Por Diego Larrouy.
El Diario.es,
28/10/2018.
El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral (Madrid, 1974)
es uno de los participantes en la Comisión de Economía del Congreso de los
Diputados en el debate y negociación de la reforma de la ley hipotecaria. Esta
normativa está llamada a transformar las relaciones de los bancos con los
clientes, evitando malas prácticas del pasado y nuevas herramientas de defensa
del consumidor.
Al igual que otras normas del sector financiero, procede de
una directiva comunitaria que acumula ya más de dos años y medio de retraso, lo
que pone a España al borde de una sanción millonaria por parte de Bruselas.
Sobre la mesa, decenas de enmiendas sobre el proyecto que presentó en su día el
anterior ministro de Economía, Luis de Guindos.
¿En qué punto se
encuentra en este momento esta tramitación?
Es cierto que en algunos detalles de esta ley se están
mejorando un poco respecto al documento original, pero en las cuestiones
centrales sigue siendo el proyecto que planteó Guindos. Desgraciadamente,
todavía el texto no supone un cumplimiento de la directiva. Entendemos que hay
una transposición a la baja de los derechos de los consumidores. Además, no
estamos haciendo los deberes, no estamos cumpliendo con las sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre otras cosas no se está
cumpliendo la reforma de la ley de enjuiciamiento civil en lo que se refiere a
algo que ya dejó claro este tribunal y es que en caso de impago no es admisible
que primero se ejecute el desahucio y luego se juzguen las reclamaciones que
haya hecho el consumidor.
La actual ministra de
Economía, Nadia Calviño, ha defendido en repetidas ocasiones que la ley esté
aprobada antes de final de año, ¿lo ve factible existiendo estas diferencias?
Les ha entrado mucha prisa a última hora. Nosotros veníamos
denunciando desde antes que se presentara el proyecto de Guindos principalmente
dos cosas. En primer lugar, que no se había traspuesto en tiempo y forma la
directiva referente a la ley hipotecaria. En segundo lugar, preguntamos si
había un procedimiento sancionador contra España por el incumplimiento. No hubo
respuesta en ninguna y acabamos conociendo
lo del proceso sancionador cuando lo publicó la propia Comisión Europea.
Lo que no se ha hecho en tres años ahora se quiere resolver a una velocidad de
vértigo, siendo una ley de fondo que regula una materia muy sensible para la sociedad
española. Esto es peligroso porque cuando se hacen las cosas muy rápido muchas
veces no se termina haciendo muy bien.
¿Cuáles son los
puntos que les separan con el Gobierno ahora mismo?
Las cuestiones centrales son muy delicadas. Una de ellas es
la cláusula de vencimiento anticipado. El TJUE nos ha advertido en varias
ocasiones. El problema es que los bancos han abusado y se han saltado la ley de
forma flagrante y sistemática y gobierno tras gobierno no son capaces de asumir
que tienen que hacer cumplan con las normas. La Ley incluye ahora una
obligación de nueve cuotas y una serie de porcentajes sobre el valor de la
hipoteca pero nosotros defendemos que lo que hay que aplicar es el sistema
alemán que es un 10% del capital pendiente y que se pueden reclamar cuantías
pendientes por otras vías menos drásticas que la ejecución hipotecaria. Por
otro lado, con la norma tal como está redactada ahora mismo se podría abrir la
compuerta a que se realizaran miles de ejecuciones que fueron paralizadas por
el Supremo cuando consultó al TJUE sobre este vencimiento anticipado. Aunque
parece que el Gobierno puede tomar alguna medida para paralizar eso. El
problema es importante para la banca porque el abuso ha sido grande. El atraco
al que se ha sometido a la población española por parte del sistema financiero
ha sido brutal.
¿Y cómo puede
responder el TJUE si no hay modificaciones en este sentido?
Ahora mismo se compra tiempo para ejecutar nuevas hipotecas,
pero el TJUE dirá más pronto o más temprano que esto no se ajusta al derecho
comunitario. Hay una verdadera falta de voluntad de cumplimiento por parte de
las entidades pero también falta de coraje por parte de los Gobiernos para
meterles en cintura. En una vista en el TJUE a la que acudí, el abogado comunitario
aseguró que el incumplimiento de la normativa comunitaria en España era
sistemático. Se están jugando los intereses del país, una posible sanción de la
UE, por proteger a los que han jugado con los derechos de los consumidores
porque son demasiado grandes para cumplir la ley. Antes se decía lo de que
algunos bancos son demasiado grandes para caer, con la banca española hay que
decir que son demasiado grandes para cumplir la ley y se pueden permitir estar
por encima de la ley.
En esta tramitación,
¿en qué postura ven al PSOE y a la ministra Calviño?
Pues estamos muy lejos. Comentaba el ejemplo del vencimiento
anticipado, pero hay otros. Es el caso también de todo lo que afecta a la
limitación de responsabilidad en caso de impago, que nosotros defendemos que
debe ser el bien hipotecado y el derecho a la dación en pago. De eso no quieren
hablar. De la cuestión de aplicar la protección para evitar los desalojos
forzosos sin alternativa habitacional en situación vulnerable, tampoco. No
coincidimos en cuanto a que los notarios se conviertan en parapetos de los
bancos y que asuma la labor de asesoramiento. Supone que la responsabilidad sea
de un funcionario y por ende de la administración publica y no del banco que es
el que pone las condiciones. De este modo si el consumidor reclama debe ir a
por la administración y no contra la entidad. El problema es que el tronco del
texto legal sigue siendo el que presentó De Guindos. Tampoco nos sorprende.
Cuando se presentó este proyecto, nosotros registramos un texto alternativo. El
PSOE votó entonces el texto de Guindos. Si lo hicieron es porque se encontraban
mas cerca de del suyo que del nuestro. Es cierto que están intentando hacer
algunas mejoras, pero la cuestión esencial la ley que plantea el PSOE es el
texto de Guindos con algún barniz y algún lijado.
Algunas de sus
propuestas tienen como base las sentencias del TJUE, que ha enmendado algunas
prácticas de la banca como las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa ¿Qué
valoración hace del papel de la justicia comunitaria en esta defensa de los
derechos de los consumidores hipotecarios?
El problema es el cumplimiento efectivo de esas sentencias.
Es cierto que el TJUE dice que lo que se hace en España es ilegal, pero el
Estado no cumple las sentencias en materia hipotecaria. La población sigue
teniendo niveles altísimos de desprotección. En España se hace como que se
cumplen para realmente no cumplir. Esa es la realidad, por eso cae una
sentencia detrás de otra. Los bancos van arrastrando los pies y eso es muy
duro. Y eso que no se puede decir precisamente que el TJUE sea un nido de radicales,
obviamente defienden el mercado. Pero lo que se ha hecho en España es una cosa
que en Europa no se entiende.
¿Cómo ha
impactado la sentencia del Supremo sobre
el impuesto de actos jurídicos documentados? ¿Se incorporará a la ley?
Para nosotros no había duda. Hemos defendido que todos los
gastos de gestión tenían que correr a cuenta del banco. No tenemos duda en este
respecto. Otros sí la tienen. Nos interesa conocer los fundamentos jurídicos
del Supremo, por eso la próxima reunión será el dia 6 de noviembre [El día 5 se
reúne la sala de lo contencioso administrativo del Supremo para concluir cuál
es la doctrina que se debe aplicar]. Vamos a ver cuáles son los supuestos
jurídicos entendiendo que el legislador tiene plena capacidad para legislar,
pero la opinión del supremo puede ser interesante para ilustrarnos cuales son
las posiciones desde el poder judicial en estos momentos.
Esta ley hipotecaria
estaba ideada en su origen como un refuerzo de la defensa del consumidor
respecto a la entidad financiera. ¿Considera que si no se aprovecha la reforma
puede ser una oportunidad perdida?
Lo que es cierto es que poco a poco los bancos están
retrocediendo. Era una situacion muy flagrante para la sociedad y para las
propias resoluciones judiciales. Pero van arrastrando los pies. El texto sigue
estando en una parte fuera de la ley. Ahora, ¿hay alguna pequeña mejora? La
hay. Por supuesto, pero porque estas transponiendo una directiva. Pero las
cuestiones clave, en lo relativo a las sentencias del TJUE o a la realidad
social y económica del país, para nosotros queda muy lejos y contiene serios
peligros para la población y para el Estado.
Usted ha participado
en la comisión de investigación de la crisis financiera. En las conclusiones de
su grupo se desliza que, aunque las reglas del juego han cambiado, se siguen
produciendo desmanes en la banca ¿Sigue quedando camino por recorrer?
Hay desmanes y los peligros. Las dos cosas. Hay en marcha
una burbuja inmobiliaria en la que además operan nuevos actores desconocidos para
los reguladores económicos y jurídicos de nuestro país como son los fondos
buitre. Además, vimos en esa comisión que los sistemas de control y supervisión
son más laxos ahora. El sistema de control que tenía el Banco de España era
bastante más eficiente que el Mecanismo Único de Supervisión. Ademas los bancos
están en un rescate permanente con los préstamos al 0% del BCE. Hay un problema
serio. Por otro lado, la ausencia de un actor financiero público capaz de
dinamizar la economía para nosotros es peligrosa. La situación ha sido muy dura
para la sociedad y creemos que el rescate ha sido superior a las cifras de las
que hablamos continuamente. Sigue habiendo una situación grave y complicada que
podría afectar a la estabilidad del país. Por ejemplo, el hecho de tener que
pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, supone un terremoto que hace
que se desplomen en Bolsa. Eso quiere decir que las entidades financieras no
están saneadas. A esto hay que unir las sentencias que están pendientes por parte
del TJUE. Vamos a ver qué pasa con el vencimiento anticipado porque es muy
serio. La sentencia del impuesto parece el terremoto mundial, pero es un juego
de niños en comparación con esto.
¿Cuáles son, en su
opinión, las medidas que más apremian para proteger al cliente hipotecario?
Son muchas. No estamos hablando de algo que con una sola
medida se solucione como una varita mágica. Todo lo relativo a aplicar medidas
de protección, la limitación de responsabilidad del deudor, que se garantice a
las personas en situación de vulnerabilidad que no irán a la calle existiendo
viviendas vacías, que haya un procedimiento judicial donde la gente se pueda
defender, que se busquen procesos alternativos a la ejecución hipotecaria, que
haya procedimientos sancionadores severos. Son muchas cosas y no todo está en
la ley hipotecaria. Hubiera sido mucho
más interesante que la reforma de esta ley hipotecaria se hubiera hecho de otra
forma, con un proceso dialogado que nos permitiese no repetir los errores del
pasado. Pero les ha entrado las prisas. Por ejemplo, esta ponencia está puesta
en marcha sin conocer las conclusiones de la comisión sobre la crisis
financiera. Esto es un poco absurdo.
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