Por Juan
Antonio Gisbert
La Nueva
España, 20/01/2014.
Al finalizar 2008, el total de
créditos concedidos por el sector bancario se situó en 1,9 billones de euros,
su máximo histórico, después de crecer, durante más de una década, a una tasa
media anual acumulativa del 16%, con un máximo del 27% en 2005.
¿Qué ha sucedido desde entonces?
Después del estallido de la crisis financiera en los EE UU, en el verano de
2007, su transmisión fue rápida y global, instalándose la desconfianza en los
mercados por falta de transparencia en la composición de los balances
bancarios, provocando el cierre de los mayoristas. Muchas entidades europeas
fueron rescatadas por sus gobiernos, mientras Bush prefirió dejar caer a Lehman
Brothers, supongo que con el sano propósito de no incurrir en riesgo moral; era
septiembre de 2008 y conocemos las consecuencias.
La banca española partía de una
posición de solidez, después de haber constituido un amplio colchón de
dotaciones genéricas, pero estaba sobreendeudada con el exterior, y comenzó a
tener problemas de liquidez, atemperados, primero, con el fondo para la
adquisición de activos y, después, con el programa de avales del Estado, por
parte del Gobierno nacional, y de las facilidades de liquidez establecidas por
el BCE. Pero la situación conducía, de forma inevitable, a la restricción del
crédito, lo que -junto con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria- transmitió
la crisis financiera al sector real de una economía que había acumulado
desequilibrios a lo largo del ciclo expansivo.
Así, año a año, ha ido reduciéndose
el saldo vivo del crédito, hasta acumular, desde diciembre de 2008 a octubre de
2013 (último dato publicado por el BE), una caída del crédito a otros sectores
residentes de unos 400.000 millones de euros, lo que supone casi la cuarta
parte del punto de partida. En tan sólo los diez primeros meses de 2013, se ha
reducido en casi 136.000 millones, un 8,5%.
¿Cabe esperar que ahora fluya el
crédito? Parar la sangría del crédito es una "demanda nacional", en
la que coinciden Gobierno y oposición, y que, sobre todo, lo exigen las
empresas de pequeño y mediano tamaño, carentes de fuentes alternativas de
financiación. La mayor parte de los economistas piensan que es un requisito
para la auténtica recuperación.
El debate es si estamos ante
restricciones en la oferta o de falta de demanda. Es razonable que en una
coyuntura económica débil y en ausencia de expectativas favorables, la demanda
solvente de crédito disminuya.
Pero existen razones para
sostener que la caída del crédito a empresas y familias se debe, sobre todo, a
factores asociados a la oferta. Las encuestas del BCE revelan que el porcentaje
de operaciones denegadas por la banca española a empresas medianas y pequeñas
es muy superior a la media europea; y el Banco de España advierte que los criterios
aplicados por la banca para conceder nuevas operaciones se han endurecido mucho
en los últimos años.
Lo peor es que es lógico. La
banca española ha sentido la imperiosa necesidad de "estar en otras
cosas". En este caso, sí es cierto que los excesos del pasado deben ser
purgados: tras la borrachera hay que sufrir la resaca.
El crédito no sólo creció en
exceso, sino que, además, se concentró mucho en el sector inmobiliario,
infravalorando los riesgos asociados. Los activos crediticios dudosos han
crecido, desde diciembre de 2008 a octubre de 2013, unos 130.000 millones, más
del 300 por ciento, alcanzando una mora del 13 por ciento, lo que no tiene
precedentes.
Lo expuesto produjo un desastre
en el sistema bancario español, en el que entidades significativas han tenido
que ser intervenidas y recapitalizadas con dinero público, resultando necesaria
su reestructuración: en la práctica, las cajas de ahorros han desaparecido y,
de momento, se han cerrado más de 11.000 oficinas, aproximadamente un 25 por
ciento, y se han destruido más de 50.000 puestos de trabajo. Eso requiere un
gran esfuerzo de gestión, que no se orienta a otras cuestiones.
Por otra parte, aunque la
política de barra libre puesta en práctica por el BCE -a tipos de interés muy
reducidos, actualmente el 0,25 por ciento- alivia los problemas de liquidez, el
sobreendeudamiento de la banca subsiste, aunque ha disminuido. En un contexto
de incertidumbre sobre la duración de la actual política monetaria y sobre el
calendario y concreción de los cambios regulatorios pendientes, estando
sobreinvertidos, no anima demasiado a abrir la mano del crédito.
No puede olvidarse que, en unos
meses, los bancos europeos (sólo los que tienen un balance de al menos 30.000
millones, como quería la señora Merkel) serán "evaluados" por el BCE
y es razonable que, con unos niveles de morosidad como los citados, las
entidades españolas, que han visto cuestionada su solvencia y sobre las que
todavía pesa la desconfianza, quieran "salir guapas en la foto". Es
más seguro, y suficientemente rentable, invertir los fondos obtenidos al 0,25
por ciento en comprar deuda pública que asumir riesgos en pequeñas y medianas
empresas.
No es tan fácil, pues, y por todo
ello soy de los que piensan que reactivar la oferta de crédito llevará su tiempo.
En 2014 habrá muy poco y caro, muy caro.
El BCE y el FMI están muy
preocupados con la fragmentación financiera en la zona euro, entre otras
razones porque resta efectividad a la necesaria transmisión de una política
monetaria única a todos los mercados locales. Las pequeñas y medianas empresas
españolas, si consiguen crédito, han de pagarlo a tipos de interés que superan
en 3 puntos porcentuales a los de una empresa similar de un país no periférico;
aunque el precio al que el BCE financia a los bancos de esos países es
exactamente el mismo que el que aplica a los españoles.
La fragmentación financiera es,
en parte, el resultado de un diseño institucional defectuoso, cuya solución
pasa, entre otras cosas, por avanzar rápida y sostenidamente hacia la unión
bancaria europea. Pero eso es hoy, en la UE, pedir un imposible.
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