreras de hecho, como el desconocimiento del idioma del Estado en el que
viven o la xenofobia. Esta vulnerabilidad se acrecienta en el caso de las
personas extranjeras en situación irregular. Muchas veces son víctimas de violaciones
que no denuncian por miedo a sufrir represalias o a ser deportados. Además, la
pasión por la seguridad (que últimamente recorre las venas de muchos líderes
políticos) extiende un manto de sospecha sobre las personas de determinadas
nacionalidades o rasgos étnicos.
Como suele ocurrir en todas las etapas económicamente
difíciles, ahora se han puesto de relieve deficiencias estructurales que ya
existían anteriormente. Entre ellas está la mayoritaria apropiación en manos
privadas del sistema crediticio a nivel internacional, constituyendo ésta la
principal vía de financiación de cualquier actividad económica. Eso ha
provocado, en primer lugar, la consecuente paralización del crédito al resto de
sectores, con la evidente paralización de las demás actividades a nivel
general. Además, el dejar en manos privadas la capacidad de otorgar créditos al
resto de la economía ha favorecido la agrupación de entidades financieras en
grandes corporaciones con sobrada capacidad para imponer sus propios intereses.
Finalmente, este exponencial aumento de tamaño de las entidades bancarias ha
provocado que se eleve a la categoría de dogma la afirmación del too big to
fail (demasiado grandes para caer).
En consecuencia, resulta bastante evidente que es pertinente
otorgar más importancia y visibilidad al debate acerca de la conveniencia de
una banca pública capaz de actuar bajo una lógica diferente a la de la banca
privada.
¿Qué se entiende por
banca pública?
Es oportuno aclarar que, en general, la terminología acerca
de la banca pública en la literatura económica es notablemente confusa. Por
ello, aquí se adoptará por válida la definición que realiza el economista
Alberto Montero en el Diccionario crítico de empresas transnacionales, donde
afirma que la banca pública es “una institución crediticia en la que el control
y la gestión están en manos de alguna administración pública o del Estado”[1].
Una vez aclarado, se pueden enunciar dos condiciones
esenciales que toda entidad de banca pública debe poseer para ser denominada
como tal. Primero, debe tener la posibilidad de captar fondos del público en
general (en este caso, fundamentalmente ciudadanía y empresas), así como
otorgar créditos a los agentes económicos que lo demanden. En segundo lugar, un
poder público debe ser el encargado de controlar y gestionar las operaciones
bancarias, independientemente de la naturaleza público-privada de los fondos
constituyentes de dicha entidad.
Llegados a este punto, sería interesante analizar el recorrido
histórico reciente que han experimentado las cajas de ahorros en España. No
obstante, en este artículo este asunto se dejará de lado para así poder
detallar con mayor énfasis los motivos acerca de por qué es pertinente impulsar
la creación de una banca pública en España, así como las principales vías sobre
las que se puede actuar.
Razones y vías de
actuación
En la historia de la banca pública española, las últimas
décadas no han sido muy favorables. De hecho, desde finales de los años 80 se
han producido dos fenómenos de gran magnitud en el sistema financiero español:
grandes privatizaciones (siendo la de Argentaria la más importante) y
desregulación de dicho sistema financiero, con el consiguiente aumento de la
concentración de una gran cuota de mercado en manos de pocas entidades. Desde
diversos organismos oficiales[2] se ha alertado repetidamente de la nefasta
situación del sector financiero español en términos de competitividad y
concentración bancaria.
Así las cosas, existen diversos casos de éxito que
demuestran que la inclusión de entidades públicas bancarias puede ser muy
beneficiosa para el resto de agentes económicos. Basta citar ejemplos como el
de los Landesbank en Alemania, responsables de la casi totalidad del crédito a
las pequeñas y medianas empresas alemanas desde hace varias décadas; el Bank of
North Dakota, al que se le atribuye por parte de diversos autores gran
protagonismo en el histórico superávit presupuestario experimentado por dicho
estado norteamericano; y el BNDES[3] en Brasil, criticriticado duramente por su
participación en proyectos poco respetuosos con el medio ambiente pero con un
papel básico a la hora de otorgar financiación a agentes económicos sin
posibilidad de acceso a las vías tradicionales de financiación.
En este contexto, se expone a continuación una batería de
razones, clasificadas en tres ámbitos (económico, social y democrático), con
las que se pretende responder a la cuestión de por qué sería necesaria una
banca pública en España.
Razones económicas:
1) Contar con una banca pública reduciría las dificultades
con las que se encuentra cualquier gobierno a la hora de hacer frente a una
crisis financiera, facilitando la ejecución de políticas crediticias
contracíclicas. En la última crisis financiera, uno de los grandes obstáculos
que han existido para reactivar el crédito ha sido la desconfianza hacia los
bancos. Si existe una banca pública fuerte no hay lugar para una crisis de
confianza bancaria, al estar sus activos respaldados mediante garantías y recursos
públicos.
2) Se reduce el riesgo sistémico impulsado por la visión
cortoplacista de las inversiones bancarias privadas. En un contexto de
creciente financiarización, la presión por la constante valorización de las
inversiones accionariales condiciona a los bancos a emplear sus fondos en
operaciones especulativas, lo cual incrementa el riesgo sistémico, lo cual
aumenta a su vez la posibilidad de una nueva crisis financiera a corto plazo.
3) Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) ha expresado
recientemente su adhesión al movimiento de banca pública[4] . La concesión de
créditos a un menor interés, con elevados periodos de carencia o ligados a los
resultados empresariales, son experiencias que ya se han puesto en práctica en
otros países con resultados muy exitosos para garantizar la actividad de las
pequeñas y medianas empresas.
4) La concentración de poder por parte de unas pocas firmas
en un determinado mercado es uno de los peores indicadores económicos a la luz
de la experiencia histórica. De esta forma, la instauración de una banca
pública potente se posicionaría como contrapeso a la banca privada. Además, la
reducción del nivel de concentración de capital favorecería una distribución de
la renta más equitativa en tanto que es posible reutilizar los propios fondos
captados por las entidades de banca pública en la concesión de créditos a
familias y empresas.
Razones democráticas:
1) Una banca pública facilitaría la democratización de la
economía. Mediante la instauración de una banca pública con participación de
los distintos colectivos que conforman la ciudadanía se promueve una mayor
transparencia y eficiencia en la práctica bancaria, así como un mayor acceso al
crédito de sectores vulnerables. Sería carente de toda lógica que una entidad
bancaria pública, de la que dependen los fondos de una parte de la ciudadanía,
careciese de una representación directa ciudadana. Por ello, funcionando bajo
la consecución de metas sociales en detrimento de objetivos puramente
financieros, se aporta un contrapeso fundamental para incrementar el nivel de
democracia en la economía.
Razones sociales:
1) Al crear una banca pública donde el crédito tenga una
clara utilidad social, se hace frente de manera directa a la marginación
financiera tanto de familias como de pequeñas y medianas empresas. De hecho,
los efectos colaterales de una situación de marginación financiera sobrepasan
cualquier ámbito puramente económico.
2) La banca pública puede garantizar proyectos sociales. Se
torna indispensable recuperar los criterios de rentabilidad social y
medioambiental a la hora de priorizar la consecución de proyectos por parte de
la banca pública, entendiendo así a la banca pública como un posible agente de
transformación de la realidad social y ciudadana.
Una propuesta concreta
de actuación
Para avanzar hacia una banca pública sería necesario avanzar
en cinco ejes fundamentales:
1) Nacionalización de cajas de ahorros y bancos rescatados
con fondos públicos. Toda la ayuda ofrecida a la banca privada por parte del
sector público se convertiría inmediatamente en acciones, convirtiendo a dichas
entidades salvadas de la quiebra con recursos públicos en el primer pilar para
una banca pública potente y con presencia nacional.
2) Auditoría pública de las cuentas de las entidades
financieras rescatadas, para establecer un plan de saneamiento mucho más
efectivo que el realizado hasta la fecha. Dicha auditoría sería realizada por
técnicos de la administración pública no vinculados a ninguna entidad
financiera privada.
3) Una banca pública bajo una lógica de funcionamiento y
rentabilidad social frente a objetivos exclusivamente financieros, con un
modelo de gestión que excluya cualquier tipo de operación especulativa, así
como la operativa en paraísos fiscales.
4) La participación y rendimiento público de cuentas como
elementos cruciales de funcionamiento. Es fundamental la inclusión de
colectivos de todas las capas sociales en el proceso de toma de decisiones de
dicha entidad, con una gestión de fondos públicos que sea totalmente
transparente para la ciudadanía.
5) Introducción de criterios socioecológicos como elementos
decisivos a la hora de otorgar financiación. Entre los medios de actuación para
conseguirlo, avanzamos los siguientes: conversión en acciones de las ayudas
públicas destinadas a la banca; obligación por ley de rendir cuentas anual y
públicamente; elección transparente y con representación ciudadana de los
miembros del consejo de administración; cese y prohibición inmediata de
operaciones en paraísos fiscales; creación de un parque inmobiliario público,
continuidad de la obra social de las anteriores cajas de ahorros, y, por
último, comprensión de la banca pública como mecanismo clave de la política
económica nacional.
Al existir un ente financiero público, el gobierno cuenta
con una herramienta potentísima de política económica. De hecho, mediante dicha
banca pública se pueden articular de forma muy efectiva los objetivos de
desarrollo económico de una determinada región o colectivo social gracias al
control integral de dicha entidad. Del mismo modo, la gestión y recaudación
fiscal ve reducida considerablemente su coste al ser llevada a cabo por una
entidad pública y no vía bancos privados.
Es importante detallar que el espíritu de dicha propuesta se
basa en una concepción del sistema bancario, y concretamente el crediticio,
como un servicio de primera necesidad y no al servicio de intereses
especulativos. Así, se realiza bajo una visión de la banca pública como un elemento
de cambio fundamental a la hora de transitar hacia un modelo económico y social
más sostenible en toda su amplitud. En otras palabras: se apuesta por un
determinada banca pública desde la que no se promueva la continuación del
actual modelo de crecimiento que perpetúe la coexistencia de efectos negativos
sobre infinidad de ámbitos como el ecológico o el social, por citar sólo
algunos.
NOTAS:
- Montero Soler, Alberto (2012): “Banca pública”,
en Hernández Zubizarreta, J.; González, E. y Ramiro, P. Diccionario crítico de
empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 47-49.
- “La concentración bancaria en España alcanza su
máxima cota histórica”, Cinco Días, 27 de enero de 2013.
- Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
- Copyme se adhiere al manifiesto de Bankia
Pública. http://bancapublica.info/copyme-se-adhiere-al-manifiesto-debankia-publica/
Disponible en:
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