Público.es, 05/02/2014.
El subgobernador del Banco de
España, Fernando Restoy, ha reconocido este miércoles que en estos
momentos todavía no es posible calcular cuánto costará el rescate bancario a
los españoles ya que existen "una serie de contingencias"
que afectarán a la factura final, como por ejemplo los esquemas de protección
de activos (EPA) incluidos en algunas enajenaciones, que a 31 de diciembre de
2013 suponían un incremento de las ayudas públicas de unos 7.000 millones de
euros.
Durante su comparecencia ante la
Comisión de Economía del Congreso, los portavoces de los grupos parlamentarios
de la oposición han pedido al también presidente del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) una estimación sobre cuánto costará al erario público
las diferentes inyecciones de fondos autorizadas a la banca, sobre todo después
de que el Gobierno asegurara en un primer momento que se recuperaría todo el
dinero, objetivo que ahora ya no se da por seguro.
En su turno de réplica, Restoy ha
reconocido que aunque el Banco de España puede ser "razonablemente
preciso" en la cuantificación del volumen de ayudas públicas otorgadas a
las entidades financieras desde el inicio de la crisis, "no es posible en
este momento hacer estimaciones precisas sobre el coste final de la
reestructuración del sistema bancario para el contribuyente". "Existen
una serie de contingencias que afectarán al coste final y que son muy
complicadas de calcular. Por ejemplo, cuánto se obtendrá por la
enajenación de algunas entidades, o cuál será la pérdida que soportará el Fondo
de Garantía de Depósitos (FGD) por los esquemas de protección de activos
(EPA)", ha señalado.
No obstante, sobre estos últimos
esquemas ha indicado que la pérdida esperada que soporta el sector público
(sobre todo el FGD) tras descontar las provisiones dotadas ronda los 7.000
millones de euros, de los cuales unos 2.700 millones de euros corresponderían a
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). No obstante, éstas son cifras
provisionales que se actualizan anualmente pero que no conllevarán efectos
reales hasta que concluya la vigencia del EPA, que puede rondar los quince
años.
Restoy ha aclarado en este punto
que los cambios regulatorios sobre los activos fiscales diferidos (DTA,
por sus siglas en inglés) "no son un nuevo reconocimiento de deuda ni una
transferencia de renta o capital a las entidades financieras",
por lo que no pueden contarse como parte del rescate. "Se trata de
reconocer que en un caso concreto, como por ejemplo de liquidación, esos
derechos frente a la hacienda pública forman parte de la masa de la quiebra,
por lo que los activos estarían protegidos. Es importante porque es la única
manera de que los DTA no sean sustraídos del cómputo de capital regulatorio de
las entidades, pero su monetización no supone reconocer nuevas obligaciones con
la hacienda pública, sino sólo modificar la naturaleza de esos activos",
ha señalado.
En cualquier caso, el
subgobernador se ha felicitado por la conclusión exitosa del rescate
bancario a España y ha destacado el "intenso trabajo"
realizado por el FROB y el Banco de España para lograr la reestructuración y
saneamiento del sistema financiero español con el mínimo coste posible para los
contribuyentes. "Aunque este coste ha resultado ciertamente mucho más
elevado de lo deseable, está en niveles comparables a otros países europeos y
muy por debajo de las ayudas otorgadas a otros países con asistencia
financiera", ha destacado.
Asimismo, ha resaltado que la
intervención del FROB ha ayudado a "mitigar" el coste social de la
mala comercialización de participaciones preferentes, y ha puesto en valor los
"notables avances" alcanzados hasta la fecha en los procesos de
enajenación de las entidades nacionalizadas.
Exigir responsabilidades
Al hilo de la discusión sobre el
coste del rescate, la oposición también ha lamentado que no se estén
depurando las oportunas responsabilidades entre los gestores de las entidades
financieras que acabaron quebradas y requirieron de la inyección de
cantidades millonarias por parte del Estado. En este sentido, Restoy ha
transmitido a los grupos la "seguridad" de que el FROB está
"absolutamente empeñado en cumplir con sus obligaciones para contribuir al
esclarecimiento de responsabilidades, particularmente por una mala gestión que
haya podido genera prejuicios para la hacienda pública".
"Tenemos un protocolo para
iniciar revisiones de operaciones en distintas entidades financieras, hemos
presentado querellas contra antiguos gestores de entidades nacionalizadas,
estamos personados al menos en cuatro causas, y en adelante
seguramente, una vez recibamos los informes de auditoría interna, estas
actuaciones experimentarán un incremento", ha añadido.
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