Por Aitor Riveiro
El Diario.es,
19/10/2018.
Rivas-Vaciamadrid parece una más de las ciudades dormitorio
del extrarradio de Madrid. Un municipio en el sureste de la región que ha
acogido durante décadas a familias de clase trabajadora que no encontraban su
sitio en la capital. Pero Rivas no es una localidad más. Está gobernada por IU
desde los años 90 de forma ininterrumpida y hace gala de la política de
vivienda pública que desarrolla desde hace años. Una política que les llevó en
2011 a enfrentarse al Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Siete años
después, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Consistorio y, al menos
durante un día, ha tensado a la gran banca española.
Rivas es el municipio que ha ganado en el alto tribunal un
recurso que podría significar que uno de los impuestos que grava la compraventa
de una vivienda, el de Actos Jurídicos Documentados, lo tienen que pagar las entidades crediticias
y no los clientes. Podría, porque el Supremo dictó hace unos meses una
sentencia en sentido contrario. Ahora, el Pleno del órgano deberá resolver un galimatías jurídico que
pone en juego el destino de una cantidad indeterminada de dinero que podría
sumar varios millones de euros.
La cantidad que motivó que Rivas llegara a los tribunales
fue mucho menor: 2,5 millones que la Hacienda madrileña reclamaba al municipio
por las alrededor de 4.000 hipotecas firmadas por la Empresa Municipal de la
Vivienda de la localidad.
El Ayuntamiento se convirtió en un promotor de pisos que
sacar al mercado del alquiler a un precio bajo para las personas que cumplieran
determinados requisitos, explica el actual regidor, Pedro del Cura, en
conversación con eldiario.es. El Gobierno municipal presidido entonces por José
Masa reclamó al Gobierno regional del PP la misma exención fiscal de la que
disfrutan otras administraciones, como la propia Comunidad de Madrid. Pero el
Ejecutivo que ya comandaba Esperanza Aguirre rechazó la petición, al considerar
que los pisos de protección eran más grandes de lo que debían.
Agotados los recursos administrativos, el Gobierno municipal
de IU recurrió a los tribunales. El Superior de Justicia de Madrid, en 2015, no
le dio la razón. El Supremo, en 2018, sí.
"Estábamos reclamando 2,5 millones de euros de los
vecinos que nos negábamos a tener que pagar porque entendíamos que lo tenían
que pagar ellos", asegura Del Cura. El alcalde del municipio más grande
que gobierna IU, en coalición con la marca de Podemos en la localidad,
considera la sentencia "un éxito del municipalismo". "Los
vecinos solos no hubieran podido", apunta. El pleito se ha llevado con los
servicios jurídicos propios del ayuntamiento. "Los costes han sido pocos,
10.000 o 15.000 euros", explica el regidor.
La disputa, asegura Del Cura, comenzó por una decisión
política de Esperanza Aguirre. "Cuando el Gobierno del PP promocionaba
vivienda libre y subía tanto el precio, nosotros hacíamos lo contrario",
recuerda Del Cura, que ya formaba parte del Consejo de Administración de la EMV
antes de llegar a alcalde. "Casi todas las políticas eran contrarias a las
del PP", añade. "Recalificaban para hacer vivienda libre y nosotros
protegidas. Hicieron todo lo posible por boicotearlo", zanja.
Durante lustros, Rivas ha sido uno de los pocos municipios
gobernados por IU en la región. Y el único con una población importante. Si en los
años 70 los habitantes apenas sumaban el medio centenar, ahora sobrepasan los
80.000, cuya renta disponible supera en poco los 25.000 euros anuales.
El crecimiento tuvo su punto de inflexión al inicio de la
democracia y se ejemplifica uno de los barrios de Rivas. Su nombre es Covibar,
acrónimo de Cooperativa de Viviendas Baratas. Fue el inicio de una experiencia
y de una forma de hacer que ha llegado hasta hoy.
Pese a una grave crisis interna que tuvo su epicentro precisamente en la EMV
y que llevó al anterior alcalde a ceder el bastón de mando un año antes del
final de su mandato, en 2015 IU revalidó la Alcaldía de la mano de una
candidatura conjunta con Equo liderada por Del Cura. La marca de Podemos dio
primero su apoyo externo aunque con el tiempo terminó entrando en el Gobierno
municipal.
Históricamente, Rivas se ha enfrentado al Gobierno central
de Madrid, controlado por el PP desde 1995. La incidencia en el entorno del
vertedero e incineradora de Valdemingómez, los accesos a la autovía de circunvalación
M50 o la situación de la Cañada Real, uno de los conjuntos de edificaciones
ilegales más grandes de Europa que alberga un hipermercado de la droga, han
sido algunos de los litigios habituales.
La inquina que, dice Del Cura, había contra su ciudad se ha
acabado revolviendo contra quienes la promovía. "El PP, por ir contra
Rivas, ha acabado yendo contra todo el sistema financiero", apunta con
ironía. Siempre y cuando el Tribunal Supremo opte por convertir en
jurisprudencia una sentencia que, en el caso concreto de este municipio, ya es
inamovible.
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