Por Juan Antonio Gallego Capel
El Diario.es, 01/10/2018 -
12:48h
La banca española quebró. El mismo presidente de la Reserva Federal
tardó año y medio en reconocerlo. En septiembre de 2010 dijo claramente que la
banca en EEUU y Europa estaban quebrada. Un robo de la banca privada. Hicieron
creer que esto era un problema de unos cuantos políticos corruptos y se
cargaron las Cajas para luego, a precio de saldo, quedárselas entre unos pocos
bancos.
El Gobierno de Rajoy, que no le costó dejarse influenciar por la
banca, la rescató, realizando el mayor programa de beneficencia que se conozca.
Se gastaron nada menos que la friolera cantidad de 61.000 millones de euros
para rescatar a la banca. Este dinero procedía, de nuevo, de ti y de mí.
Prácticamente el mismo dinero que la hucha de las pensiones.
En este país el que no está indignado es que no sabe lo que está
pasando. Y los mayores medios de comunicación controlados por los poderes
económicos no están por la labor. La izquierda defiende hoy que la banca vía
impuestos contribuya al sostenimiento del sistema público de las pensiones, ya
que los beneficios registrados en estos últimos años se apoyan en su rescate
previo. "Rescate por rescate es de justicia social". Es lo mínimo que
se les puede exigir, o eso o devolver todo el dinero que se les prestó, ¿no?
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo se mantienen firmes en
que España debe terminar con el proceso de privatización de las entidades que
fueron nacionalizadas como fue BANKIA. Existe cierta inquietud porque no se ha
hecho ninguna gestión para la privatización de estos bancos en manos del Estado
desde 2014.
El gobierno de Rajoy se dio hasta 2019 para la privatización total de
BANKIA, medida que, según el entonces Ministro de Economía, Luis de Guindos,
tenía por objeto obtener el máximo retorno de las ayudas públicas concedidas a
la banca (eso no se lo cree nadie).
La cuestión es que unas pocas entidades se han hecho con el control
del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización de las ganancias y
socialización de las pérdidas que ha realizado el Gobierno del PP ha permitido
sanear los balances de prácticamente la totalidad de las entidades. Sin
embargo, la economía real no parece haberse beneficiado de todo ello y, en
tanto el sistema financiero vive de la economía real, cosa que tiende a
olvidarse demasiado a menudo, han vuelto las tensiones al sector.
Una nueva crisis financiera para una economía como la nuestra sería
dramática, más aún cuando los últimos años no han sido aprovechados para
fortalecer los instrumentos públicos. BANKIA no debería privatizarse jamás y
debería aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de
banca pública que permita afrontar con mayores garantías retos venideros.
El abordaje de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa tras la
moción de censura previsiblemente congelará los planes de privatización de
BANKIA, entidad en la que el Estado mantiene una participación superior al 60%
a través del FROB. En el PSOE hay partidarios de maximizar la recuperación de
ayudas públicas, pues se considera que poner a la venta las acciones del Estado
al precio de cotización actual supondría malvender la entidad. Como mínimo hay
que exigir recuperar la totalidad de las ayudas públicas, que sólo con esta
entidad ascendió a la friolera de 22.424 millones.
Desde el ala izquierda se pide que se desista de esta idea y que el
banco se convierta en oficial. Esto de socializar las pérdidas del sector
privado por ser estratégico para la economía nacional es propio de la derecha.
Seamos serios, la privatización no garantizará que el sistema financiero
español se levante de su depresión.
Es imprescindible impedir su privatización. No, no se puede perder la
oportunidad de poner una parte de los ahorros de la sociedad al servicio de un
verdadero desarrollo social. BANKIA debe consolidarse como una entidad pública
de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado, las
comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión democráticas y
transparentes, que sea un servicio público vinculado a las políticas económicas
y sociales de las administraciones públicas. De esta forma será posible que la
gestión de los ahorros de la sociedad depositados en esta entidad esté dirigida
a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios
públicos de calidad y de un sector público productivo con el objetivo
fundamentalmente puesto en la creación de empleo.
Todavía se desconocen los planes de Nadia Calviño, ministra de
Economía y, por consiguiente, los del Gobierno al respecto. Pero, si yo tuviera
la responsabilidad, lo primero que haría sería promover el relevo, primero de
Goirigolzarri y por supuesto del resto de miembros del Consejo de
Administración, así como la fusión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
para comenzar a poner la entidad al servicio del bien común.
Los ultra-liberales le llaman competencia desleal, pero el sistema
financiero europeo necesita una regulación más estricta que alinee sus
intereses a los de la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un
banco oficial con el que poder proteger a la ciudadanía y nuestros ahorros,
facilitar el crédito a un precio razonable, reducir el imponente poder de la
oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos
relevantes, y transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario,
pero también posible… Si hay voluntad.
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