Por Andreu Missé
Alternativas Económicas,
09/01/2014
Durante los últimos días hemos
recibido dos tipos de noticias difíciles de conciliar. Por una parte, se ha
conocido que con la venta de NCG Banco al grupo venezolano Banesco por 1.000
millones de euros, el Estado, es decir, los contribuyentes, solo recuperarán
una décima parte de los 9.226 millones de la ayuda pública concedida a esta
entidad. Esta operación confirma de forma específica lo que las autoridades ya
habían anticipado de manera general cuando dieron por perdidos 36.939 millones
de las ayudas globales concedidas al sector.
Al mismo tiempo que trascendían
estas desmesuradas pérdidas, las entidades anunciaban un fuerte aumento de sus
beneficios en 2013. Durante los primeros nueve meses del mismo año, las
entidades financieras obtuvieron unas ganancias de 6.702 millones de euros, lo
cual representa un aumento del 98% respecto al año anterior. Los ciudadanos
cargan con unas pérdidas de las que no tienen responsabilidad alguna y los
banqueros vuelven a los grandes beneficios como si no hubiera pasado nada. Este
balance es intolerable. Primero la banca debe devolver las ayudas.
La sumisión del Gobierno y los
supervisores a los banqueros no puede ser más vergonzante. España es realmente
una excepción en el panorama internacional por la manera en que se han
administrado las ayudas públicas durante la crisis financiera. En Estados
Unidos, el Gobierno ha recibido de los bancos asistidos 273.000 millones de
dólares en concepto de pagos, dividendos e intereses, lo cual supone unos
28.000 millones más que los 245.000 millones de ayudas públicas inyectadas. En
el Reino Unido, Gordon Brown, el primer ministro que tuvo que afrontar la
crisis, decidió expresamente sanear la banca mediante aportaciones de capital
en lugar de préstamos con el propósito de recuperar el dinero de los
contribuyentes cuando las entidades se restablecieran. El Estado posee el 84%
del Royal Bank of Scotland y el 32,7% del Lloyds. Con la venta del 6% de este
último, el Tesoro británico ha obtenido una plusvalía de 60 millones de libras
que destinará a reducir deuda.
El relato de la gestión de las
ayudas a la banca en España ha sido completamente distinto. Las promesas del
presidente Mariano Rajoy y demás miembros de su Gobierno de que el rescate
bancario “no costaría un euro a los ciudadanos” han quedado en palabras vacías.
No es solo el incumplimiento de un compromiso. Lo grave es que el Ejecutivo ha
contraído una seria responsabilidad al regalar a la banca unas sumas
astronómicas sin consentimiento de los contribuyentes.
En el caso de NCG, por ejemplo,
el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
tenía una participación del 62,75%. Si ahora no era posible obtener un precio
mejor, el Gobierno debería haber mantenido una parte de sus acciones esperando
un mejor momento para la recuperación del valor a fin de recobrar la mayor
parte posible de la ayuda. Seguramente veremos la misma dejación de la defensa
de los contribuyentes en las futuras ventas de los bancos nacionalizados. La
participación del Estado, a través del FROB, en Bankia es del 68,4%; en
Catalunya Banc, del 66%, y en BMN, del 65%.
La realidad es que este no ha
sido el único regalo que ha obtenido la banca española. El Banco Central
Europeo (BCE) ha proporcionado a las entidades financieras unos 250.000
millones de euros a un tipo de interés privilegiado que ha oscilado entre el
0,25% y el 1%. Buena parte de este dinero lo han invertido en deuda soberana
española con un rendimiento cercano al 4%, lo cual les ha proporcionado unos
beneficios de unos 12.000 millones de euros entre 2012 y 2013. El presidente
del BCE, Mario Draghi, ya ha dado a entender que está dispuesto a prolongar la
prebenda en los años siguientes con ciertas condiciones.
Por si todo esto no fuera
suficiente, el Banco de España acudió el pasado enero en defensa del sector
financiero limitando los rendimientos de los depósitos de los ahorradores al
1,75% a un año y al 2,25% a dos años, lo cual se ha traducido en un notable
beneficio directo para las entidades.
Todo esto ocurre en un país en el
que la banca con el respaldo/exigencia de Bruselas ha esquilmado con 14.750
millones de euros a cientos de miles de pequeños ahorradores titulares de
participaciones preferentes y deuda subordinada. Otros cientos de miles han
sido víctimas de las abusivas “cláusulas suelo”, que han impedido a los
titulares de hipotecas beneficiarse de la rebaja del precio del dinero. Y otro
amplio colectivo ha sido expulsado de su vivienda por imposibilidad de pago,
pero sin poder liberarse de la deuda.
El mayor problema es que, a pesar
del trato privilegiado recibido, estamos ante una banca ineficiente incapaz de
dar créditos, hecho que está originando una fatal asfixia para numerosas
empresas. Las empresas y familias disponen actualmente de 390.000 millones de
euros menos en créditos que en 2008, lo cual supone una reducción de más del
20%.
¿Para qué nos sirve una banca tan
costosa que, a pesar de los apoyos recibidos, no atiende las demandas de
crédito? Es el momento de plantearse un nuevo sistema financiero que incluya
una sólida banca pública y apoyar a las cooperativas de crédito, que no han
costado un euro a los ciudadanos y han aumentado el crédito a las empresas y
familias.
[Editorial del número de enero de
Alternativas Económicas, que el viernes llega al quiosco]
Disponible en.
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