Por Andreu Missé
El Diario.es,
06/09/2018.
El impuesto a la banca que provoca tanto furor a los
banqueros no es una inquina contra las entidades financieras del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera de la Ejecutiva socialista ni de Podemos.
En realidad, esta iniciativa fue una recomendación del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en el clima de zozobra que vivía el capitalismo tras el
estallido de la Gran Recesión de 2008.
Dos años después, el FMI elaboró un informe sobre las
obligaciones de la banca para resarcir los daños que había causado. El
documento fue analizado por los líderes del G-20 en Toronto (Canadá) en junio
de 2010. El Fondo planteó “cómo el sector financiero podría hacer una justa y
sustancial contribución para pagar los costes de las intervenciones
gubernamentales que se realizaron para reparar el sistema bancario”. Entre sus
recomendaciones figuraba el establecimiento de impuestos a la banca para
compensar las ayudas prometidas que superaban el 25% del PIB mundial.
La filosofía del FMI de que la banca tiene que contribuir a
subsanar los daños causados y eliminar las malas prácticas no es un asunto de
aquellos momentos de pánico, sino que está plenamente en vigor. En 2017 el
Gobierno de centro derecha de Australia aprobó un impuesto a las entidades
financieras “para que los bancos hagan una contribución al riesgo sistémico que
ellos generan”. El Gobierno pensaba obtener entre 1.500 y 1.600 millones de
dólares australianos anuales (940-1.000 millones de euros). Para reforzar sus
argumentos, las autoridades recordaron que los grandes bancos se beneficiaban
de la percepción existente de que en caso de crisis el Gobierno siempre los
rescataría. Esta garantía del Estado implica la existencia de un subsidio público
implícito que oscila entre 1.800 y 3.750 millones de dólares al año, según
calculó la Reserva Federal de Australia, un subsidio público que disfrutan los
bancos de todo el mundo.
En 2011 el Gobierno británico de David Cameron estableció un
impuesto a la banca ( bank levy) con el propósito de asegurar que los bancos
“hagan una contribución justa que refleje los riesgos que representan para el
sistema financiero y la economía del Reino Unido en general”. En el mismo
ejercicio Alemania instauró un impuesto a la banca para financiar un fondo
nacional para futuras reestructuraciones bancarias por un montante de 70.000
millones de euros. En 2015 las aportaciones ascendieron a 1.580 millones porque
se calcularon según los criterios del Fondo Único de Resolución (FUR), el
mecanismo europeo para financiar futuras resoluciones bancarias.
El FUR tiene previsto recaudar este año 8.100 millones de
euros y cuenta ya con unas reservas acumuladas de 24.900 millones de los que
2.800 millones han sido aportados por la banca española. No obstante, hay que tener en cuenta que España es el país en
que la crisis bancaria ha sido más costosa para los ciudadanos. El dinero
empleado en sanear las instituciones españolas y que ya se da por perdido
supera los 48.000 millones de euros, el 22% de todas las pérdidas registradas
en la UE, según Eurostat.
El rechazo frontal de la banca a un nuevo impuesto contrasta
con los excelentes resultados que está cosechando. El pasado ejercicio ganó
12.060 millones, el 51% más que el año anterior. Según los cálculos de los
técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el tipo efectivo que pagan las
grandes entidades de crédito fue del 14,2% en 2015 y la cifra actual puede ser
mucho más reducida. Este sindicato considera que la banca disfruta de numerosos
privilegios, como fue el mantenimiento del tipo del 30% del Impuesto de
Sociedades, cuando se rebajó al 25% para el conjunto de empresas. Esta
excepción, que se vendió como un mayor sacrificio de la banca, significó en
realidad un trato de favor.
Gracias a disfrutar de un tipo más elevado, los bancos
salvaron créditos fiscales por una cuantía de 6.400 millones de euros. Los
créditos fiscales permiten reducir los impuestos al considerar las pérdidas
generadas en el pasado. Algunas entidades han reducido su contribución fiscal
tras la adquisición por un euro de bancos con elevadas pérdidas que han
incorporado a su balance y así han reducido sus impuestos.
La AIREF ha advertido que en los presupuestos del próximo
año se obtendrán menos ingresos porque un banco ha solicitado el reconocimiento
de 1.000 millones por créditos fiscales. Sin nombrarlo se refiere al Santander,
que compró por un euro del Banco Popular con elevadas pérdidas.
La contribución que pide ahora el Gobierno a la banca tiene
mucho que ver con las secuelas de la crisis bancaria. La debacle financiera
destruyó 3,5 millones de empleos. Antes de la crisis la Seguridad Social tenía
superávit, pero la drástica reducción de las cotizaciones sociales ha generado
un déficit de más de 18.000 millones de euros.
En el origen de esta historia está la propuesta del presidente del Gobierno. “Creo”, dijo
Pedro Sánchez, “que es justo también en contraprestación, pedirle al sector
financiero que contribuya a sostener aquello que identifica singularmente a los
españoles como es el sistema público de pensiones”. Gestha ha calculado que con
un impuesto a la banca como el del Reino Unido se podrían recaudar entre 1.800
y 1.900 millones de euros anuales.
Los bancos deberían responder seriamente a esta sugerencia y
no con amenazas de trasladar actividades a otros países. La banca goza de
injustificados privilegios. Tiene, además, un serio problema de reputación que
proviene de sus malas prácticas condenadas por la justicia europea y española.
Si quiere normalizar su imagen debe cambiar radicalmente de comportamiento. Por
otra parte, el Gobierno no debería vacilar en utilizar sus poderes para
eliminar todos los privilegios y exigir una contribución justa de todos los
sectores en función de su capacidad económica.
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