Por María Jesús Cañizares
ABC.es, 02/09/2014.
Dicen que la venganza se sirve en plato frío. Algo
parecido debe experimentar el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, quien 30 años después de haber fracasado
en su intento de sentar en el banquillo de los acusados a Jordi Pujol por su implicación en la
descapitalización de Banca Catalana, tiene una segunda oportunidad. Y la ha
aprovechado: participando en la redacción de la querella que varias entidades
presentan hoy en rueda de prensa contra Jordi Pujol,
su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos, así como empresarios
próximos a la trama familiar. La querella les hace responsables de los delitos
contra la hacienda pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales,
soborno a funcionarios, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre
otros.
La querella será interpuesta por
Guanyem Barcelona, el partido creado por la activista antidesahuicios Ada
Colau, y Podemos, formación esta última de la que es miembro
Villarejo -fue elegido
eurodiputado dentro de la candidatura de este partido, pero renunció
al escaño-. En los próximos días se sumarán a la misma ICV-EUiA y Procès
Constituent. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB)
también anunció acciones penales contra Pujol después de que éste haya
confesado tener una cuenta oculta en Andorra.
Así, los caminos del exfiscal
anticorrupción y el expresidente catalán vuelven a cruzarse tres décadas
después. Jordi Pujol
había fundado Banca Catalana en pleno franquismo. Como todas las
entidades financieras, fue muy castigada por la crisis de los 70, y esas
dificultades pasaron cuentas a Pujol cuando llegó a la Presidencia de la
Generalitat. En mayo de 1984, días después de que fuera reelegido por mayoría
absoluta presidente de la Generalitat, Pujol fue incluido junto a otras 24
personas en la querella del fiscal sobre el caso.
Tras proclamar que «el Gobierno
central ha cometido una jugada indigna» e identificar los ataques que recibía
como ataques a Cataluña, en medio de la gran manifestación de apoyo popular que
le montó su mano derecha Lluís
Prenafeta -actualmente inculpado en el caso Pretoria relativo a un delito
urbanístico-, Pujol declaró ante el juez en octubre de ese mismo
año.
Los fiscales Villarejo y José
María Mena presentaron en junio de 2006 la petición de procesamiento de 18 ex
consejeros del banco, entre ellos Pujol, por presuntos delitos de apropiación
indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar
el precio de las cosas. Pero, en octubre de ese año, el pleno de la Audiencia
de Barcelona decidió no procesar a Pujol.
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