Por Paco Cerdà
Diario Levante-EMV,
23/06/2013.
Las entidades financieras valencianas concentran más de la mitad de los directivos bancarios imputados el año pasado por la Audiencia Nacional, según consta en los datos de su memoria anual de 2012 difundida ayer. El aroma valenciano impregna el grueso de las irregularidades investigadas por la Audiencia Nacional en materia de delitos económicos bancarios y en casos de corrupción política. Entre las siete entidades bancarias investigadas por los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional destacan los casos de Bankia, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el Banco de Valencia. En total se cita a unos 75 directivos bancarios de toda España: sumando los 33 de Bankia, los diez del Banco de Valencia y los cinco de la CAM, se alcanza la cifra de 48 directivos investigados procedentes de entidades valencianas.
En Bankia, el cuarto banco más
grande de España con más de once millones de clientes, la querella presentada
por UPyD y apoyada por la Fiscalía Anticorrupción supuso la imputación de 33 miembros del Consejo de Administración de
la entidad bancaria y contra Bankia S.A. y Banco Financiero y de Ahorros S.A.
Se les imputaban delitos de falsificación de cuentas y maquinación para alterar
el precio de las cosas tras la fusión de siete cajas entre ellas Bancaja que
dieron lugar a la entidad y su salida a bolsa. Entre los imputados figuraron el
expresidente de Bancaja José Luis Olivas, así como el expresidente de Bankia
Rodrigo Rato o el exministro del Interior Ángel Acebes.
En cuanto al Banco de Valencia,
la inhibición de causa penal del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia
dejó paso a una investigación de la Audiencia Nacional por delitos de estafa, administración desleal y apropiación
indebida contra ex directivos, consejeros y otras personas con cargo de
relevancia de la entidad bancaria. «El procedimiento alcanza en la actualidad a
diez imputados, sin perjuicio de ampliación tras la práctica de diligencias en
curso», según recoge la memoria de la Audiencia Nacional, que también ha
incoado siete nuevas diligencias previas penales en virtud de sendas querellas
del Banco de Valencia para la investigación separada de operaciones
presuntamente delictivas. Asimismo, el juzgado de Instrucción 1 asumió en el
mes de junio una denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) contra la cúpula del Banco de Valencia.
En la instrucción del llamado Caso CAM, incoado en octubre por una denuncia presentada por particulares por delitos de estafa, falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal, están imputados cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Esta institución está personada como acusación particular. «En septiembre de 2012 se facilitó un auto por el que se abrió una pieza de responsabilidad civil por la emisión de cuotas participativas para diferenciar esa investigación del procedimiento principal y analizar si la entidad debe indemnizar a los cerca de 50.000 afectados por ese producto financiero», añade la memoria de la Audiencia. Las otras entidades bancarias investigadas son Novacaixa Galicia, con cinco imputados; Caja Castilla-La Mancha, con dos; Caixa Penedés, con cuatro; y Eurobank del Mediterráneo, con 16 directivos investigados.
El caso Gürtel el más destacado en el ámbito de la corrupción ya alcanza a un centenar de imputados. El año pasado, la Audiencia incorporó nuevas investigaciones por las presuntas irregularidades en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. «Para valorar la magnitud del procedimiento señala la memorial anual de la Audiencia Nacional baste mencionar los 2.203 tomos que acumula. Además, hay siete acusaciones personadas y están pendientes 9 comisiones rogatorias a 18 países que acumulan 65 tomos». En los seis primeros meses de 2013 ya se han cursado 25 comisiones rogatorias, de las cuales 14 han sido enviadas a Suiza; cuatro a EE. UU.; tres a Argentina; dos a Mónaco; y dos a Reino Unido.
La presencia valenciana se completa con el Caso Marsans II, que investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. En el marco de esta investigación, al empresario valenciano Ángel de Cabo le fue impuesta la fianza más elevada en la historia judicial, con 50 millones de euros.
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