Por Diego Larrouy
El Diario.es,
08/07/2018.
La crisis financiera ha llevado en los últimos años a la
Comisión Europea a la implementación de una serie de reformas de la regulación
del sistema bancario para evitar malas prácticas del pasado. Sin embargo, estas
normativas todavía no se han visto trasladadas a la legislación española, pese
a que su entrada a vigor a nivel comunitario fue hace meses.
En concreto, el nuevo Gobierno se ha encontrado sobre la
mesa media docena de leyes que tienen un impacto claro en el sector, que el
anterior Ejecutivo dejó sin aplicar pese al retraso que acumulaban. Su demora
ha motivado la apertura de expedientes por parte de Bruselas ya sea por su
retraso o por su transposición incompleta. La lista está compuesta por leyes
como Mifid II, la PSD II o la reforma de la ley hipotecaria.
Fuentes del Ministerio de Economía, del que dependen estas
leyes, apuntan que no hay un calendario cerrado para estas reformas, aunque
señalan que el objetivo de la ministra Nadia Calviño es darles salida con la
“mayor urgencia posible”. Las citadas fuentes señalan que se está en un proceso
de lectura y búsqueda de la “mejor manera de abordarlas” y que se “asume la
premura”.
Una de las leyes más importantes de la lista es la conocida
como Mifid II. Se trata de una normativa llamada a reformar la relación entre
clientes y entidades que vendan productos financieros, especialmente aquellos
de mayor complejidad. El objetivo de esta ley era el de dar mayor transparencia
y de adecuar la venta de dichos productos al nivel de cada inversor.
Aunque su entrada en vigor en Europa fue el tres de enero,
España solo la aplica parcialmente. Esto provocó que a finales de dicho mes, la
Comisión Europea lanzara un aviso al Gobierno, y a los de otros nueve países,
para que se acometiera la implantación del nuevo marco regulatorio. Daba dos
meses para informar de los avances y si no era así, amenazaba con llevar el
caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, la normativa, que las entidades financieras ven
fundamental para el futuro del negocio por sus exigencias, sigue sin estar
funcionando en España. Economía señala que se están incorporando consultas,
informes y recomendaciones para avanzar, especialmente, en el plano de la
transparencia y de protección al inversor.
Otra de estas normas es la de medios de pago, o PSD II. Se
trata del marco regulatorio sobre plataformas de pago que daba un impulso a las
fintech y las aplicaciones de pago móvil, a las que la banca tiene que dar
acceso a sus datos si el cliente lo permite. Las entidades pierden su papel intermediador en los actos
de compra, especialmente enfocado a los casos de comercio electrónico.
En marzo, Bruselas abrió de nuevo expediente a España por no
haberla trasladado. El anterior Gobierno redactó el anteproyecto de ley, pero
no llegó a traducirse en una ley aprobada por el Congreso. El anterior Ministro
de Economía puso como fecha para su aprobación antes del verano. Sin embargo,
el ministerio actual apunta que está a la espera de informes y que
posteriormente tendría que regresar al Consejo de Ministras.
Retrasos de hasta dos
años
La tercera normativa en cuestión es la reforma de la ley
hipotecaria. En este caso el retraso es todavía mayor, ya que entró en vigor en
marzo de 2016 a nivel comunitario y en España existe por el momento un proyecto
de ley que no ha terminado de ser aprobado. La directiva sentaba las bases para
que los Estados creasen normativas nacionales que protegieran más a los
consumidores ante los desmanes en crédito hipotecario que se habían producido en
los años previos.
En este caso, Bruselas acabó llevando el año pasado a
España, Croacia, Chipre y Portugal ante el TJUE por no transponer la nueva
regulación hipotecaria. Todavía no se han concretado las consecuencias de esta
demora. “Su no aplicación significa que los consumidores de esos países no
pueden disfrutar de la protección de la ley cuando se produzcan impagos”,
apuntó entonces la Comisión.
No es la única vez en la que una institución comunitaria ha
reprendido a España por este caso en concreto. Un reciente informe encargado por el Parlamento
Europeo señalaba a España por su retraso y añadía que el proyecto de ley que
había redactado el Gobierno era contrario a la directiva comunitaria en varios
de los puntos. Entre otros temas, acusaba a la ley de crear “un puerto seguro”
a los bancos frente a “las constantes quejas de los consumidores”.
Sobre esta norma, Economía asegura que se está en un paso
previo a las anteriores y destacan la falta de avance previo al cambio de
Gobierno. El Ministerio ha solicitado recientemente que se habiliten sesiones
en el Congreso para tratar este tema, pero no confirma si podrá ser tramitada
durante este verano. Organizaciones de consumidores como Adicae se muestran
confiadas en que finalmente el nuevo Gobierno haga cambios frente a la ley que
inicialmente presentó el Gobierno.
Posibles sanciones
Son las tres normas más importantes en el sector financiero
que tiene pendiente de aprobar el nuevo Gobierno, pero no son las únicas. Otra
de las leyes es la de cuentas de pago, que obligaba a las entidades a tener
unas cuentas básicas para clientes con un coste razonable. Si bien el anterior
Gobierno anunció en noviembre del año pasado la aprobación de la ley, la
Comisión Europea considera que no ha sido completamente transpuesta la ley
comunitaria de la que procede. Tras varios avisos, propuso al TJUE el pasado
mes de mayo que impusiera a España una sanción de 48.919,20 euros diarios hasta
que se notificara formalmente la transposición. La norma debía estar presente
en la legislación española desde septiembre de 2016.
Menos retraso acumula la directiva referente a la
distribución de seguros. La normativa debía entrar en vigor en febrero de este
año y en mayo, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un proyecto de ley. Éste todavía
no ha sido aprobado de manera definitiva.
La última de las leyes relativas al sector financiero no una
transposición de una norma europea sino la recuperación de una ley que el
propio PSOE propuso en febrero cuando estaba en la oposición y que fue apoyada
por el Congreso. Se trataba de una ley de transparencia de la contratación
predispuesta, que buscaba reducir la opacidad en los contratos bancarios
(aunque también eléctricos o de telecomunicaciones) para evitar la inclusión de
cláusulas abusivas.
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