Por Vicente
Clavero
Diario Público.es,
9/07/2013.
La reestructuración
del sistema financiero español ha requerido ya cerca de 220.000
millones de euros, que ha tenido que proporcionar el Estado a las entidades
en crisis para evitar su quiebra. La Comisión Europea estima que, de esa
cantidad, unos 40.000 millones son prácticamente irrecuperables, lo que
equivale a 850 euros por habitante. Pero todavía está por ver que el resto del
dinero empleado vuelva algún día al erario público, según fuentes del sector.
Las ayudas al sistema financiero
desde que estalló la crisis han sido de tres grandes tipos: inyecciones de
capital, compra de activos y avales del Tesoro para la emisión de deuda. Las
inyecciones de capital rondan los 88.000 millones de euros, incluyendo las
garantías concedidas a quienes se han quedado con alguna de las entidades
nacionalizadas. Por los otros dos conceptos -compra de activos y avales- se han
gastado 130.000 millones casi a partes iguales.
Bankia se lleva la palma
El principal perceptor de
inyecciones directas de capital es Bankia, con 22.500 millones de euros en
números redondos, la mayor parte de ellos procedentes del rescate
europeo. De esa cantidad, la Comisión da por perdidos más de 18.000
millones. Catalunya Banc tampoco podrá de devolver nunca 11.000 de los
12.000 millones que ha recibido, según los cálculos de Bruselas. El resto del
quebranto hasta los 40.000 millones tiene su origen en NovaCaixaGalicia,
el Banco de Valencia y Unnim.
Pero el problema es que hay mucho
dinero que está en el aire y que podría aumentar el coste de la
reestructuración del sistema financiero de forma considerable. Las incertidumbres
se concentran en los esquemas de protección de activos (EPA) que amparan a los
nuevos propietarios de las entidades nacionalizadas frente a posible riesgos
encubiertos, en los activos traspasados al banco malo (Sareb) y en los avales
concedidos por el Tesoro.
Un alto riesgo
En conjunto, su importe asciende
a unos 140.000 millones, de los que 28.000 corresponden a los EPA, 48.000 a la
Sareb y 64.000 son avales. Aquella cifra global, no obstante, podría verse
engrosada en función de las exigencias que pongan los eventuales compradores de
las antiguas cajas que siguen en la órbita del FROB: Bankia, Catalunya Banc y
NovaCaixaGalicia, básicamente, según las fuentes consultadas.
Las mismas fuentes recuerdan un
elemento que habitualmente se olvida al valorar el coste de la reestructuración
de la banca y es la financiación del Estado, que se encarece en la medida en
que las ayudas pasan a computar como déficit público. Sólo en 2012, el
déficit empeoró en 3,6 puntos de PIB por ese concepto, pese a los esfuerzos del
Gobierno por ocultarlo
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