Por Juan Carlos Martínez
Crónica Global, 01/10/2018.
La banca tiene otra ‘patata
caliente’ en ciernes. Se trata de un millón de préstamos hipotecarios
referenciados al índice IRPH que, mayoritariamente, fueron concedidos por las
cajas de ahorros, y que ahora, tras el rescate de 2012, acabaron traspasados a
los balances de los bancos a través de los procesos de fusión acometidos. Hace
una década, la diferencia entre el Euríbor y el IRPH era de casi 2 puntos
porcentuales favorables a este último índice.
Aunque en diciembre de 2017, el
Tribunal Supremo minimizó este riesgo, dictando jurisprudencia en el sentido de
que el IRPH gozaba de total transparencia y, por lo tanto, que las hipotecas
sujetas a este índice debían considerarse como no abusivas, la Comisión Europea,
como ya ocurriera con las cláusulas suelo, parece discrepar.
El Supremo, en entredicho
En este sentido, acaba de remitir
un informe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que duda
del criterio del Alto Tribunal español, y ve indicios de que estos préstamos
podrían vulnerar la legislación comunitaria en materia de protección de los
consumidores.
El informe de la Comisión Europea
es el primer paso para que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial
planteada por el juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, sobre una
hipoteca de Kutxabank referenciada al IRPH, al considerar erróneo el criterio
del Supremo.
Será ahora el Abogado General de
la Unión Europea el que emitan su dictamen, antes de que el tribunal
luxemburgués resuelva la cuestión planteada.
Abuso por déficit de información en la contratación
Si finalmente el TJUE entiende
que sí existe vulneración de la normativa comunitaria, el sector bancario
español se verá abocado a un problema de dimensiones similares al que ha tenido
con los abusos cometidos con las cláusulas suelo. Lo será porque el IRPH se
ofreció, como ocurrió en este caso, con déficit de información similar a la
hora de explicar los costes que implicaba su aplicación.
En el informe de la Comisión
Europa se recuerda que la normativa comunitaria obliga “a explicar al
consumidor, antes de la firma del contrato, como se configura el tipo de
referencia, cuál ha sido la evolución de este tipo en el pasado así como su
posible evolución futura, comparándolo con otros tipos utilizados en el
mercado”.
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