20 Minutos, 25/09/2018
La Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio impondrá sanciones por infracción
"muy grave" a aquellas entidades bancarias que, en el plazo de seis
meses, no le comuniquen su stock de viviendas vacías, tal y como establece la
Ley de Función Social de la Vivienda, publicada el 3 de febrero de 2017.
Desde entonces han aflorado 7.000
viviendas vacías procedentes, en su mayoría, de diez entidades financieras. Sin
embargo, cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió la norma ante
el Tribunal Constitucional, los bancos pararon de comunicar sus existencias.
Por eso, ahora que ya hay sentencia y únicamente se dejan fuera los artículos
12.4 y el 13 referentes a la expropiación, la Conselleria enviará una carta a
los bancos para recordarles su obligación de cumplir la ley.
En esta misiva se les avisará que
si no comunican sus viviendas vacías durante los próximos seis meses se les
impondrá una sanción de entre 600 y 3.000 euros. Y posteriormente, en caso de
no ponerlas a disposición para alquiler social, podrán ser multados con
cantidades similares.
Así lo ha advertido este martes
la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María
José Salvador, tras reunirse junto al director general de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rafael Briet, con agentes sociales del
sector de la vivienda para abordar las medidas que llevará a cabo la
Generalitat con el objetivo de lograr un alquiler asequible.
En este sentido, Salvador ha
anunciado que el próximo mes de diciembre su departamento presentará el índice
de referencia para un alquiler asequible que, además, identificará, por
barrios, las zonas "tensionadas" con mayor presión en los precios del
alquiler.
Este índice tendrá en cuenta la
ubicación, el tamaño de la vivienda, las calidades de los materiales, la
certificación energética, y toda una serie de parámetros, para fijar una
horquilla de precios de referencia del alquiler y limitar su subida.
Para "incentivar" que
los propietarios particulares pongan sus viviendas en alquiler a precios
asequibles, Salvador negocia con la Conselleria de Hacienda establecer
"beneficios fiscales" a quienes se ajusten al índice, por ejemplo en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Además, tendrán
"preferencia" a la hora de optar a ayudas para rehabilitación y se
instará a los Ayuntamientos a dar bonificaciones fiscales en materias como el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ha apuntado la consellera.
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