Por Manel García Biel
Crónica Global, 05/09/2018.
Nadie puede dudar de que la
crisis bancaria en España está detrás de la crisis económica y social que ha
sufrido la ciudadanía.
No tenemos que olvidar nunca que
las políticas de austeridad derivadas del rescate europeo de las entidades
financieras españolas son el resultado de la transformación de la deuda privada
de las entidades bancarias en deuda pública, la cual hemos tenido que pagar el
conjunto de la sociedad española especialmente las clases trabajadoras y los
sectores más desfavorecidos.
La solución a la crisis de las
entidades bancarias españolas, derivada de la necesidad de devolver créditos a
la banca europea, ha sido hacer pagar al conjunto de la ciudadanía esta deuda
mediante recortes sociales en sanidad, educación, etc. Es decir, recortando las
partidas presupuestarias destinadas al Estado de bienestar cerca de 75.000
millones de euro, que ha sido el coste del rescate. Dicho de forma clara,
mientras habían beneficios estos eran privados y beneficiaban a las entidades
financieras, cuando han tenido pérdidas impagables se han socializado entre
toda la población. Este es el mejor ejemplo del capitalismo especulativo que nos
ha estado y nos está dominando.
La sociedad en su conjunto ha
perdido y es hoy más pobre y desigual. Muchos de los pequeños ahorradores y
accionistas han perdido dinero directamente o por productos bancarios opacos o
por participaciones preferentes. Los trabajadores del sector bancario han
estado directamente afectados, desde 2008 a 2017 se han perdido más de 83.000
puestos de trabajo, más del 31% del conjunto de las plantillas, que también han
sufrido como el conjunto de los asalariados una fuerte pérdida de su poder
adquisitivo.
A la vez, se ha producido la
aparición de un proceso doble. Por un lado la creación de un oligopolio bancario
alrededor de tres entidades, Santander, BBVA y Caixabank, y por otra la
creación de procesos de exclusión financiera, tanto por el hecho del cierre de
oficinas, más del 40% de las existentes en 2008, lo cual ha provocado que
muchas zonas geográficas especialmente rurales se queden sin oficinas de
referencia, como por la propia política de las entidades financieras que se
dedican de forma muy preferente a los clientes más rentables, dejando fuera o
con una peor atención a los sectores de población menos rentable.
Ante esta situación no puede
extrañar que salgan voces que empiecen a defender de forma clara y contundente
la necesidad de la existencia de una banca pública y de que Bankia, hoy con una
mayoría de capital estatal, sea la entidad de referencia. Así recientemente
Unai Sordo, secretario general de CCOO ha manifestado que "hay que
quitarse el miedo a que una parte del sistema bancario sea público; mantener
herramientas públicas o semipúblicas en el sistema financiero es una cuestión
de responsabilidad".
Esta declaración contrasta con
las posiciones contrarias respecto a la posibilidad de la existencia de una
banca pública por parte de los dirigentes del oligopolio bancario y del propio
gobernador del Banco de España. Posiciones contrarias que contrastan con el
informe del Banco Mundial que reconoce "el positivo papel jugado por los
banco públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el
flujo del crédito... compensando en parte la reducción del crédito ofrecido por
los bancos privados; es evidente el papel contracíclico que han jugado varios
bancos públicos durante la crisis".
Habría que tener en cuenta por
parte de quien se oponen a la existencia de una banca pública que esta no es
extraña en nuestro entorno europeo. La existencia de una banca pública con peso
es incuestionable en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, e incluso Suiza y
los Países Nórdicos.
Haría falta en este punto valorar
que el conjunto del coste de la salvación de Bankia por parte del Estado,
contando el rescate directo y el indirecto a través de la compra de activos por
parte de la Sareb, según avalan los peritos del Banco de España sería de 46.000
millones de euros. De los cuales, según calcula el propio Banco de España, la
cantidad recuperable por la venta de la participación pública mayoritaria del
Estado sería de unos 9.800 millones de euros.
Hay que recordar que España ha
sido un país donde funcionaron con éxito y durante mucho tiempo toda una serie
de entidades financieras públicas (Banco Exterior, Banco Hipotecario, Banco de
Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito Industrial y Caja
Postal) que se fusionaron durante el gobierno de Felipe González en Argentaria,
que aglutinaba toda la banca pública. Fue bajo el Gobierno del PP de José María
Aznar que, como en otros muchos sectores, se impulsó su privatización bajo la
dirección de su "amigo" Francisco González. Este dirigió su
privatización, que se produjo totalmente en 1998, y su posterior fusión en 1999
con el Banco Bilbao Vizcaya, del que el propio Francisco González continúa
siendo a estas alturas presidente de su Consejo.
Por lo tanto, sólo desde opciones
políticas e ideológicas neoliberales se puede entender la oposición a convertir
Bankia en banca pública. Ninguna otra razón lleva a la lógica de su total
privatización con un coste todavía más negativo para el conjunto de la
sociedad.
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