Por Marina Valero
El Confidencial, 12/05/2016.
Bea es una de tantas universitarias que sueñan con abrirse
camino en el mercado laboral y recurren a estudios de posgrado para (intentar)
conseguirlo. No tenía medios para pagar su máster y doctorado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, así que se acogió al Préstamo Renta-Universidad (PRU)
en 2009-2010. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno en 2007 permitía
realizar cursos oficiales a través de un crédito ICO y ofrecía
"condiciones razonables" que dejaron de serlo en los años sucesivos,
o así lo denuncian los afectados.
Interés al 0%, posibilidad de empezar a devolver el préstamo
cuando los jóvenes cobrasen un mínimo de 22.000 euros anuales, deuda que
prescribía tras 15 años... Todo eran ventajas en 2007. Pero las cláusulas se
modificaron en los siguientes años sin que nadie informara de los cambios,
denuncia Miguel Ángel Llamas. El abogado de la plataforma de Afectados por los
Préstamos-Renta asegura que cientos de afectados van a emprender acciones
legales contra el Ministerio de Educación y los bancos que comercializaron los
préstamos. ¿Su objetivo? Que todas las condiciones vuelvan a ser como las
originales.
"Se fijaron intereses de demora y cláusulas abusivas
amparadas por el Ministerio. Exigimos que se impida embargar a esos estudiantes
angustiados que no tienen dinero ni para pagar sus necesidades más
básicas", explica el abogado. El número de afectados asciende a más de
12.000 entre los apuntados a la convocatoria de 2008 (4.724 personas), 2009
(5.183) y 2010 (2.235). Lo más grave del asunto es que las entidades bancarias
siguieron 'vendiendo' ese umbral mínimo de 22.000 euros incluso después de que
Educación lo suprimiese en 2008. "Ibas al banco y te contaban una
película. La realidad es que tenías que empezar a devolverlo aunque no tuvieras
trabajo", protesta Bea. El interés pasó del 0% al 3% en la convocatoria de
2010-2011.
Banco Santander,
quien más préstamos concedió
Llamas es especialmente duro con los bancos, pues fueron
parte activa en el proceso de comercialización. "Sacaron tajada de un
programa público al incorporar cláusulas que no venían en la convocatoria del
Ministerio". Numerosas entidades financieras han participado en el PRU,
aunque quien más créditos concedió fue Banco Santander. Dani fue uno de los
pocos que no se dejaron embaucar por los comerciales de las entidades y revisó,
una a una y en presencia de un notario, todas las cláusulas incluidas en la
convocatoria oficial del Ministerio de Educación. "La letra pequeña era
indescifrable. Había puntos que me inspiraban dudas".
Este historiador constató que tenía que devolver todo el
crédito tanto si encontraba trabajo como si no, pero decidió seguir adelante
ante la falta de alternativas. "Acababa de licenciarme, encontré trabajo
como camarero y el bar cerró. En ese momento solicité un préstamo para hacer un
máster de Estudios de América Latina". Educación le dio 10 años para
devolver todo el crédito y tres años de carencia en los que no tenía que pagar,
pero a cambio debía finalizar su posgrado en ese plazo. Los afectados plantean
cómo es posible terminar un doctorado en tres años cuando la duración media es
de cuatro.
"Mi doctorado se extinguió porque el Ministerio me
acusó de incumplimiento" al no acabar en plazo. Este joven ha empezado a
devolver un préstamo destinado a unos estudios que no va a poder finalizar.
"Tengo cinco idiomas, un máster y trabajo en los semáforos haciendo
malabares", relata Dani entre risas. Unas risas que denotan su
nerviosismo. Los afectados piden a las autoridades que se hagan cargo de su
situación y aseguran que pagarán lo que les corresponda en cuanto puedan, pero
para eso necesitan facilidades. "Cuando los estudiantes de máster salen al
mercado laboral, no hay empleo o las condiciones son precarias. ¿Cómo vamos a
pagar la deuda con un paro juvenil que roza el 50%?", plantean.
El Ministerio está
dispuesto a "estudiarlo"
El Gobierno del PP derogó el PRU en 2012 tras considerarlo
"inviable". El abogado de la plataforma acusa al departamento que
dirige Íñigo Méndez de Vigo de "falta de sensibilidad", pues no ha
respondido a las reiteradas peticiones de los afectados. "No tenemos
constancia de ellas. No tenemos problemas para reunirnos si así lo solicitan.
Es más, lo hemos hecho desde 2011 y hemos gestionado ampliaciones en los
periodos de carencia cuando se nos ha pedido", replican desde Educación.
El Ministerio dice estar dispuesto a escuchar a todos y
estudiar sus peticiones. "Pero hay cosas que no son posibles legalmente y
otras que sí se pueden intentar tan pronto como el Gobierno deje de estar en
funciones. Todo es cuestión de reunirse", matizan fuentes del
departamento. Llamas adelanta que la demanda colectiva será "masiva"
y recuerda que buena parte de los afectados han tenido que exiliarse a otros países
en busca de oportunidades.
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