Por Pilar Blázquez / Belén Carreño
El Diario.es, 18/01/2014.
España tiene el equivalente a
casi un tercio de su economía comprometido en algún tipo de apoyo al sector
financiero. La factura del rescate de la banca no deja de subir, con algunas
entidades dando sorpresas, para mal, por estar peor de lo que estaban.
La semana pasada arrancaba con la confesión de Luis de Guindos, en una comparencia
en el Congreso, de que finalmente a la CAM se le darán 15.000 millones de euros
en ayudas, para que pueda ser absorbida por Sabadell, frente a los 5.249 ayudas
anunciadas. También el ministro informaba de que los 12.000 millones de euros
inyectados en CatalunyaCaixa tienen un futuro más que incierto. Y como colofón,
una dura realidad: el Estado no sabe cuánto recuperará del rescate, ni cuándo.
Hacer las cuentas de lo que
España está movilizando para reflotar el sector financiero es un auténtico
laberinto. Se han puesto en marcha fórmulas muy dispares para reestructurar el
sector. Pero en conjunto, se han movilizado algo más de 280.000 millones de
euros, según los datos que se han hecho públicos. Con todo, el baile de cifras
hace fácil entender que al propio ministro le cueste cuantificar el rescate.
Los componentes de la conocida como troika, Fondo Monetario Internacional,
Comisión Europea y Banco Central Europeo, así como el Banco de España,
califican y clasifican de distinta forma las ayudas. Y así los números no
fallan.
Algunas cifras coinciden y están
cerradas. En ayudas directas, el Estado ha desembolsado 61.300 millones de
euros en reflotar bancos. Esto es lo que se podría perder con más facilidad.
Pero a este grueso hay que sumar una serie de partidas que, aunque aún no han
supuesto gasto, son potencialmente una derrama para el Estado, ya que está
avalando con el Tesoro a las entidades.
Estas cifras también vienen con
una pequeña trampa. Ese cálculo no incluye, por ejemplo, las ayudas recibidas
por Kutxabank para la adquisición de CajaSur. Dos aportaciones del Fondo de
Garantía de Depósitos de 800 millones primero y de 392 millones en una segunda
ampliación de capital, que en Cibeles consideran que ha sido pagados por la
propia banca y que, por tanto, no deben computar como dinero público. Aunque
son parte del coste total del rescate.
Además, según la información
recogida por el FMI en su visita de mayo a España, el Estado ha avalado
emisiones de deuda de los bancos por valor de 100.000 millones de euros. Los
vencimientos de estas emisiones eran cortos y comienzan ya a desaparecer. Pero
en el caso de que alguna resulte fallida por un impago, tendrá que ser aportada
por las arcas públicas.
Tóxicos del Estado
La creación del banco malo es otro
de los instrumentos donde el Estado arriesga más dinero público. En total, ha
avalado la emisión de 50.000 millones de euros que llevan el sello del Tesoro.
Si en algún momento de sus quince años de vida la conocida por sus siglas como
Sareb no puede hacer frente a los intereses de la deuda, el Estado saldría en
socorro. Además, el Frob, el brazo financiero del Estado, puso 2.500 millones
de euros de capital inicial, esto ya como desembolso directo.
Cabe recordar que el banco malo
se ideó como un gran contenedor de activos tóxicos de los que liberar a la
banca para que pudieran seguir con su negocio sin el lastre de esta basura
financiera. Su puesta en marcha fue vendida como una de las medidas
más eficaces para librar a las entidades rescatadas de su carcoma. Sin embargo,
la tasa de morosidad del sector bancario no deja de marcar récords. El último,
esta misma semana, con más de un 13% de impagos. Que esta tasa siga aumentado
quiere decir que en el balance de los bancos aún se han quedado activos que se
daban por buenos y que, finalmente, han sido fallidos.
Otro de los euros que han puesto
en juego más dinero público son los llamados Esquemas de Protección de Activos
(EPA). Cuando el Estado diseñó las operaciones de venta de las cajas
nacionalizadas, se encontró con pocas entidades dispuestas a embarcarse en esas
compras. Las reticencias eran variadas, pero una de las más importantes era
que, antes de la compra, el acceso a las cuentas reales de la entidad era
limitado y muchos de los compradores temían que, una vez asumida la propiedad,
una revisión profunda de la contabilidad les deparara sorpresas negativas. Por
ejemplo, que créditos anotados como dudosos o substandard pudieran, en
realidad, tratarse de créditos fallidos, multiplicando así las pérdidas
estimadas.
Para limar esas asperezas y
convencer a los inversores, el Gobierno ideó estos EPAS. Se trata, en realidad,
de una garantía contractual, según la cual, el Estado se compromete a
indemnizar al comprador en el caso de que alguno de esos créditos dudosos se
transforme en fallido.
Normalmente esos EPAS cubrían
alrededor del 80% de los créditos dudosos durante un periodo de entre cinco y
diez años. Aunque el compromiso varía según cada operación y en el caso de la
CAM fue de cinco años. También hay casos en el que el banco que compra asume
pagar parte de los fallidos iniciales (un sistema de franquicia) y, a partir de
ahí, el resto corre a cuenta del Frob. Cabe resaltar que la opacidad de estos
instrumentos es total y no se facilitan los datos por entidades.
Por lo que ha apuntado De
Guindos, parece que los créditos dudosos de la CAM van a ser definitivamente
impagados y, por lo tanto, a los contribuyentes españoles les tocará volver a
rascarse el bolsillo para pagar, en este caso a Banco Sabadell, que fue la
entidad que adquirió la CAM, alrededor de 16.250 millones de euros adicionales,
según las cuentas exactas que ha elaborado José Francisco Bellod, investigador
económico de la Universidad de Cartagena.
Y, es que, hasta ahora, el Fondo
de Garantía de Depósitos había inyectado 5.249 millones de euros para salvar a
la Caja del Mediterráneo, pero ni siquiera con ese apoyo pudo revivir y,
finalmente, se adjudicó a Banco Sabadell en diciembre de 2012 por el simbólico
precio de 1 euro.
"Aunque el panorama
financiero y económico ha mejorado mucho, es muy probable que al menos el 80%
de los EPAS vayan a tener que ser abonados por el Estado", asegura Enrique
Pérez-Hernández, profesor del Máster de Dirección de Entidades Financieras del
Instituto de Estudios Bursátiles. "El cálculo final es imposible. Cada año
se actualiza la cantidad de EPAS en función de la cuenta de resultados de cada
entidad y de las condiciones concretas en que se hayan concedido",
aseguran otras fuentes del sector financiero. Hasta ahora, las únicas pérdidas
seguras contabilizadas por este concepto ascienden a 6.506 millones de euros,
pero en el peor de los casos, es decir, que todos los EPAS que se han
garantizado resultaran fallidos, esa cantidad podría llegar hasta los 35.681
millones de euros.
Desde el Banco de España no están
de acuerdo con este cálculo, puesto que consideran que técnicamente no es
correcto incluir avales, ya que éstos no han sido ejecutados en su totalidad.
"Aunque no se haya gastado, es importante incluirlo porque es la forma
adecuada para que los ciudadanos visualicen todo el dinero que se ha
movilizado, ya sea gastado o comprometido para el futuro, para ayudar a un
sector concreto", explica el profesor Bellod. Por su parte, la Unión
Europea recogía que el total de EPAS más avales comprometidos a 30 de
septiembre de 2013 ascendía a 105.000 millones de euros.
Además, este economista insiste
en que, si los organismos internacionales lo incluyen, se debe a que están
aplicando el "principio de prudencia que exigen las normas contables
internacionales", según el cual, cuando hay un riesgo de impago en los
llamados "pasivos contingentes" este debe ser reflejado en la
contabilidad. Para Bellod, el "riesgo de impago de los activos
garantizados por los EPAS, e incluso por el resto de avales, es alto".
Ventajas fiscales y Bankia
Otra decisión del Estado que ha
redundado en un alivio multimillonario es la aprobación de los créditos fiscales diferidos. Así
se llaman los beneficios fiscales que las empresas se guardan los años que
tienen pérdidas y no pueden utilizar. Estas bonificaciones se preservan hasta
18 años, de forma que, cuando una compañía tiene beneficios, puede tirar de
estas deducciones para rebajar el Impuesto de Sociedades.
Los bancos atesoraban 50.000
millones de euros en este tipo de activos después de los años de vacas flacas
que ha atravesado el sector. Desde Bruselas se exigía una decisión sobre la
legalidad de estos beneficios, y finalmente el Estado ha reconocido a la banca
el derecho a utilizar como ventajas fiscales 30.000 millones de euros. Esto va
a implicar que las arcas del Estado van a ver cómo se drenan impuestos de los
beneficios fiscales en la misma cantidad, esto es, 30.0000 millones de euros
menos en los próximos 18 años. Desde Economía recuerdan que se han limitado a
poner en práctica una directiva europea.
Este chorro de dinero asciende a
la cifra de 281.000 millones de euros movilizados para que la banca tenga una
amplia zona de confort asegurada con dinero público donde salir a flote. Las
críticas son evidentes y no hacen más que notarse. Aunque la factura engorda,
por la vía de los ingresos el Estado no percibe nada. Quizás por eso esta misma
semana se hayan precipitado los acontecimientos con la noticiade
que Economía está en contactos para hacer caja con una parte de Bankia.
Aunque el Frankenstein
financiero se lleva la mayor parte de la atención mediática, los 22.500
millones de euros inyectados no son los que corren en este momento más peligro.
La acción de Bankia ya ha tocado el precio de la ampliación de capital, esto
es, el precio al que entró el Estado en el accionariado, y ahora mismo podría
recuperar (si quisiera) 10.600 millones de euros del rescate.
Pero la avidez por lograr hacer
caja en al menos una parte de esta inmensa factura puede llevar anticipadamente.
La forma más sencilla de recuperar el monto total es dejar que la acción siga
subiendo hasta tocar el entorno de los 3 euros (ahora está en 1,35), donde se
podría recuperar todo el dinero invertido. Sin embargo, si en este momento se
empieza a llenar el mercado de bankias, lo lógico, según explican los
brókeres consultados, es que la acción baje de precio, al haber más títulos con
los que negociar.
Así que, mientras Guindos decide
si exprimir a la niña bonita del rescate (sí, es Bankia), la factura sigue
engordando con flecos multimillonarios. Pero el rescate no iba a costar
"ni un euro a los contribuyentes".
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