Por J.A. Bravo
Finanzas, 02/07/2018.
La nueva legislación hipotecaria que, en teoría, iba a
acabar con los abusos hipotecarios desde la banca se ha atascado precisamente
en el lugar que debería tener más interés en dar cuanto antes una solución a
una problemática que ha provocado más de un millón y medio de reclamaciones. El
Congreso de los Diputados lleva más de siete meses tramitándola y, ya en pleno
verano, lo probable es que no lo resuelva hasta bien entrado otoño.
Las consecuencias negativas no son solo para los
consumidores, también para las arcas públicas. Y es que el Estado se arriesga a
una nueva multa de la Comisión Europea por dilación excesiva en la adaptación
de sus directivas. En marzo de 2016 expiró el plazo para transponer la
normativa comunitaria de contratos de crédito hipotecario. Pero 27 meses
después se sigue sin ver claro cuándo se logrará completar el cambio.
Al cumplirse el primer año de retraso, desde Bruselas
advirtieron al Gobierno que le denunciarían ante el Tribunal de Justicia de la
UE. En noviembre cumplieron su amenaza y pidieron que se multara a España con
105.991 euros diarios. Si la curia europea da la razón a la Comisión, la
sanción se aplicaría desde el día después de la sentencia hasta que el país
adapte la directiva.
España ha sido el socio de la Unión más sancionado el último
lustro por no cumplir a tiempo los mandatos de Bruselas, con casi 54 millones
de euros. La última vez fue por retrasarse en la reforma de la estiba en los
puertos -el castigo se redujo al final de 24 a tres millones- y este 2018 ya
acumula tres denuncias ante la justicia europea: los planes hidrológicos de
Canarias, la directiva sobre las cuentas de pago -aquí la multa sería de 49.000
euros al día- y la gestión de residuos. Y a punto de seguir ese camino está la
regulación sobre mercados de instrumentos financieros, la llamada Mifid II.
Pero, ¿por qué se ha enquistado la reforma hipotecaria en
España? Pues, de inicio, porque el anterior Ejecutivo tampoco fue diligente al
aprobar su proyecto -lo hizo el 3 de noviembre pasado-, según sus críticos
porque primero quiso ir más allá de la directiva europea y después intentó
consensuar unos cambios donde difícilmente se iban a poner de acuerdo la banca
y las asociaciones de consumidores. Luego el problema se dio en el Congreso,
que tampoco ha tenido prisa en su tramitación. El 18 de febrero pasó su primer
examen, al rechazar el veto de Podemos , y a continuación comenzó el tramité de
enmiendas.
Ahí llevan cuatro meses y medio sin un consenso. El 23 de
marzo se registraron un total de 237 peticiones de cambios parciales, que
afectaban incluso a la exposición de motivos, esto es, a la introducción donde
se explican los motivos de la reforma. Unidos Podemos pedía hasta cinco
modificaciones, pero hasta el PP -autor del texto- presentó una.
Los puntos más
polémicos
Casi una cuarta parte de las enmiendas se concentran en tres
puntos del proyecto. Y 42 afectan a los dos artículos (12 y 13) que hablan
sobre las normas de transparencia en la comercialización de este tipo de préstamos
y el papel del notario. Él debe verificar que las condiciones del contrato se
ajustan a la legalidad y resolver las dudas que genere.
En realidad, esa labor ya le venía correspondiendo en buena
medida. La diferencia es que luego no se le consideraba responsable si había
abusos o posibles irregularidades, y ahora sí. Los notarios se han quejado de
esas mayores exigencias y el PSOE ha pedido que se retiren, al ir más allá de
lo que manda la UE.
El otro artículo que más polémica está generando, a la vista
de la cifra de enmiendas (13) es el número 15, que trata sobre la práctica de
ventas vinculadas y combinadas. El texto establece que el banco no podrá
obligar al cliente a contratar productos adicionales si no conllevan un
beneficio para él, como la reducción de intereses. Ciudadanos, ERC y PNV piden
que esas pólizas tengan «carácter anual renovable» en vez de una duración
mínima como hasta ahora (diez años incluso), y los nacionalistas vascos
reclaman también que solo sea obligatorio incluir en el préstamo el seguro de
incendio.
También es controvertida la cláusula de vencimiento
anticipado. La banca puede hacer uso de ella a partir de tres impagos de letras
e iniciar el proceso de desahucio, pero la reforma fija ese importe en al menos
el 2% en la primera mitad del crédito y el doble en la segunda, aunque
Ciudadanos solicita llegar al 5% y el 10% y el PSOE estaría conforme.
Respecto a la comisión al cliente por amortizar el crédito
antes de plazo, la cuantía se reduce e incluso no habría para las hipotecas
variables a partir del quinto año. Ciudadanos pide eliminar el cargo por
completo.
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