Público.es, 24/02/2014.
El expresidente del consejo de
administración del Banco Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera
consejero delegado Jorge Gost Gijón han sido imputados por presuntos delitos de
administración fraudulenta, societario, un delito de falsedad en documento
mercantil y otro de estafa.
El juzgado de instrucción número
3 de A Coruña que lleva el caso ha citado mañana a ambos directivos para
prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un
pequeño accionista.
Los hechos se remontan a los
ejercicios 2008, 2009 y 2010 cuando el querellante supuestamente demuestra que
"las cuentas de la sociedad eran falseadas
mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio
Banco Pastor era propietario", agregan las mismas fuentes.
"La operativa diseñada
permitía dar apariencia de solvencia a un banco -continúan- que estaba en
quiebra legal y en esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba
preferentes y acciones para ser suscritas las emisiones por pequeños clientes
minoristas".
La querella, acompañada de dos
informes económicos, relata cómo el Banco Pastor inició la actividad de
"Promotor Inmobiliario" mediante la constitución de sociedades con
ese objeto social -precisan las fuentes-, "que realizaron cuantiosas
inversiones a crédito del propio Banco Pastor y obtenían pérdidas continuadas
de más de 200 millones de euros, derivadas de no ingresar dinero con su
actividad y tener que responder de unos intereses de los créditos hipotecarios
otorgados por su propio dueño".
Los abogados del querellante
sostienen que si el Banco Pastor hubiera contabilizado en su balance la pérdida
generada por el crédito hipotecario fallido mediante la pertinente dotación
estaría en "quiebra legal".
Para "ocultar" esta situación,
los querellados "orquestaron todo un artilugio fraudulento" por el
que "la captación y contabilización de tesorería obtenida mediante engaño
en sus oficinas a costa de inversores minoristas y en el mercado, y
contabilizada como financiación propia en sus balances, era dirigida como
crédito participativo o capital a las sociedades inmobiliarias fallidas".
Seguidamente, alegan los
letrados, parte de esa tesorería era utilizada para pagar los intereses de los
créditos hipotecarios fallidos como si estos se fueran cumpliendo
ordenadamente.
De esta forma, sostienen, el
banco reingresaba el dinero como beneficio en la cuenta de resultados, y por
tanto como recurso propio en su balance, con lo que "contabilizaba dos
veces el mismo dinero como financiación propia".
"En conclusión, en vez de
créditos hipotecarios fallidos, presentaban el espejismo de ser fantásticos, en
vez de tener participaciones en sociedades fallidas, presentaban el espejismo
de ser fantásticas inversiones en participaciones sociales", apostillan.
Y mediante una pirámide de
captación de dinero en el mercado de los minoristas, concluyen los abogados,
"maquillaban su cuenta de resultados mediante unos beneficios derivados
del pago de unos intereses que en realidad era parte del dinero captado a
clientes desinformados, que además eran idóneamente engañados con la
publicación de unas cuentas fraudulentas a los que se les vendían los productos
de más riesgo".
Según detalla el bufete que
representa al querellante, a pesar de la obligación de presentar las cuentas
por parte de estas sociedades en fecha 30 de junio de 2011, no se publicaron en
el Registro Mercantil de A Coruña hasta final de 2011, todo ello "con el
fin de ser presentadas expresamente" después del anuncio de una Oferta Pública
de Acciones (OPA) formulada por Banco Popular.
El accionista demandante acredita
que el Banco Pastor está en pérdidas desde el ejercicio 2008, y así lo
indican los abogados, que sostienen que "la trama se parecería al juego de
los 'trileros': se capta dinero para 'core capital' de preferentistas y
accionistas, se saca disimuladamente del banco y se ingresa en sociedades
aparentemente en funcionamiento", con "unos beneficios positivos que
son simplemente una alucinación".
Esta "argucia
financiera" ha "permitido a los miembros del consejo de
administración y a los directivos de la ejecutiva del Banco Pastor cobrar bonus
e incentivos no justificados", y "sembrar desconfianza en los
mercados profesionales, lo que hizo bajar el valor de las acciones", por
lo que la acción Banco Pastor fue devaluada en la opa de 2012, argumenta.
Por todo ello y a tenor tanto del
informe pericial como de los documentos públicos aprobados por el consejo de
administración del Banco Pastor, la querella concluye que se ha producido un
"perjuicio" a los accionistas y a los suscriptores de preferentes.
Fuentes de la entidad han eludido pronunciarse sobre estos hechos.
El banco pastor considera
"injusta" la querella
"Ante la injusta
interposición de la querella contra el antiguo consejo del Pastor, tanto los
querellados como el propio banco se reservan el ejercicio de cuantas acciones
le correspondan en la defensa de su buen nombre, incluidas las de índole
penal", sostiene la entidad bancaria en un comunicado, en el que aboga por
"dejar a los tribunales hacer su trabajo".
A tenor tanto del informe
pericial como de los documentos públicos aprobados por el consejo de
administración del Banco Pastor, la querella concluye que se ha producido un
"perjuicio" a los accionistas y a los suscriptores de preferentes.
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