Público.es, 18/02/2014.
El juez de la Audiencia Nacional
Javier Gómez Bermúdez ha decretado la apertura de juicio oral para el
exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López
Abad y el expresidente de la Comisión de Control de la caja Juan Ramón Avilés,
a los que ha concedido un plazo de 24 horas para depositar una fianza por
responsabilidad civil de 1,9 y 6,6 millones de euros, respectivamente.
En un auto al que ha tenido
acceso Europa Press, el magistrado acusa a ambos de apropiación
indebida, administración desleal y delito societario y añade, en el caso de
Avilés, un cuarto delito, de otorgamiento de contrato simulado. Los dos
están acusados
de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de
préstamos irregulares.
López Abad se enfrenta a penas de
entre 4 y 14 años de prisión, mientras que Avilés podría ser condenado a entre
2 años y seis meses y 16 años y seis meses de cárcel, de acuerdo con los
escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción
y la propia CAM a través del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario
(FROB).
El magistrado designa además,
como partícipes a título lucrativo, a 18 miembros de la Comisión de
Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la
CAM, a los que acusa de haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros.
También considera partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos
hijos de Avilés.
Según precisan Anticorrupción y
el FROB en sus escrito a partir del año 2005, el acusado López Abad, que había
sido nombrado director en 2001, "buscó la fórmula para superar límites
retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM
cobrasen mayores emolumentos".
Entre las maniobras que llevó a
cabo con la intención de sobrepasar los límites económicos establecidos por los
estatutos de la caja, López Abad dio los pasos necesarios para la creación de
Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y que debía funcionar como
Comisión de Control de todas las empresas participadas por la caja.
En opinión de la Fiscalía este
órgano "fue un mero y burdo instrumento ideado por López Abad para
permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos
emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa
sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún
trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".
La Junta General de TI, reunida
el 26 de junio de 2006 acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció
para el segundo semestre de 2006 una 'dieta' de 16.400 anuales --frente a los
8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años
sucesivos de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y
estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.
En 2008 TI acordó elevar la
anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el
presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000
anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto
de los miembros. En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de
TI fue suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los
administradores provisionales de CAM designados por el FROB.
La Comisión se reunió en 16
ocasiones y en todos estos encuentros y con excepción de los casos en que
procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la
actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las
informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en
ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva
que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y
control de la sociedad". Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un
total de 308.700 euros. Él y otros 20 integrantes del órgano, dos de ellos
fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.
El escrito también recoge la
participación de ambos exdirectivos en una simulación de venta de acciones de
la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por
parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000
euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida
de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de
ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos
concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de
Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.
El Banco Sabadell, que adquirió
la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos
concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se
encuentran actualmente "impagados".
La investigación partió de un
informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se
apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011
y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas
vinculadas a su familia.
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