Por Eric Toussaint , Patrick Saurin , Jeanne Chevalier
CADTM, 08/06/2018.
La heterodoxia económica y los programas de la social
democracia en descomposición sufren de una falta total de precisión en cuanto a
la constitución de un sistema bancario alternativo. Para remediarlo, esta
contribución intenta avanzar hacia una propuesta compartida, coherente y
operacional sobre un plan de organización del sector bancario y con condiciones
concretas para que un gobierno popular, que podría llegar al poder en Europa,
lo instaurase
La medidas que se
deben poner en marcha de forma inmediata
Para que una vez llegado al poder, un gobierno popular tenga
un cierto margen de maniobra y pueda limitar los riesgos de una asfixia
financiera, debe instaurar el control de capitales. Controlar los capitales no
está necesariamente en contradicción con los tratados europeos. El artículo 65
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea introduce, efectivamente, un
cierto número de restricciones a la libertad de movimientos de los capitales,
justificado por la lucha contra las infracciones a las leyes nacionales en
materia fiscal o prudencial, o por motivos ligados al orden público o a la
seguridad pública. Estos motivos fueron invocados en Chipre en 2013 y para
Grecia en 2015. De todas maneras, aunque el control de capitales fuese
contrario a los tratados, un gobierno popular podría asumir su desobediencia.
Por otro lado, se plantea la cuestión del lugar que ocuparía una medida para
regular los capitales en la jerarquía de normas, y, por consiguiente, de la
posibilidad para un gobierno de ponerla en marcha inmediatamente. En varios
países europeos, la reglamentación nacional prevé medidas para controlar los
movimientos de capitales que, como la regulación de la duración de las
inversiones, son de nivel reglamentario y no de nivel legislativo. Por lo tanto,
podrían ser aplicadas de forma inmediata desde la llegada al poder de un
gobierno popular.
Hacia una
socialización del sistema bancario privado
"El sistema financiero no debe constituir un centro de
beneficios en sí mismo, independiente de la financiación de la economía
real." La moneda, el ahorro, el crédito y el sistema de pagos, puesto que
son útiles al interés general y que, por lo tanto, deberían responder
imperativamente a una lógica de servicio público, deben ser utilizados y
gestionados en el marco de un servicio público. El sistema financiero no debe
constituir un centro de beneficios en sí mismo, independiente de la
financiación de la economía real. Mientras que el desarrollo del capitalismo
financiero y las finanzas desreguladas derrumbaron a la economía real en 2008,
y amenazan hacerlo de nuevo, la urgencia es la socialización total o parcial
del sector bancario. Efectivamente, dos vías programáticas se pueden tomar
sobre este problema: o proceder de entrada a la socialización total del sistema
bancario, yendo hasta la integración de los bancos de financiación e
inversiones, así como del sector de las aseguradoras; o socializar una parte
del sector bancario con la creación de un polo público concebido como una etapa
antes de la socialización de la totalidad del sector. En todo caso, los bancos
deben tener una misión de interés general, como lo decidido en Francia después
de la Segunda Guerra mundial, cuando dos tercios del crédito estaban
controlados por los poderes públicos.
El término socialización se suele preferir al de
nacionalización. Nacionalizar podría confundirse con “estatizar”, la toma de
control de los bancos por las elites dirigentes en el marco de un capitalismo
nacional. Socializar se refiere, más explícitamente, a una colectivización en
la que los trabajadores ejercen el poder de decisión y de control, que son dos
dimensiones esenciales de ese proceso. En Francia, el término socialización ya
fue privilegiado por el socialista Jules Moch en 1945. Durante una reunión de
la instancia dirigente de su partido, explicó en qué consistía la diferencia:
«Para los socialistas, reside fundamentalmente en tres caracteres que
permitirían distinguir las socializaciones, que pensaban que se podían hacer,
de algunas formas de nacionalización: los capitalistas serían eliminados, no
solamente de la propiedad sino también de la gestión de las empresas; éstas no
generarían un capitalismo de Estado que no haría más que sustituir un patrón
por otro; la gestión sería democrática asociando los trabajadores con los
técnicos, los representantes de los intereses generales en consejos tripartitos
que gozarían de autonomía de gestión. La empresa socializada se mostraría así
como un laboratorio de emancipación de los trabajadores, base de una nueva
sociedad que los socialistas sueñan con edificar.»
Efectivamente, durante las nacionalizaciones producidas en
Europa a partir de 2008, como consecuencia de la crisis de los bancos privados
(Royal Bank of Scotland en Gran Bretaña, Hypo Real Estate en Alemania, ABN-Amro
en los Países Bajos, Fortis, Dexia Belfius en Bélgica, Bankia en España, Banco
Espírito Santo en Portugal…), los gobiernos no los reorientaron en una
dirección favorable a la población. Señalemos que la nacionalización de los
bancos fue decidida cuando las ayudas públicas (préstamos, recapitalizaciones,
garantía, etc.) ya no fueron suficientes para mantener a flote esas entidades
privadas. Y lo que es peor, además de dejar que la población soporte las
pérdidas de los bancos privados nacionalizados, las nacionalizaciones fueron
concebidas, en ese momento, como simple paréntesis precediendo a futuras
privatizaciones. Con frecuencia, los Estados ni siquiera ejercieron el poder en
esas instituciones, dejando la dirección a los representantes del sector privado.
La idea de «socialización» asume una lógica completamente diferente y quiere
poner la primera piedra en la construcción de una sociedad nueva.
"Hay que estimular el ejercicio de un control de las
actividades del banco por los trabajadores del sector bancario" La palabra
«socialización» es utilizada preferentemente a «nacionalización» o
«estatización» para indicar claramente hasta qué punto es esencial el control
ciudadano, con la participación en las decisiones de los dirigentes, los
representantes de los asalariados, clientes, asociaciones, cargos electos
locales, que completarían el control de los representantes de instancias
bancarias públicas nacionales y regionales. Por consiguiente, es necesario
definir de manera democrática el ejercicio de un control ciudadano activo. Así
mismo, hay que estimular el ejercicio de un control de las actividades del
banco por los trabajadores del sector bancario y su participación activa en la
organización del trabajo. Las direcciones de los bancos deberían remitir anualmente
un informe público sobre su gestión transparente y comprensible. Habría que
privilegiar un servicio de proximidad y de calidad que rompa con las políticas
de externalizaciones llevadas a cabo actualmente. Hay que promover que el
personal de los establecimientos financieros garantice a los y las clientes un
auténtico servicio de consejos, y erradicar las políticas comerciales agresivas
de ventas forzadas.
Los modos concretos
de la transición
La transición hacia un sistema bancario socializado plantea,
no obstante, varias cuestiones a las que un gobierno popular deberá responder.
El número de bancos a
socializar
Si un programa gubernamental no prevé socializar la
totalidad del sistema bancario, se debe plantear la cuestión del número de
bancos a socializar y del criterio de elección. Más allá del aspecto teórico,
esa decisión nos remite a la relación de fuerza que un gobierno popular es
capaz de establecer, y de su capacidad para apoyarse en la movilización de la
población. En casi todas las experiencias de nacionalizaciones bancarias, los
bancos de negocios fueron excluidos del ámbito de las leyes de nacionalización
y mantenidos en el sector privado por la presión del sector financiero. Así, en
el momento del segundo paréntesis de nacionalización de bancos en Francia
durante el gobierno de François Mitterrand, en 1981-1982, la Secretaria del
Estado para la extensión del servicio público proponía inicialmente la
nacionalización de todos los establecimientos que dispusieran de más de 500
millones de francos del total del balance. Finalmente, bajo la presión del
medio bancario, ese umbral fue elevado a 1.000 millones de francos. El número
de bancos a nacionalizar pasó de 60 a 39. Este ejemplo ilustra bien que el
hecho de que establecer un servicio público bancario estará condicionado por
una relación de fuerza, cuestión que se debe preparar muy bien.
La indemnización a los
accionistas
Con el fin de socializar los bancos, se plantea también la
cuestión de la indemnización de los accionistas privados. Conviene tratar de
manera diferente los grandes y los pequeños accionistas. Los grandes
accionistas son, en efecto, activa o pasivamente responsables de la acentuación
de las actividades bancarias especulativas y de alto riego para los
ahorradores, para el Tesoro público y para el conjunto de la sociedad. Los
pequeños accionistas no intervienen en las decisiones de los bancos, y es
normal que se los indemnice. Por otro lado, es lógico que los depósitos estén
protegidos. En la mayoría de las nacionalizaciones de los bancos ya realizadas,
los accionistas fueron indemnizados a cargo de los contribuyentes.
Especialmente, fue el caso de las nacionalizaciones producidas en Europa y en
Estados Unidos a partir de la crisis de 2008. Los accionistas fueron
indemnizados y los gastos de la nacionalización estuvieron a cargo de las
finanzas públicas. Un gobierno popular que llegue al poder en los próximos años
no está obligado a hacer lo mismo. Podría decidir pagar solo un euro simbólico
a los grandes accionistas, y recuperar el coste del saneamiento del banco sobre
su patrimonio global. [1]
Hacia un polo público
bancario
Si la opción de la socialización inmediata de la totalidad
del sector bancario no es compartida por el conjunto de las fuerzas reunidas
para un gobierno popular, el polo público bancario podría representar una
solución de compromiso y permitir a ese gobierno disponer de medios para su
política. Para orientar el crédito hacia proyectos social y ecológicamente
útiles, la socialización de los bancos generalistas debería dirigirse hacia el
apoyo a la creación de un polo público bancario (o polo financiero público).
Ese polo público tendría por misión sostener un plan de relanzamiento
económico, ecológico y social, reforzar el aparato productivo, dirigir el
ahorro popular hacia la satisfacción de las necesidades sociales y económicas,
y garantizar la inclusión financiera y el acceso de todas las personas a los
servicios financieros.
Con la perspectiva de la creación de ese polo, un gobierno
popular podrá apoyarse en las instituciones ya presentes en cada país. Por
ejemplo, en el caso de Francia, ese polo reuniría en primer lugar la Caja de
depósitos y consignación y el Banco público de inversiones (BPI). Creado en
2012, el BPI fue completamente deformado y adopta un comportamiento de banco
clásico a pesar de que debería ser uno de los actores clave de la inversión en
la transición ecológica. También podrían agregarse otras estructuras públicas y
semipúblicas como la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Postal o la
Coface. Podría ser sensato integrar en ese polo público a los grandes bancos
mutualistas (Crédit agricole, BPCE Banque populaire-Caisse d’épargne, el Crédit
Mutuel). Eso tendría dos ventajas: sacar las redes mutualistas de la lógica
puramente financiera de los otros grandes grupos bancarios como el BNP o la
Société Générale, y dar más fuerza al polo público para poder hacer frente a
los bancos privados cuya nacionalización se habría diferido en el tiempo, en la
hipótesis de un proceso de socialización por etapas.
De manera general, en ese polo público, en materia de
gobernanza, cada establecimiento conservaría su autonomía de funcionamiento y
sus propias instancias de dirección. No obstante, la acción de esos
establecimientos estaría dentro de un marco común definido por una instancia de
dirección nacional que garantizaría la coherencia del conjunto. La instancia de
la dirección nacional estaría compuesta por cargos electos nacionales y
locales, responsables de las entidades y representantes de la sociedad civil,
en particular organizaciones sindicales y asociativas. El polo público tendría
sedes territoriales, organizadas según las mismas modalidades de manera de
asegurar una malla suficientemente fina y equilibrada del territorio.
A escala europea, un gobierno popular podría tratar de
organizar la cooperación entre su polo financiero público y las entidades
similares existentes en otros países, como el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), el brazo armado financiero de la UE. Así mismo, se haría todo lo posible
para poner el Banco Central Europeo al servicio de una política social,
contrariamente a su función actual de gendarme financiero que vela
escrupulosamente por la instauración de las políticas de austeridad.
La estructura del
futuro sistema bancario
"Reconducir a los grupos bancarios y a sus
establecimientos a sus misiones esenciales: la conservación sin riesgos del
ahorro y de los depósitos y la financiación de la economía real." En caso
del mantenimiento de un sistema bancario privado, se generaría un sistema
bancario tripartito: un polo financiero público, integrando a los bancos
socializados y otras instituciones públicas, coexistiría con los bancos
privados y un polo mutualista. En cuanto al polo mutualista, se trataría de
volver a poner en pie a los bancos cooperativistas y mutualistas, reinvirtiendo
los valores de democracia, de solidaridad y de no-lucro inscritos en sus
estatutos, ya que actualmente estos bancos funcionan y se comportan de la misma
manera que los bancos privados. Los representantes de los asalariados podrían
tener un derecho de información y de veto sobre los proyectos que serían financiados.
La socialización impone revisar fundamentalmente la composición de los consejos
de administración y de rever su modo de designación. Para el conjunto de los
bancos que no pertenecen al sector público, una «ley bancaria» debe redefinir
las misiones de todos los bancos, así como la composición y el modo de
designación de los miembros de sus consejos de administración, cualquiera sea
su estatuto jurídico. De este modo, los bancos privados estarían obligados a
hacerse cargo de una parte de los clientes «poco rentables», por lo que no
serían únicamente acogidos por el Polo bancario público. Una nueva deontología
debería definirse para el conjunto del sector bancario y una hoja de ruta
exigente debería imponerse al mismo para reconducir a los grupos bancarios y a
sus establecimientos a sus misiones esenciales: la conservación sin riesgos del
ahorro y de los depósitos y la financiación de la economía real. Se deberá
ejercer un seguimiento muy vigilante sobre los bancos dejados fuera del campo
del polo público para controlar el respeto de la nueva deontología y de la
buena aplicación de la hoja de ruta.
La cuestión de saber si un polo bancario público puede
coexistir con los bancos privados y si éstos, sometidos a regulaciones públicas
importantes, pueden ponerse al servicio del interés general es una cuestión
esencial, de ahí, la necesidad del seguimiento ya citado. En caso de no respeto
de sus obligaciones por parte de los bancos privados, intervendría una sanción
de socialización y los responsables de los grupos infractores verían su
responsabilidad civil y penal comprometidas ante los tribunales.
En el caso en que una
fuerza de izquierda tomase la opción de la socialización integral del sector
bancario, eso podría generar lo siguiente:
Pensemos lo que significa concretamente la socialización del
sector bancario: los bancos privados desaparecen, es decir, que después de su
expropiación (indemnizando a los pequeños accionistas), su personal sería
reafectado al servicio público bancario y de seguros, con garantía de
antigüedad, salarios (hasta un máximo autorizado con el fin de limitar
fuertemente los salarios demasiado altos, y, al mismo tiempo, aumentar los
salarios bajos para reducir la desigualdad salarial) y con una mejora de las
condiciones de trabajo (abandono del benchmarking [2] y de prácticas de ventas
forzadas). Un sistema de reclutamiento para los nuevos contratos sería
instaurado, respetando las normas de dicho proceso para un servicio público.
Se estará ante una situación que presenta una concentración
de agencias bancarias en competencia en las grandes aglomeraciones y una
penuria o ausencia de sucursales en las pequeñas ciudades, los pueblos y los
barrios populares. Una red densa de agencias locales tendrá que ser desarrollada
con el fin de aumentar fuertemente la accesibilidad a los servicios bancarios y
de seguros, con un personal competente para responder a las necesidades de los
usuarios en relación con las misiones de servicio público. Ninguna persona será
excluida del acceso al servicio público bancario que debe ser gratuito.
Las agencias locales del servicio público gestionarán las
cuentas corrientes y recibirán el ahorro de los usuarios que estará totalmente
garantizado. El ahorro será gestionado sin tomar ninguna clase de riesgo. Ese
ahorro se afectará, bajo control ciudadano, a la financiación de proyectos
locales y de inversiones más amplias centradas en la mejora de las condiciones
de vida, la lucha contra el cambio climático, el abandono de la energía
nuclear, el desarrollo de circuitos cortos, la financiación de la ordenación
del territorio respetando las normas sociales y ambientales rigurosas, etc. Los
ahorradores podrán elegir el o los proyectos que desearían financiar con sus
ahorros.
Las agencias locales concederán créditos sin riesgos a
individuos, familias, pequeñas y medianas empresas y estructuras privadas
locales, a las asociaciones, a las colectividades locales y a los
establecimientos públicos. Estas agencias podrán afectar una parte de sus
recursos a proyectos de una escala más grande que los propios a nivel local,
naturalmente, en el marco de una política concertada.
El hecho de que las agencias locales gestionarán los medios
financieros de medida razonable para usos locales o para proyectos más amplios
que serán presentados de manera precisa (con el establecimiento de un
calendario de programación y herramientas de seguimiento que permitan controlar
claramente la utilización de los fondos y la buena concreción de los proyectos)
facilitará el control de los diferentes protagonistas.
Los proyectos locales a financiar serán definidos de manera
democrática con un máximo de participación ciudadana.
Las agencias locales tendrán también a cargo los contratos
de seguros para las personas físicas y jurídicas.
Sostener la
transición hacia una economía social, sostenible y ecológica
"El sector bancario socializado permitirá reconstituir
un circuito virtuoso de financiación de los poderes públicos" Por otro
lado, los ministerios a cargo de la salud pública, la educación nacional, la
energía, los transportes públicos, las pensiones, la transición ecológica,
etc., dispondrán de medios de financiación provenientes del presupuesto del
Estado.
Agencias transversales especializadas intervendrán en los
ámbitos y las actividades que excedan las competencias y las esferas de acción
de un solo ministerio. Tendrán como objetivo asegurar misiones específicas o
transversales definidas con la participación ciudadana, como el programa de
abandono total de la energía nuclear, que comprende también el tratamiento con
seguridad de los residuos nucleares a largo plazo.
El sector bancario socializado permitirá reconstituir un
circuito virtuoso de financiación de los poderes públicos: éstos podrán emitir
títulos que serán adquiridos por el servicio público sin pasar por los dictados
de los mercados financieros.
Muchos aspectos del proyecto quedan para una elaboración
colectiva ya que estamos en la fase preparatoria del establecimiento de un
sistema completamente nuevo. Eso demanda un ambicioso trabajo colectivo de
puesta en común de ideas y propuestas. Ese trabajo no hace más que comenzar.
Una nueva regulación
y supervisión del sector financiero
De forma inmediata, un gobierno popular deberá poner en
marcha una regulación importante del sector financiero con el fin de asegurar
la estabilidad financiera. El tamaño de los bancos debe reducirse para que
ningún banco «sistémico» pueda ser una amenaza para el conjunto del sistema.
Los bancos de negocios deben ser separados de los bancos de depósitos para
proteger a estos últimos. Los bancos de negocios no se beneficiarán de ninguna
garantía del Estado. Esta medida ya había sido tomada por el presidente Franklin
D. Roosevelt en 1933, luego de la onda de choque del crash de Wall Street de
octubre de 1929. El presidente, recientemente elegido, cerró los bancos durante
una semana en marzo de 1933 y, ese mismo año, hizo aprobar la ley bancaria
(Banking Act, conocida también por la Glass Steagall Act) que impuso la
separación de los bancos de depósito de los bancos de negocios.
Además, la nueva regulación bancaria impondrá:
○ Aumentar significativamente la parte de los fondos propios
de los bancos en sus balances, llevándola al 20 %.
○ Tomar todas las medidas útiles para obligar a los bancos a
sanear su fuera de balance (shadow banking), al imponerles que aclaren todas
las operaciones especulativas y todas las transacciones arriesgadas sin interés
real para la colectividad.
○ Prohibir las relaciones de crédito entre los bancos de
depósito y los bancos de negocios.
○ Prohibir la titulización. Cada actividad conllevará en sí
su propio riego, a través de las exigencias reglamentarias adaptadas.
○ Prohibir el trading de alta frecuencia
○ Prohibir la especulación
○ Prohibir los mercados de mutuo acuerdo
○ Prohibir todas las relaciones de los establecimientos
bancarios con el shadow banking y los paraísos fiscales y judiciales.
○ Prohibir la socialización de las pérdidas
○ Poner fin al secreto bancario
○ Perseguir sistemáticamente a los dirigentes responsables
de delitos y crímenes financieros y retirar la licencia bancaria a las
instituciones que no respeten las prohibiciones y sean culpables de
malversaciones.
○ Instaurar una verdadera responsabilidad financiera
correspondiente a los grandes accionistas, con el fin de que la recuperación
del coste de sus actividades peligrosas pueda efectuarse con el conjunto de su
patrimonio.
○ Aumentar la imposición a los bancos para obligarles a
participar en el esfuerzo fiscal del país.
Para asegurar la supervisión de la esfera financiera, puede
crearse un comisariado de la seguridad financiera. Reuniría las autoridades de
supervisión de los bancos, de los mercados financieros y de los seguros.
Tendría por misión:
○ Evaluar la evolución del ahorro, del crédito, y del buen
funcionamiento del sistema de pagos.
○ Verificar y controlar si la política de las entidades
bancarias se encuentra bien centrada en los ejes de la hoja de ruta que le
fueron definidos, especialmente con respecto a la financiación de la transición
ecológica, la financiación de las necesidades de funcionamiento y de
inversiones de los grandes servicios públicos, la financiación de las
desprivatizaciones de los grandes servicios públicos que habían sido
transferidos al sector privado (por ej., salud, agua, energía, etc.).
○ Verificar la adecuación de los actores públicos y privados
de la economía a las necesidades de la población
○ Vigilar también sectores como el inmobiliario para
prevenir eventuales burbujas.
El comisariado pondrá en marcha el control de capitales, así
como una tasa sobre las transacciones financieras. Además, tendría por misión
someter las innovaciones financieras a un principio de precaución: los bancos
que desarrollen esas innovaciones deberán probar su utilidad y asumir su entera
responsabilidad. Los productos y las actividades demasiado complejas serán
prohibidos. El supervisor tendría, finalmente, la posibilidad de imponer multas
significativas a los bancos en el caso de falta a la reglamentación y a sus
obligaciones, con el fin de ajustar las sanciones al perjuicio sufrido por la
sociedad y a las ganancias ilegales obtenidas. Así mismo, los dirigentes serían
susceptibles de ver su responsabilidad personal comprometida en caso de faltas
graves. Se retirará la licencia bancaria a cualquier banco que contravenga de
manera constatada la nueva legislación y sus dirigentes serán llevados ante la
justicia y podrían ser condenados a penas de prisión.
La recuperación del
control de los Bancos Centrales
Un gobierno popular debería también recuperar el control de
su Banco Central, con la perspectiva de retomar el control de su política
monetaria y de sus condiciones de financiación. En 1871, La Comuna de París
cometió el error de no tomar el control del Banco de Francia. De tal manera,
que se vio privada de unos recursos financieros considerables que el Banco
Central libró al enemigo de Versalles. Según Karl Marx en su correspondencia a
propósito de la Comuna de París en 1881: «Con solo la requisición del Banco de
Francia se hubiera puesto fin a las amenazas bélicas versallescas». La
revolución cubana no cometió ese error. Desde el primer año, en 1959, el
gobierno puso al Che en la presidencia del Banco Central de Cuba. El dominio
del Banco ayudó a la realización de una serie de profundas reformas sociales
que, sostenidas por potentes movilizaciones populares, marcaron positivamente
los comienzos de la revolución cubana.
Retomar el control del Banco Central es esencial para sacar
al Estado de las garras de los mercados financieros para la financiación de los
servicios públicos. Como escribió Benjamin Lemoine en su libro L’ordre de la
dette sobre el sistema francés de financiación pública. «Al salir de la Segunda
Guerra Mundial y durante más de una veintena de años, el aparato del Estado,
mediante el circuito del Tesoro, recogía recursos financieros en cantidad
suficiente para, durante la mayoría del tiempo, escapar a la presión de los
acreedores. Dominaba la actividad de los bancos y de las finanzas y acoplaba sus
propios instrumentos de tesorería a esas reglamentaciones. Así mismo, su
financiación estaba coordinada con las políticas nacionales que determinaban la
cantidad de moneda y orientaban los créditos afectados a la economía.» Esa
política permitió a Francia financiarse durante cerca de 40 años sin depender
de la buena voluntad de los mercados financieros, dominados por los bancos
privados y de otras sociedades financieras. Un circuito del Tesoro como ese
podría ponerse de nuevo en funcionamiento.
La necesidad de
contar con el apoyo de la población
"La socialización del sector bancario y el sostén
popular son condiciones necesarias para cualquier cambio de modelo." Como
escribió Antoine Prost con respecto a las nacionalizaciones de la Liberación,
éstas deben ser situadas en el contexto de la Resistencia con «un movimiento
que venía de abajo». En 1945, el 70 % de los franceses eran favorables a la
nacionalización de los bancos (el 81 % entre los obreros). Para alcanzar ese
grado de apoyo en el seno de la población y para evitar la reapropiación por
los capitalistas de empresas y de actividades socializadas, un gobierno popular
deberá preparar el terreno y explicar a la población los retos que conlleva
semejante cambio de paradigma. Algunas iniciativas sobre el terreno que asocien
a la población como auditorías ciudadanas, pueden ponerse en marcha y deberían
ser apoyadas por una fuerza política que tenga como objetivo acceder al
gobierno. En Francia, en Grecia y en España, los colectivos para una auditoría
ciudadana de la deuda pública fueron creados a partir de 2011, y dieron lugar a
informes, análisis y acciones ciudadanas sobre la cuestión de la deuda nacional
y de las deudas locales. De manera general, las cuestiones monetarias y
financieras deben perder su carácter sagrado. Friedrich Engels señalaba en 1891
el «santo respeto» con el que los comuneros se detuvieron ante las puertas del
Banco de Francia (y al mismo tiempo reconocía que: «El Banco en manos de la
Comuna valía más que diez mil rehenes»). Las finanzas deben ser explicadas y
liberadas del encantamiento. No haberlo hecho en forma suficiente contribuyó,
sin duda, a los retrocesos de Alexis Tsipras después de su victoria en las
elecciones de enero de 2015. La diplomacia secreta y el poder de los expertos
no permiten apoyarse en una amplia movilización popular, sin embargo, necesaria
para reconquistar terreno frente al dominio del capital.
Para una fuerza de izquierda, es fundamental mostrar a la
población el enorme avance que constituiría la decisión de dejar de confiar la
propiedad y la gestión del sistema bancario en el gran capital, y las enormes
ventajas que podría aportar la existencia de un servicio bancario público.
La importancia de la
movilización popular
La socialización del sector bancario no puede ser vista como
un lema o una reivindicación autosuficiente, que los dirigentes aplicarían
después de llegar al gobierno. La socialización debe ser concebida como un
objetivo político a alcanzar en el marco de un proceso liderado por una
dinámica ciudadana. No solamente es necesario que los movimientos sociales
organizados existentes (entre ellos los sindicatos) hagan de la socialización
una prioridad en su agenda, y que los diferentes sectores (colectividades locales,
pequeñas y medianas empresas, asociaciones de consumidores, etc.) se posicionen
en ese sentido, sino también —y sobre todo— que los empleados y las empleadas
de los bancos estén sensibilizados y sensibilizadas con la función de su oficio
y en el interés que podrían tener en ver los bancos socializados; que usuarios
y usuarias sean informados allí donde se encuentren (un ejemplo: ocupaciones de
agencias bancarias en todos lados el mismo día) con el fin de participar
directamente en la definición de lo que debe ser la banca.
La socialización del sector bancario y el sostén popular son
condiciones necesarias para cualquier cambio de modelo.
Solamente movilizaciones muy grandes pueden garantizar que
la socialización del sector bancario sea realizada en la práctica puesto que es
una medida que afecta al corazón del sistema capitalista.
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