Por Eduardo Garzón
Andaluces.es, 01/09/2014.
Los partidarios de que la
propiedad y gestión de la banca sean privadas nunca se cansan de repetir que
todo lo público es por naturaleza ineficiente y problemático. Suelen acompañar
sus afirmaciones señalando el rescate de las cajas de ahorro y la supuesta
fortaleza de algunos bancos privados. Lo que curiosamente siempre se olvidan de
mencionar es que estas cajas de ahorro se rigieron por criterios prácticamente
idénticos a los de los bancos, que todos los bancos privados también están
recibiendo apoyo de lo público y que en otros países son precisamente las
entidades bancarias privadas las peor paradas de la crisis. Además, y lo más
importante de todo: los bancos privados no sólo necesitan hoy día -en
tiempos de crisis- dinero y apoyo público para sobrevivir, sino que siempre ha
sido así -incluyendo las épocas de éxito económico. Veamos por qué.
En primer lugar, un banco es
por naturaleza una empresa en quiebra. Sus propietarios ponen muy poco
dinero propio en el momento de iniciar el negocio en relación al total de
dinero que acaban moviendo, y con el tiempo esta proporción no hace sino
disminuir. Piden dinero prestado a corto plazo (cerca del 50% de la
financiación ajena proviene de los depósitos de los ahorradores) y lo prestan a
largo plazo (en ocasiones superando los 40 años como en algunas hipotecas).
Esto quiere decir que en cualquier punto del tiempo un banco no tiene
suficiente dinero para poder liquidar todas sus deudas, ya que el dinero
que tomaron prestado lo volvieron a prestar a otros agentes y por más tiempo.
Los bancos son insolventes de
forma permanente. Si logran mantener su actividad es porque existe una
confianza generalizada en que estos bancos son sólidas empresas que no van a
quebrar. No sólo los propios bancos se encargan de ofrecer una imagen
robusta (a través de sus propios mensajes publicitarios), sino que también –y
sobre todo– lo hacen las instituciones públicas encargadas de supervisar las
actividades de estas entidades (como los bancos centrales correspondientes). Sin
los informes y mensajes de tranquilidad y seguridad (en muchos casos
podríamos hablar directamente de propaganda) de estos organismos públicos
los ciudadanos no se atreverían con tanta facilidad a depositar sus ahorros
en unas empresas que por naturaleza no pueden devolverlos íntegramente a todos
sus clientes.
En segundo lugar –y tal y como
ocurre con el resto de negocios privados– las autoridades públicas le han
concedido a los bancos privados el derecho y el poder de llevar a cabo sus
actividades. Ningún banco privado podría existir si el Banco de España no
permitiese su registro empresarial, ni si el Banco Central Europeo le
concediese el poder de otorgar préstamos en euros (creación de dinero), ni si
la competencia pública de ámbito municipal le otorgas el permiso de abrir
oficinas y cajeros automáticos, etc. Los bancos tampoco podrían existir si el
Estado no mantuviese una autoridad coercitiva y unas fuerzas del orden que
velaran por la paz social de forma que se evitaran, por ejemplo, robos y
atracos, así como un sistema judicial y penitenciario que se encargara de
reducir y reinsertar en la sociedad a este tipo de delincuentes. Tampoco
podrían operar si el Estado no tuviese un sistema de educación pública que
permitiese a los ciudadanos formarse para adquirir todos los conocimientos y
habilidades necesarios para llevar a cabo las operativas bancarias.
En tercer lugar, buena parte de
los beneficios de los bancos son obtenidos gracias a los préstamos a las
administraciones públicas. En tiempos de crisis este asunto es evidente, pero
es que también ocurre en tiempos de bonanza: entre 2000 y 2006 el 40,1% de
los beneficios bancarios fueron originados gracias al negocio que llevaron a
cabo los bancos prestando dinero al sector público. Si no existieran las
administraciones públicas, ni los beneficios ni el volumen de los bancos
hubiesen sido tan elevados.
En cuarto lugar, antes de 2008 el
Estado español garantizaba 20.000 euros por titular de cuenta bancaria (el
conocido Fondo de Garantía de Depósitos). A partir de esa fecha la garantía se
incrementó hasta los 100.000 euros. Esto supone fundamentalmente dos cosas: la
primera es que los clientes de los bancos incrementan así la confianza en estas
entidades bancarias –que por definición son insolventes–; la segunda es que el
Estado le ahorra a los bancos tener que adquirir en el mercado financiero
toda esa cantidad astronómica para ganarse la confianza de los ciudadanos.
En quinto lugar, el Banco de
España interviene para impedir la competencia al alza en los tipos de interés que
otorgan los depósitos. Piénsese que en una época de crisis financiera como
la actual en la que los bancos tienen enormes dificultades para encontrar
financiación, la rentabilidad de los depósitos tendría que ser elevadísima: los
bancos tienen que competir entre ellos para captar clientes que quieran
depositar sus ahorros, y una forma de hacerlo sería incrementando la
rentabilidad de estos ahorros. Pero esto no ocurre porque el Banco de España se
encargó de enviar una circular que prohibía elevar el tipo de interés de los
depósitos (a pesar de que ello es competencia del Banco Central Europeo).
En definitiva, queda claro que la
existencia de los bancos privados sólo es viable porque hay un Estado que se
encarga de facilitar todo lo posible su pervivencia y su actividad. Así que
menos cinismo al criticar lo público cuando la actividad bancaria privada
necesita de lo público para funcionar y para sobrevivir.
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