Por César Urrutia
y Daniel Viaña
El Mundo, 03/01/2016.
Hoy mismo, en algún bufete de abogados, se espera la
sentencia que puede llevar al despacho a multiplicar su negocio a través de una
demanda colectiva o el agrupamiento de afectados por un contrato distribuido
masivamente y declarado fraudulento por un juez. La nómina de productos que
están en el objetivo empieza con las preferentes, sigue con las acciones de
Bankia tras la salida a Bolsa de la entidad en 2011 y continúa con bonos
convertibles, cláusulas suelo... en un negocio potencial de miles de millones
de euros por la defensa de centenares de miles de clientes.
Buena parte de los productos de inversión o crédito
comercializados en la primera década de este siglo por las antiguas cajas y
algunos de los actuales bancos están bajo la lupa de los abogados. Y no sólo
los de la banca. A la luz del éxito en las demandas contra los excesos de las
entidades, la defensa de clientes y usuarios se ha extendido también a otros
sectores de consumo masivo como son operadores de telecomunicaciones o
fabricantes de automóviles.
2009, año del despegue de las reclamaciones
Los despachos de abogados más activos en esta respuesta
masiva a los excesos fijan en las colocaciones de preferentes desde 2009 el
pistoletazo de salida a una lluvia de reclamaciones judiciales. Aunque el
Gobierno abrió una vía de arbitraje para 427.000 inversores que recuperaron
parcialmente sus ahorros, tres años después las demandas comenzaron a llegar a
los juzgados. Hoy, sólo las principales asociaciones y despachos como Adicae,
Arriaga Asociados, Bufete Rosales o Ausbanc representan decenas de miles de
reclamaciones por miles de millones de euros.
La ola no se detuvo ahí. Otro hito en el despegue de las
demandas masivas fue la OPV de Bankia en 2011, con otra andanada de denuncias a
partir de 2013. La entidad colocó 824,5 millones de acciones a 3,75 euros por
acción, capitalizándose con 3.092 millones de euros. Cuatro años después llegó
una avalancha de 60.000 demandas en las que están presentes decenas de
despachos de abogados distribuidos por España.
"En julio de 2014 presentamos la primera demanda
colectiva en España con 2.570 familias afectadas", explica José Baltasar
Plaza, socio director de Bufete Rosales. "A día de hoy llevamos más de
12.000 familias afectadas y aún seguimos firmando y captando más de 25
afectados al día. Quedan todavía muchos y queda tiempo para reclamar",
asegura.
Y del tiempo en el que el sector financiero forzó la máquina
para capitalizarse captando recursos entre ahorradores quedan aún otros
productos cuyas reclamaciones llegan ahora a los juzgados como la emisión de
bonos convertibles de Banco Popular (700 millones), por ejemplo.
Pero el caso que mayor interés despierta entre la defensa de
los clientes es el de las cláusulas suelo de las hipotecas. No es que estas
cláusulas sean ilegales. Lo que los jueces condenan es su opacidad en algunos
modelos de contratos. El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró nulas
todas las cláusulas suelo que no cumplieran los criterios de transparencia.
La sentencia declaró además la irretroactividad de su
decisión más atrás de esa fecha apelando al trastorno económico para la banca.
Pero dos años después, la Comisión Europea emitió un informe no vinculante que
podría abrir la puerta a reclamaciones judiciales por más de 20.000 millones de
euros. Adicae agrupa la mayor demanda colectiva en esta reclamación, al
representar a 20.000 afectados que piden al juez la restitución de unos 200
millones de euros.
Los bancos, forzados
a provisionar las indemnizaciones
Con un ratio de sentencias desfavorables que en muchos casos
supera el 95%, los bancos están obligados a provisionar las indemnizaciones. El
pasado 23 de diciembre, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)
movió a Bankia y su matriz BFA a elevar un 130%, hasta 1.840 millones de euros,
sus provisiones para cubrirse frente a las indemnizaciones por la salida a
Bolsa de la entidad. La nueva cifra crece en 1.060 millones de euros frente a
los 780 de hace tan sólo un año. Bankia no desglosa los conceptos de este
millonario fondo, pero asegura que, además de la devolución de lo invertido por
cada particular, los costes judiciales que se añaden son "muy
relevantes".
Adicae, por ser asociación de consumidores especializada en
demandas colectivas, cobra 36 euros en concepto de cuota de socio y 90 euros
por costes judiciales. En los contratos de los abogados que representan a
demandantes, es frecuente que el despacho exija al ahorrador un depósito con el
que cubrir gastos.
Todo lo demás queda a expensas de la sentencia del juez.
Cremades, por ejemplo, que representa a más de 1.500 accionistas de Bankia con
una inversión de más de 40 millones de euros, establece "un fijo modesto y
un variable razonable conforme al importe reclamado".
Así, si el auto condena al banco a indemnizar pagando costas
e intereses, el cliente recupera su inversión y el depósito. El bufete -Cremades,
Arriaga o cualquier otro- carga entonces sus honorarios sobre el banco. Algunas
entidades han indicado que el precio de estos honorarios para juicios en
segunda instancia llega a triplicarse respecto al establecido por los propios
bancos cuando ganan, alcanzando 4.000 euros. En el caso de Bankia, la paradoja
es que la carga de los honorarios de todas las demandas ganadas por la
desastrosa salida a Bolsa de 2011 corre ahora, tras el rescate de la entidad a
cargo del contribuyente, propietario de un 100% de BFA y un 62% de Bankia a
través del Frob.
Según el contrato, se lleva también los intereses. Así, con
un interés del 4% -interés legal del dinero entre 2011 y 2014 y un 3,5% en
2015-- sobre una inversión de 10.000 euros realizada en 2011, esos intereses
ascenderían hoy a unos 1.600 euros. Sobre 600 millones, serían 96 millones, un
premio más que considerable teniendo en cuenta que una vez seleccionados los
clientes, el contenido de la demanda es común en muchos aspectos al de otros
miles.
Gran porcentaje de
éxitos
Una pequeña parte de las demandas se pierde. Y aunque el
riesgo de añadir los honorarios de Bankia a lo perdido en la OPV es pequeño, no
deja de existir. Si es sin condena a costas, el despacho se queda con el
depósito. Pero en los casos con condena a costas, es el cliente quien carga con
las costas y los honorarios de los abogados de la entidad, que en el caso de
Bankia ascienden a 1.200 euros en segunda instancia.
¿Llegará un momento en el que se agote el filón de las
reclamaciones porque las grandes entidades corrijan sus abusos? "Creo que
no", contesta Jesús María Ruiz de Arriaga. "En el pasado, incluso
habiendo legislación que lo impedía y órganos de supervisión y control (Banco
de España, CNMV, Administración, etc.), cometieron abusos con bastante
impunidad. Ojalá hayan aprendido. Arriaga Asociados no lucha contra los bancos
sino contra los abusos y a favor de los consumidores. Los bancos tienen que
existir pero, espero equivocarme, si pasáramos otra crisis, podrían volver a
intentar obtener beneficios o capitalización a costa de sus clientes y
ahorradores", concluye.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario