Por Enrique Benítez
El Plural.com, 21/01/2014
El pasado viernes 17 de enero se
celebró en Sevilla una interesante Jornada sobre los “Instrumentos
públicos para la financiación empresarial”, derivada de la
aprobación en diciembre de 2013 en el Parlamento de Andalucía del Dictamen
elaborado por el grupo de trabajo creado a finales del año 2012 para estudiar
la creación de un Instituto Público de Crédito de ámbito andaluz
–que simplificadamente se ha dado en llamar “banca pública”- destinado a
corregir en la medida de sus posibilidades la restricción crediticia que asola
nuestro país y que afecta muy significativamente a sus pymes, incluyendo a las
andaluzas.
El dictamen, que ha contado con
el apoyo del PSOE y de IU, no ha sido bien visto por el PP de Andalucía,
empeñado en ejercer de sucursal, sin voz ni voto, respecto a las decisiones
políticas tomadas en Madrid, bien en la calle Génova, bien en La
Moncloa. Desde el rigor, puede parecer gratuito mantener un grupo de trabajo en
sede parlamentaria para analizar la posibilidad de constituir una entidad
pública de estas características. Pero si analizamos la realidad, los datos y
los precedentes, rápidamente caeremos en la cuenta de que se trata de una
reflexión oportuna, posible y, lo que es más importante, deseable, en un
contexto económico de crisis financiera y de malas prácticas constantes por parte
de la banca privada, con efectos colaterales muy dañinos y perjudiciales tanto
para el sistema productivo como para la sociedad en su conjunto.
De entrada, hay que acabar con
los mitos y los prejuicios. La llamada “banca pública” es un sector boyante,
que aglutina a decenas de instituciones serias, profesionales en la gestión de
los recursos de que disponen, y rigurosas en su actuación de impulso y fomento
de la actividad productiva. Por ejemplo, se puede echar un vistazo a la página web de
la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB son sus siglas en
inglés), a la que pertenecen instituciones indiscutibles y que tanto están
aportando al desarrollo económico regional como el BEI (Banco Europeo de
Inversiones). O, yendo aún más lejos, también los detractores de la banca
pública pueden darse un paseo por los liberales Estados Unidos de América y
comprobar la vitalidad del Public
Banking Institute, una organización que representa a las entidades
financieras públicas, que operan en más de veinte estados y que están en alza
en el país norteamericano.
Así que quienes quieran opinar
con rigor y con independencia, quizás deban primero despojarse de prejuicios y
conocer y reconocer la existencia de excelentes ejemplos de banca pública, en
todo el mundo occidental, con interesantes e importantes efectos sobre la
inversión y la actividad económica.
Un segundo paso a la hora de decidir
si merece la pena o no profundizar en la creación de una entidad pública
andaluza debe partir del conocimiento real de la situación financiera en
España. Después de inyectar al
sistema financiero unos 280.000 millones de euros desde el inicio de la crisis,
lo cierto es que se ha producido una concentración bancaria sin precedentes, ha
disminuido la competencia y, según el último informe del Fondo Monetario
Internacional relativo a España, la previsión
es que se mantenga la restricción del crédito al menos hasta 2015.
Una previsión optimista si valoramos el fuerte y continuado aumento de la
morosidad, producto de las erróneas políticas de austeridad y de la reforma
laboral llevada a cabo por el Gobierno de España, y que avala la posibilidad de
poner en marcha instrumentos públicos de apoyo a las pymes, en cualquiera de
sus versiones.
Pero sin lugar a dudas la
asignatura pendiente de los enemigos de lo público es el examen exhaustivo de
las prácticas que han llevado a cabo en los últimos años los gestores privados
de las infalibles instituciones bancarias multinacionales que con tanto ahínco
y dedicación defienden desde su pueril neoliberalismo. La lista de malas
prácticas, de cuasi delincuencia y de abusos de poder y de autoridad es larga e
insultante. Desde el colapso de
Lehman Brothers, que ha dado pie a un documental sobre la codicia
infinita de los magos de las finanzas, hasta el sobresaliente escándalo de la manipulación
del LIBOR, pasando por las multas al conglomerado financiero
HSBC por blanqueo de capitales, las sanciones económicas multimillonarias a JP
Morgan por amparar al estafador Madoff, y otras muchas corruptelas
de menor cuantía, relacionadas con los paraísos fiscales, el mantenimiento del
secreto bancario y todo tipo de menudencias que hacen ricos a un puñado de
hombres en todo el mundo, representantes en la tierra de la mano invisible del mercado.
De hecho, este conjunto de
tropelías y la impresión de que los gigantes financieros están fuera de control
han llevado al mismísimo The New York
Times a preguntarse en un interesante foro abierto de debate si
no puede ser necesario un mayor control público de los grandes conglomerados
financieros, uno de cuyos expertos invitados -Gar Alperovitz- incluso aboga por
la nacionalización.
Por lo tanto, hay que proponer
dos planteamientos con el objetivo de su convergencia. Como se puso de
manifiesto en la Jornada auspiciada por la Junta de Andalucía, cualquier
institución pública creada para el apoyo financiero al tejido empresarial debe
gestionarse con criterios de profesionalidad y de acuerdo con los estándares de
gestión financiera y regulación y supervisión bancarias vigentes en el espacio
económico europeo. A estas alturas, parece que nadie discute que lo público no
puede asociarse nunca más a palabras como “arbitrariedad”, sin que eso suponga
una aversión al riesgo tan irracional que haga inoperativa su propia
existencia.
Y el otro planteamiento debe
consistir en dejar de considerar todo lo privado como superior a lo público,
como algo puro, no contaminado, científicamente eficiente. La Historia reciente
ha demostrado y sigue demostrando que la codicia privada sigue tan vigorosa
como siempre, y que habitualmente es la potencia colectiva de lo público la que
suele hacerse cargo de los agujeros negros creados por la codicia ilimitada de
ciertas élites privadas. En ese punto de encuentro hay espacio de sobra para un
acuerdo que, cuando se produzca, será realmente beneficioso para la economía
andaluza, para sus pymes y para su fuerza laboral. Porque de eso se trata, de
crecer y de crear empleo, con todos los recursos a nuestro alcance. Con rigor y
sin prejuicios, cumpliendo los compromisos de gobierno.
* Enrique Benítez es diputado
socialista por Málaga en el Parlamento andaluz
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