Por Joaquín Estefanía
El País, 02/02/2014.
En la presentación de los resultados
de 2013 (un 33% más que el año anterior), el presidente del BBVA, Francisco
González, exigió responsabilidades a los culpables de la crisis y dijo:
"La crisis financiera que estamos viviendo necesita más transparencia. El
origen ha estado en las cajas, no en todas, pero si en la mayoría. Ningún banco
ha obtenido ayudas". Seguramente Francisco González quería afirmar que los
bancos españoles no han necesitado recapitalizaciones directas con dinero
público, como por ejemplo Bankia, pero ayudas han obtenido muchísimas: en forma
de avales y garantías, con la compra de la mayor parte de sus activos basura
del sector inmobiliario que se ha quedado el banco malo (Sareb), y sobre todo
con la enorme liquidez que les ha generado el Banco Central Europeo (BCE) con
las operaciones de carry trade, de manera incondicional (no a cambio de crédito
a pymes y familias, por ejemplo).
Mediante este último
procedimiento, los bancos europeos obtienen dinero cercano al 0% y compran
deuda pública de los países a un 3%, 4%, 5%,... Negocio redondo. Apenas riesgo.
Según el Banco de España el saldo de deuda pública que tienen en la actualidad
las entidades financieras españolas es de alrededor de 200.000 millones de
euros (después de haber vendido otros 50.000 millones de euros en la segunda
parte del año pasado), una cantidad mayor que los recursos propios del sector,
y alrededor de un 30% del total de los ingresos financieros del mismo. Ello
explica en buena parte la ausencia de oferta de crédito: es más satisfactorio y
menos arriesgado tomar dinero barato y comprar deuda, que prestar a quienes
tienen dificultades para devolver.
Ahora, cuando la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) y el BCE van a examinar de modo inminente a
prácticamente todos los grupos bancarios de la región (124, de los cuales 16
son de matriz española) para conocer su estado real y detectar la basura que
queda debajo de sus alfombras, es cuando ha empezado a inquietar la presencia
de la deuda pública en los balances. ¿Está la deuda pública exenta de riesgos?,
¿toda la deuda pública, sea del país que sea?
Estos exámenes (las célebres
pruebas de resistencia) son muy importantes por al menos dos circunstancias:
primero, porque los de 2009 y 2011 fueron un fiasco, ya que poco después de que
dictaminasen los bancos que estaban sanos, algunos de ellos tuvieron que ser
rescatados con ingentes cantidades de dinero público; estas entidades engañaron
a las autoridades europeas y ahora está en juego la credibilidad de las
últimas. Y segundo, porque los exámenes se hacen como paso previo (sus
resultados se presentarán el próximo mes de octubre) a que el BCE asuma las
funciones de supervisión de la banca europea, que es uno de los primeros pasos
para poner en marcha la célebre Unión Bancaria en Europa.
La pasada semana, la Autoridad
Bancaria Europea hizo públicas las líneas generales de la próxima ITV bancaria.
La letra pequeña se conocerá en pocas semanas. Ya se sabe el capital mínimo de
que tendrán que disponer los bancos en las peores condiciones posibles (un 5,5%
de sus activos totales) y que los criterios de posesión de deuda soberana serán
bastante similares a los de la vez anterior, computando como riesgo toda la
deuda pública y no solo los títulos que estén pendientes de venta o de
negociación (quizá por ello, los españoles se desprendieron de los 50.000
millones de euros citados, durante la segunda parte de 2013).
Es más que posible que después de
la reconversión bancaria de los dos últimos años, las entidades españolas
afronten los exámenes en mejores condiciones que sus homólogas de otros países.
Presentados recientemente los resultados de 2013, los bancos españoles han
multiplicado por cuatro sus beneficios. A pesar de ello tendrán que hacer
frente a los recelos vinculados a tres aspectos: la enorme concentración del
sector, tras la desaparición de tantas cajas de ahorros (lo que debilita la
posición negociadora de empresas y familias); el crecimiento constante de la
morosidad, dada la devastación económica de un país con los niveles de paro,
reducción de la renta disponible y la mortandad de empresas que sufre, y, sobre
todo, la ausencia de crédito y de circulante, que es el objeto social para el
cual sirve un banco.
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