Por Pepe Álvarez. Secretario General de UGT
Nueva Tribuna, 15/09/2018.
Hoy se cumplen diez años de la
quiebra de Lehman Brothers y del inicio “oficial” de la crisis económica y
social que ha azotado al mundo entero durante otros tantos años. Aunque este
acontecimiento no marcó el inicio de la crisis financiera internacional, que
emergió en el verano de 2007, sí la intensificó y aceleró, marcando un hito en
su desarrollo posterior. El saldo de esta crisis aún continúa y continuará
pasando factura a las familias españolas durante tiempo si no se toman las
medidas, que son de justicia, que permitan revertir los recortes de derechos que
se han producido durante esos años.
Esa crisis, supuso un verdadero
drama económico, social y laboral para millones de familias españolas, que
sufrieron la pérdida de puestos de trabajo, la falta de ingresos económicos,
los recortes en protección social, educación, sanidad…, que recrudecieron los
efectos de la propia crisis. Los gobiernos acometieron la misma mediante
políticas de austeridad tendentes a reducir el gasto público, que supusieron
considerables recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia,
unido a la paralización de inversiones en infraestructuras y la reducción del
gasto público en I+D+i, así como la descapitalización de numerosas
administraciones públicas, que procedieron a la privatización de empresas y
servicios y a la venta de patrimonio público a precio de saldo, con la excusa
de la necesidad de liquidez.
Así, mientras lo público perdía
patrimonio y los servicios públicos quedaban mermados, asistíamos al rescate de
los bancos, y a la destrucción de cientos de miles de empleos.
Esta situación sirvió de excusa
perfecta para la aplicación de una reforma laboral en 2012 claramente lesiva
para nuestra economía, que mediante la reducción de derechos y garantías
laborales para los trabajadores, la desregulación de las condiciones de
trabajo, el aumento de la discrecionalidad empresarial y el desequilibrio
adicional en la correlación de fuerzas en la negociación colectiva, ha dejado
un mercado laboral desintegrado, con las mayores cotas de precariedad, que
ahonda en la desigualdad y la pobreza laboral y que es, hoy por hoy, una de las
mayores debilidades de nuestra economía.
Llevamos ya cuatro años y medio
de crecimiento de la actividad y ya hemos recuperado los niveles de PIB y
superado con creces los beneficios empresariales de antes de la crisis, y
crecen los salarios de los altos directivos y las remuneraciones de los
consejeros. Sin embargo, el rescate de las personas sigue sin producirse: aún
no han recuperado sus derechos perdidos, se mantiene la devaluación salarial intensa,
la extendida precariedad en el mercado de trabajo y la debilidad de la parte
trabajadora en la negociación provocadas por la reforma laboral “agresiva”
según el gobierno que la llevó adelante, y que no permiten que los salarios de
los trabajadores recuperen poder adquisitivo. De hecho, a pesar de encontrarnos
desde hace casi cinco años en fase expansiva, todos los indicadores salariales
reflejan pérdidas de poder adquisitivo que se acumulan a las producidas durante
la crisis.
Además, y contrariamente a
cualquier lógica económica, no se ha realizado ningún esfuerzo de cara a la
consecución de un tejido productivo más estable, que permita aguantar los
ciclos depresivos con mayor facilidad y que genere riqueza duradera.
De este modo, diez años después
de la quiebra de Lehman Brothers, y a pesar de que el gobierno de Rajoy
consideraba muy buena gestión económica el crecimiento de los últimos años,
cuando ya hay indicios de una desaceleración en el crecimiento, derivada en
buena parte de fundamentar este en actividades volátiles y de bajo valor
añadido, nos encontramos con una economía más débil y quebradiza que en 2007
como desde UGT venimos avisando desde hace tiempo.
Resulta evidente que necesitamos
un cambio de dirección en las políticas económicas. Es necesario proceder a
actuar en política fiscal por la vía del aumento de los ingresos. También es
importante atender las necesidades de gasto público, recuperando los servicios
públicos esenciales. O incrementar las partidas presupuestarias destinadas a inversión
en infraestructuras. El Gobierno debe garantizar las pensiones mediante el
establecimiento de un mecanismo de ingresos que asegure su prestación y su
poder adquisitivo. Y es imprescindible derogar la reforma laboral, modificando
la legislación de manera que se equilibre la correlación de fuerzas en la
negociación colectiva.
Como bien decimos, se necesitan
medidas efectivas y reales, como actuar en materia de empleo y contratación,
reduciendo la precariedad laboral derivada de la descausalización de la
contratación temporal y a tiempo parcial y de la permisividad en la utilización
fraudulenta de estas modalidades. Incrementar la capacidad de control de la
Administración en el empleo, persiguiendo de manera más efectiva el fraude en
la contratación y en las relaciones laborales, e incrementar la capacidad de
control de la Administración en materia impositiva. Además, debemos modificar
la orientación de las políticas económicas, de cara a cambiar el modelo
productivo, y actuar en el control de los desequilibrios, orientando el
crecimiento a actividades estables.
Los trabajadores y las familias
han sido quienes han pagado las consecuencias y el coste del ajuste en la
crisis de 2007. Es momento de que recuperen derechos, salarios y bienestar
social. Y además, en este momento, la mejora de sus condiciones económicas es
una garantía para el sostenimiento del crecimiento económico y la creación de
empleo.
El Gobierno tiene que actuar ya
para que no todo siga igual. Las personas no pueden esperar.
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