Por Juan Torres
Diario Público.es,
15/07/2013.
La reacción de las autoridades
europeas y del gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que
pretende limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables
y vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de
este tipo para elegir.
A mi juicio es una reacción
miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan
razón en lo que dicen.
¡Claro que ese decreto amenaza a
la banca y supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy
día!
Es evidente que -en la situación
actual de la banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o
se permitiese que las personas más humildes que han perdido su puesto de
trabajo y sus ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en
las condiciones pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso
podría provocarse un auténtico caos en el sector.
Tampoco hace falta ser un gran
experto en negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista
que mueve el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría
igualmente amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva
consigo respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por
supuesto que todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando
de que el Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una
amenaza. Pero lo que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se
debe resolver.
El decreto de la Junta de
Andalucía es una amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a
cabo últimamente es materialmente incompatible con la justicia más básica, con
la función económica de financiación a empresas y consumidores que se supone
debe desempeñar y con el equilibrio económico elemental que se debe guardar en
toda sociedad para que el conflicto no estalle y todo se venga abajo.
Es verdad, como digo, que tratar
en estos momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan
de pagar unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para
estos. Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea
desmesurada sino porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando
niveles de beneficio desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y
artificial de la deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y
seguridad. Porque ha querido situarse durante demasiado tiempo en el filo de la
navaja para obtener ganancias y poder extraordinarios a costa de su propio
equilibrio financiero y patrimonial y de la estabilidad de todos y del sistema
económico en su conjunto.
La cuestión, pues, no puede
consistir en limitarse a constatar, como hacen los dirigentes europeos y los
del Partido Popular español que trabajan para la banca, que frenar los
desahucios tan injustos que se vienen produciendo es una amenaza. Lo que hay
que hacer es determinar por qué la justicia amenaza a la banca y por qué ésta
es incompatible con una reivindicación ciudadana tan ampliamente apoyada.
Por el contrario, imponer
unilateralmente el principio de que el interés de los banqueros ha de
prevalecer sobre la justicia y las preferencias sociales mayoritarias no solo
es dictatorial sino algo muy perjudicial para la vida de las empresas y del
conjunto de la economía.
Las consecuencias de que los
bancos actúen con plena libertad, sin apenas restricción legal o moral alguna,
ya las estamos viendo: no solo llevan a situaciones límites a las personas
físicas y a las empresas sino que paralizan a las economías porque dedican los
recursos a la especulación y a lograr tasas desproporcionadas de beneficio que,
para colmo, conllevan un poder político excesivo que tiende a desmantelar las
democracias. La banca actual, cuya actividad principal consiste en alimentar la
inversión especulativa recurriendo para ello a todo tipo de fraudes, a los
paraísos fiscales y a la utilización opaca y delictiva del dinero, es el
principal obstáculo para salir de las crisis permanentes y para generar empleo
y estabilidad económica. Esa es la verdadera amenaza que hay que evitar.
Por eso, cuando se detecta que un
decreto justo, ampliamente deseado por la población (ni siquiera el grupo
parlamentario del Partido Popular votó en su contra en el Parlamento andaluz) y
que resuelve un grave problema social, amenaza a la actividad bancaria lo que
hay que hacer es conseguir que la banca sea compatible con él y no al revés. Es
decir, corregir los defectos en la actividad de la banca y no obligar a la
sociedad a tener que sufrirlos.
La banca de nuestros días es la
que ha provocado las crisis financieras en las que nos encontramos. Es la
culpable de que miles de empresas cierren y de que tantas familias pierdan
injustamente sus viviendas. Ella misma es la responsable de que los bancos
estén quebrados, de que sean auténticos zombis que no hacen nada más que
absorber sin descanso miles de millones de euros que entonces no pueden
destinarse a crear empleo y bienestar social. Y todo eso lo ha provocado sin
necesidad. O mejor dicho, porque gracias al poder político acumulado por los
banqueros se ha conseguido convertir en sacrosanta necesidad social lo que
simplemente es el interés particular de unos pocos.
Eso es lo que hace que el decreto
de la Junta de Andalucía sea una amenaza y, por tanto, la respuesta no puede
ser paralizar su aplicación para dejar tranquila a una banca que no funciona y
cuya actividad irresponsable paraliza la economía y cada día nos cuesta más
dinero.
Si la banca española estuviera
funcionando bien, si se dedicase a financiar a las empresas y consumidores
ayudando a crear empleos, si estuviera actuando al servicio de la creación de
riqueza sostenible, entonces quizá alguien podría criticar que un decreto fuese
excesivamente socializante (que ni siquiera lo es) o que una sensibilidad
social exagerada del gobierno andaluz pusiera en peligro ese funcionamiento.
Pero lo que sucede es justamente lo contrario: lo que se busca con este decreto
es que la banca cumpla con su función económica y social genuina y que sirva
para que la economía funcione como un sistema de satisfacción de las
necesidades humanas y no como un cataclismo constante en aras de beneficiar a
una proporción ínfima de la población.
Yo sé que se trata de una
expresión fuerte, desacostumbrada y que hace que algunos me califiquen de
radical o exagerado. Pero es que creo firmemente que lo que sucede es que la
banca, además de actuar de forma claramente anti social, anti empresarial y anti
económica, se ha convertido en una actividad criminal porque atenta ya contra
el bienestar, el patrimonio, la seguridad e incluso la vida misma de millones
de personas, de la inmensa mayoría de los seres humanos. Solo eso puede
explicar que se sienta amenazada por medidas como las que trata de poner en
marcha la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que hay que corregir es la
naturaleza de su negocio, y no los intentos de paliar el daño que hacen los
banqueros.
Finalmente no quiero terminar
este artículo sin mencionar que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse
próximamente sobre el decreto puesto que éste ha sido recurrido por el gobierno
central.
Conociendo cómo se ha elegido a
sus miembros y cuáles son su militancia y servidumbres no tengo muchas dudas
sobre el veredicto. Quisiera equivocarme, pero me atrevería a aventurar que
estamos a la puerta de otro escándalo vergonzoso que supeditará la justicia y
la voluntad social a las imposiciones de los banqueros. Hay que esperar a su
sentencia pero si finalmente el Constitucional sacrifica el decreto, es decir,
si supedita la justicia social al beneficio bancario, tal y como ha pedido la
Troika, no quedarán más dudas de que la corrupción se ha adueñado de todas las
instituciones y de que es imposible convivir con este régimen institucional y
con el sistema financiero que tenemos, en manos de auténticos irresponsables.
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