El País, 26/02/2014.
Las comunidades de propietarios
soportan 1.798 millones de euros de deudas; tras crecer la morosidad un 12%
durante 2013. Un aumento nada despreciable pero inferior al 19% experimentado
en 2012 respecto a 2011, según el Observatorio de las Comunidades de
Propietarios.
A la hora de fijar el perfil del
moroso, aumenta la presencia de las entidades financieras. La gestión de sus
activos inmobiliarios crea problemas en el proceso de enajenación y por la
propia gestión de su patrimonio externalizado en muchos casos. La banca ha
pasado de adeudar 256 millones de euros hace dos años, a los 341,62 millones de
euros del pasado ejercicio. Supone el 19% de la morosidad total de las
comunidades de propietarios. El 46% se debe a vecinos que no pueden abonar sus
cuotas por problemas económicos y laborales y el 35%, a los profesionales del
impago: pueden pagar pero no lo hacen.
A pesar de la gravedad de los
problemas que acompañan la morosidad en las comunidades de vecinos, la sangría
va frenando. En el "Tercer Estudio Global sobre la morosidad en las
Comunidades de Propietarios en España", el Observatorio prevé que este año
se mantenga el nivel de 2013 o bien aumente ligeramente, basándose en una
encuesta contestada por 800 administradores de fincas colegiados y algunos
presidentes de comunidades (43.000 fincas).
En la encuesta se refleja que
también aumentó (14%) el periodo medio de cobro respecto al año anterior. La
media nacional se sitúa en casi seis meses. En cambio, se mantuvo el porcentaje
de deuda que se abona en fase amistosa, el 30%.
En 2013 el 93% de las comunidades
mantuvo o aumentó el presupuesto de gastos y, por tanto las cuotas, en
previsión de tener que afrontar problemas por morosidad. Ahora bien, el
Observatorio -del que forma parte la editorial jurídica El Derecho- alerta
sobre la falta de capacidad de afrontar derramas extraordinarias: para más del
41% de los comuneros no existe holgura.
Este dato es importante de cara a
la ley de las tres erres: rehabilitación, regeneración y renovación de espacios
urbanos. La norma aprobada en 2013 prevé la rehabilitación obligatoria para los
edificios que superen los 50 años entre los periodos 2013-2018.
Teniendo en cuenta que de los 25
millones de viviendas, la mitad tiene más de 30 años y una quinta parte (tres
millones de viviendas) más de medio siglo, si se quiere que los comuneros
afronten gastos de rehabilitación "se hace necesario un esquema de
subvenciones públicas adecuado, créditos bancarios a bajo interés y una mayor
colaboración entre las empresas de rehabilitación, los propietarios de las
viviendas y las distintas administraciones públicas", indica.
En el Observatorio se evidencia
que la morosidad está siendo mal gestionada, especialmente en las comunidades
sin administrador de fincas profesional: retrasos en la reclamación por falta
de recursos; defectos formales que dificultan la iniciación del procedimiento,
entre ellos, la ausencia de firmas en todas las páginas del escrito de
reclamación; la ausencia de la documentación requerida; certificaciones
deficientes; o defectos de notificación, entre otras. Por todo esto, se
registra un repunte de las inadmisiones en fase judicial, principalmente
reclamación monitoria.
Junto a la radiografía de la
morosidad en las comunidades de vecinos, el Observatorio también destaca en el
análisis de 2013 la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal "que recogió
la propuesta de los administradores de fincas colegiados para que se elevara el
plazo de la afección real para que los deudores respondieran de las deudas
comunitarias correspondientes al año en curso y los tres años anteriores, en
lugar del año actual y el anterior que marcaba la anterior Ley". Una buena
baza de seguridad jurídica de cara a la morosidad de las cajas y bancos
propietarios de miles de inmuebles por ejecución hipotecaria"
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