Por Íñigo
de Barrón
El País,
03/05/2016.
El Banco de España envió un escrito “común a
todas las entidades para que realizaran un examen de los gastos de
representación o asimilables” entre 2011 y 2014, dice en la última Memoria de
Supervisión. El informe admite que ha abierto inspecciones a diez entidades que
agrupan el 61% de las hipotecas para verificar que venden bien estos productos.
Por otro lado, el supervisor admite que uno de los retos del sector es
restaurar la confianza de los clientes tras los “evidentes daños reputacionales”
por la mala venta de productos.
En diciembre de 2014, el ministro de Economía,
Luis de Guindos, aseguró que no existían más casos como el de tarjetas blackde
Caja Madrid y Bankia, entidades en las que más de 80 exdirectivos y
exconsejeros se gastaron 15 millones sin justificar y sin declarar a Hacienda.
El ministro aseguró que se habían investigado “todas las cajas” y se había
realizado auditorías sobre remuneraciones en todas las entidades, pero no se
había encontrado nada.
Pese a que estas afirmaciones son de 2014, el
supervisor ordenó en 2015 una investigación a fondo de todos los gastos de los
directivos para evitar más sorpresas escandalosas como las black. Se pidió a la
auditoría interna de cada banco revisar los gastos de los directivos porque se
consideraba un riesgo reputacional. La tarea exigió gran dedicación, sobre todo
a los bancos fusionados porque tuvieron que investigar en los sistemas
informáticos de las entidades compradas, donde no es sencillo bucear para
encontrar estos datos.
Ejecutivos del sector comentan que esta
investigación fue “una medida extraordinaria” y confirma que “resultó muy
exhaustiva y complicada de cumplir”. Incluyó “todas las tarjetas corporativas,
lo que supone niveles directivos más bajos que los directores generales”,
apuntan en una gran entidad que pide el anonimato.
El subgobernador también señala que deben
cumplir “con nuevos ratios de liquidez” y “mayores requerimientos de capital”.
Para lograrlo, Restoy dice que sería “deseable un periodo de cierta estabilidad
regulatoria”.
Al margen de estas cuestiones, el organismo
dirigido por Luis Linde abrió en 2015 diez inspecciones in situ a bancos
“prioritarios” que representan el 61,14% de las hipotecas. Algunas siguen
abiertas, ya que la Memoria dice que “se prolongarán hasta el segundo trimestre
de 2016”. Estas investigaciones, encuadradas en el marco del Mecanismo Unico de
Supervisión (MUS), analizan el cumplimiento de los requisitos de transparencia
en las hipotecas en ocho casos, mientras que otros dos se referían a la
aplicación del código de buenas prácticas en lo referente a la protección de
los deudores sin recursos.
El supervisor aclara en el informe que
“calificar y declarar la nulidad de las cláusulas suelo corresponde a los
órganos judiciales y no al Banco de España”.
Una de las facturas que tienen que asumir los
bancos por la crisis financiera es la pérdida de confianza de los clientes, un
aspecto clave en este negocio. El subgobernador del Banco de España, Fernando
Restoy, lo dice claramente en su carta de la Memoria de Supervisión. Señala
como uno de los retos del sector, “fortalecer la confianza de los clientes
bancarios en las entidades, tras los evidentes daños reputacionales”
ocasionados por la aplicación inadecuada “de normas de conducta en materia de
comercialización de productos financieros”.
Recuperar
la confianza de los clientes
Restoy dice que la implantación del MUS ha
supuesto el incremento de “la transparencia y confianza de los inversores”. El
subgobernador recuerda al sector que concede “la máxima importancia a la
transparencia bancaria, a la protección a la clientela y al adecuado
funcionamiento de los mecanismos de resolución de conflictos con dicha
clientela”.
Además, el subgobernador pide avanzar en la
armonización de las prácticas supervisoras dentro del MUS, sobre todo en la revisión
de los modelos internos de capital y de la información financiera. Restoy pone
en valor la atribución al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de
las funciones de resolución ejecutiva y recuerda que la resolución preventiva
corresponde al Banco de España.
Restoy evidencia que este esquema de reparto de
funciones entre más de una agencia difiere del adoptado en Europa, si bien
ensalza que permite aprovechar la experiencia adquirida por el FROB en los
últimos años.
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