Por Beatriz Gimeno
Diario Público.es,
24/07/2013.
El decreto andaluz antidesahucios
es una medida modesta e insuficiente para la gravedad del problema al que se
supone que se enfrenta, como denunció en su día la plataforma Stop-desahucios.
Es una medida que en la mayoría de los casos sólo va a retrasar el problema,
que no acoge a todas las familias que lo necesitan sino únicamente a aquellas
que están en una situación ya desesperada, que fija un plazo temporal demasiado
breve para garantizar la estabilidad vital necesaria en esta situación de paro
masivo y que, además, no supone una mejora sobre lo más importante: la
existencia de cientos de miles de familias atrapadas por deudas que no van a
poder pagar, con vivienda o sin ella, ya que estamos en un contexto no sólo de
paro, sino también de importantes rebajas salariales.
No obstante, el decreto supone
una solución de emergencia para familias en situación límite, visibiliza
el derecho a la vivienda como derecho social básico y además incluye una
batería de medidas complementarias que incentivan el alquiler y
desincentivan la posesión de viviendas vacías. Esto sirve para
visibilizar también algo que debería ser obvio, que está incluso en la
Constitución, pero que se ha convertido en un tabú innombrable en estos
tiempos: la función social de la propiedad. Por eso, el decreto abre una
grieta, aunque sea pequeña, en el discurso único y monolítico de
que no existen otras políticas posibles que las que se están aplicando con mano
de hierro. Existía, además, la posibilidad de que otras comunidades se fueran
sumando a esta medida (Canarias, Navarra…) extendiéndose así la idea no sólo de
que es posible hacer otras políticas que no sean las de salvaguardar los
intereses de los bancos a toda costa, sino que también, a la sombra de éstas,
se podría ir extendiendo la certeza de que estas políticas que se nos imponen
son inhumanas y profundamente inmorales, así como de que es posible cambiar las
cosas, mediante el voto, por ejemplo. Resulta que si se comprueba que –incluso
en esta situación- es posible hacer cosas diferentes, tener en cuenta otros
intereses, los de la gente, por ejemplo, entonces los mercaderes que nos
gobiernan quedan en evidencia como lo que son. Su obsesión es que parezca que
no hay opción.
El decreto abre una grieta en el
hasta ahora único argumento de que lo único que importa es la “estabilidad
financiera”, frase que parece inocua, alejada de la realidad de las
personas normales pero que, en realidad, en este contexto, es una manera de
decir que lo único que importa son los intereses financieros, caiga quien
caiga, es decir, nosotros. El Partido Popular no podía permitir que esta grieta
se fuera haciendo más y más grande y ha corrido a recurrir el decreto, lo que
ha supuesto su paralización temporal. Para hacerlo necesitaba una excusa, algo
que pudiera ayudarles a no dar la impresión de que ayudan sólo a los bancos y
no a la gente, sino que lo que ocurre es que hay problemas mayores, como la
“estabilidad financiera” que no permiten otra manera de actuar. Porque
naturalmente la inmensa mayoría de la gente apoya el decreto, incluida la
mayoría de los votantes del PP. Recordemos que la simpatía popular por la PAH,
por sus acciones, por sus reivindicaciones, ya obligó al PP a tener que hacer
el paripé de admitir a trámite la IPL presentada por la PAH, para poder
desactivarla luego desde el mismo parlamento. Y les obligó después a hacer otro
paripé, el de presentar y aprobar su propia ley antidesahucios, presentada
entre sollozos por la vicepresidenta y que no sirve absolutamente para nada
porque, ésta sí, se preocupa por la estabilidad financiera, y no por los
desahuciados.
La excusa que el PP buscaba se la
prestaron raudos los mercaderes de la Comisión Europea y del Banco Central con
un informe en el que advierten de los males que se avecinan en caso de que el
decreto siguiera adelante. A Bruselas no le ha hecho falta mucha presión para
venir en auxilio del Partido Popular porque tampoco allí se pueden permitir una
grieta, siquiera dialéctica, en los argumentos utilizados para implantar sus
políticas de expolio generalizado. Estas políticas se ejecutan en medio de una
batalla ideológica en la que el lenguaje juega un papel fundamental. Por eso
todas estas medidas vienen siempre con su correspondiente “kit” de
instrucciones que consiste en un argumentario construido en base a su
particular neolengua; una lengua que sirve para ocultar y hacer ininteligible
la realidad. La Comisión Europa y el Banco Central han escrito una carta
y han presentado un informe en el que presentan el decreto andaluz como un
terrible peligro para el sistema financiero, nada menos; ese mismo que se llevó
por delante Lehman Brothers, con el ahora ministro de Guindos al frente. Así
que con la “estabilidad financiera” como bandera, la Troika demuestra una
vez más que no es más que el brazo armado de una panda de mercaderes preocupados
por sus propios intereses y sin ninguna relación con la ciudadanía, con sus
parlamentos o sus democracias. El parlamento europeo está desaparecido ¿alguien
sabe para qué sirve exactamente? La democracia está tomada por los poderes
financieros que nos han dejado claro que es posible expropiar cientos de casas
particulares para construir campos de golf, como se ha venido haciendo a lo
largo de todo el territorio, pero no es posible retener la propiedad de los
pisos que tienen vacíos los bancos (no es realmente una expropiación) durante
tres años para que familias sin otra vivienda tengan un techo.
En otra muestra de ese lenguaje
con el que se busca que la realidad no se haga presente, el gobierno ha
recurrido el decreto antidesahucios diciendo que vulnera el derecho a la
vivienda, de la misma manera que nos roban la sanidad pública argumentando que
lo hacen para mejorar la sanidad pública, o acaban con la educación
mientras dicen que lo hacen buscando la excelencia. Ahora Bruselas le da al
gobierno la coartada que buscaba para paralizar este decreto argumentando que
ayudar a familias en situación límite para que no sean expulsadas de sus casas
durante tres años, puede afectar negativamente a la recuperación económica… de
los bancos. ¡Acabáramos! Me suena a que, sin quererlo, la Comisión Europea ha
dado por una vez en el clavo: aquí, o nos recuperamos nosotros y nosotras, o se
recuperan los bancos; que nadie se crea que es lo mismo o que vamos en el mismo
barco. No es lo mismo y esto me suena a lucha de clases; y no es broma.
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