Por Enric Llopis
Diario Rebelión.org, 04/01/2014.
Al complejo militar-industrial se
le podría agregar otro adjetivo compuesto: bancario-financiero. Las inversiones
en armas de la banca española y de la extranjera (con sucursales en el estado
español) ha experimentado “un extraordinario aumento”, según el análisis publicado
en octubre de 2013 por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (de la organización
Justícia i Pau), titulado “Evolución de la Banca armada en España”.
Esté súbito crecimiento, apunta el informe, se produce a pesar de que
cada vez son más “las entidades financieras que dicen aplicar normativas
específicas que limitan sus inversiones en armas, y de que exista un número
creciente de países que están adoptando leyes que prohíben o limitan la
financiación de las empresas productoras de bombas de racimo o minas
antipersonal”.
El estudio, realizado por los investigadores Jordi Calvo, Ainhoa Díaz,
Jordi Alsina, Arnau Jordà, Cristina Mediavilla y Blanca Nogueras, apunta además
que los bancos que más aumentan sus inversiones en armas son precisamente
aquéllos que afirman tener las mejores normativas y políticas al respecto.
En un “ranking” de la banca armada española en 2013 (que calcula el
total de las inversiones en armas de las entidades financieras), el informe
sitúa en primer lugar al BBVA (3.626.568.802 euros), seguido del Banco de
Santander (1.723.751.052 euros), Bankia (392.516.426 euros), Banca March
(117.415.618 euros), Liberbank (92.764.436 euros), CaixaBank (37.447.993
euros), CatalunyaCaixa (31.960.000 euros); Banco Sabadell (25.503.453) y Banco
Popular (21.883.030 euros), entre otras. Las 28 entidades contabilizadas suman
una inversión armamentística de 7.238.622.529 euros (se incluyen en el estudio
las entidades estatales SEPI (919.490.889 euros) e ICO (116.000.000 euros).
El informe del Centre Delàs detalla la tipología de inversiones en
armamento de la banca española. Por ejemplo, se desgranan la participación de
las entidades financieras en las factorías bélicas a través de fondos de
inversión, acciones y bonos en el periodo 2009-2013 (el total acumulado
asciende a 1.679.586.212 euros). Ocupa el primer lugar en la ratio el SEPI
(919.490.889 euros), seguido de Bankia ( 325.763.485 euros), la Banca March
(177.415.618 euros), Santander (106.250.307 euros), Liberbank (92.764.436
euros), BBVA (31.156.068 euros), Banco Sabadell Atlántico (5.460.167 euros),
Aviva (2.778.981 euros), Renta 4 (2.149.831 euros), Mapfre (1.911.311 euros),
Caixabank (1.862.052 euros) e Ibercaja-Caja 3 (1.818.918 euros), entre otros.
Se desglosan, además, los créditos de la banca española a empresas de
armamento de las entidades financieras españolas durante el periodo 2005-2013,
que ascienden a 4.326.668.545
euros. El listado comienza por el BBVA (2.657.887.157 euros), Santander (1.322.658.549
euros), el ICO (116.000.000), Bankia (66.752.941 euros), CaixaBank (35.585.941
euros), Catalunya Caixa (31.600.000 euros), Banco Sabadell-Atlántico
(20.043.285 euros), Ibercaja-Caja 3 (18.936.493 euros), Banco Popular-Pastor
(17.652.249 euros), Kutxabank (17.352.941 euros), BMN (17.352.941 euros),
Cajamar Caja Rural (2.692.750 euros) y Unicaja-Caja España-Dureo (2.153.927
euros).
El estudio introduce, además de series estadísticas, elementos para la
reflexión. ¿Cómo han respondido los bancos a las polémicas generadas por sus
inversiones en la industria bélica, cuando ésta trasciende a la opinión
pública? Apunta el estudio que muchos bancos “han desarrollado una política de
control de sus relaciones con este sector”. Sin embargo, “éstas son de reducido
impacto y de dudosa aplicación, vistas las elevadas inversiones de la banca
tradicional en empresas de armas de todo tipo, incluidas algunas de las que
afirman no realizar”.
Del análisis de las prácticas
bancarias se infiere que muestran –sobre todo las grandes entidades
financieras- especial atención a las armas más controvertidas, es decir,
aquéllas que ofrecen peor imagen social. Además, señala el informe del Centre
Delàs, los bancos limitan sus prohibiciones a casos concretos de financiación, y
hacen mención fundamentalmente a la financiación directa (con los fondos del
banco), pero no de los clientes que así lo deseen. Incluso hay entidades que se
reservan la opción de aprobar algunas de estas inversiones “bajo sospecha” por
la alta dirección.
En conclusión, “del análisis de las inversiones en armas de los bancos
citados y de los últimos informes realizados, podemos comprobar que las
inversiones en armas controvertidas no cesan”.
Para adecentar su “imagen de marca”, la banca se apunta a la idea de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que los investigadores autores del
estudio califican de “mero marketing social, que identifica el nuevo nicho de
mercado que conforman consumidores y consumidoras conscientes, e intenta que el
banco en cuestión sea atractivo a los ojos de este mercado en crecimiento”.
Otro listado de interés, por último, es el de las inversiones en armas
(un total de 36.203.003.638 euros) de bancos extranjeros que operan en el
estado español. Figuran en este apartado entidades como BNP Paribas
(10.664.842.808 euros), Citibank-Citigroup (8.745.657.450 euros), Deutsche bank
(7.435.146.884 euros), Barclays bank (3.836.302.683 euros), HSBC (3.559.273.610
euros), Allianz (973.628.213 euros), ING Bank (424.212.069 euros), AXA (415.776.657
euros), AIG (127.646.948 euros) y Bankinter (20.516.318 euros).
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